Casi 600 agentes de la
Policía Nacional participan en una operación contra la corrupción municipal vinculada a amaños de sistemas de tráfico: control de radares, semáforos, bases de datos locales, etc. La operación afecta a consistorios del PP, PSOE y Cs en Madrid, Asturias, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado más de medio centenar de detenciones entre los que hay
alcaldes, concejales, varios jefes de policías locales, técnicos municipales y particulares vinculados a las empresa adjudicataria de los contratos municipales. Durante la mañana están previstos casi un centenar de registros en ayuntamientos, otros organismos, empresas privadas y domicilios, según fuentes policiales.
Las entradas y registros afectan a los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Torrelodones y Villanueva de la Cañada de Madrid; Illescas, de Toledo; Lérida y Mollet del Vallès y Tiana, de Cataluña; Huesca y Teruel, de Aragón; León, Plasencia, Palencia, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, de Castilla y León y Oviedo, de Asturias.
Asimismo se han hecho requerimientos de información en la Diputación de Alicante y en los municipios de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria,
Entre los detenidos, según las fuentes consultadas por ABC, se encontraría el
empresario leonés José Luis Ulibarri, que ya estuvo implicado en la Gürtel. Está considerado como uno de los cabecillas de esta operación y su red de influencia se extiende, sobre todo, a Leon. Es propietario además de varios medios de comunicación en la comunidad castellano-leonesa y una de las personas más influyentes de la misma.
Otro de los arrestados es el
dirigente provincial de Ciudadanos, Sadat Maraña, que ejerce como asesor de ese partido en la Diputación, desde la que podía mantener estrecho contactos con los ayuntamientos de la provincia para beneficiar a las empresas implicadas.
Los investigadores de la Udef siguen la pista de la
supuesta concesión irregular de contratos públicos por toda España a la empresa Gespol S. L., integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control telemático del tráfico y la colocación de radares.
A cambio de esas concesiones municipales los responsables de las mismas
ingresaban importantes cantidades de dinero, perjudicando al resto de empresas que optaban a las adjudicaciones públicas. La trama llevaba años actuando por lo que los beneficios obtenidos por los corruptos son importantes.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las actuaciones de la
Operación Enredadera las dirige un juzgado de Badalona (Barcelona) y están coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado.
