El bloque separatista no se detiene. Surgen fricciones, dudas y discusiones, pero el primer paso está dado. Por primera vez en la historia de la democracia en Cataluña, el parlamento regional ha convocado una Junta de Portavoces antes de la constitución formal de todos los grupos parlamentarios. La patada a los reglamentos de la propia cámara autonómica, de la que Juntos por el Sí y la CUP pretenden extraer la nueva legalidad, no es un aviso sino un hecho consumado, el primer paso del plan de ruptura.
Mas quiere conseguir a costa de lo que sea el voto de la CUP y por medio de su correa de transmisión parlamentaria, Carme Forcadell, ha forzado una junta de portavoces antes del plazo legal para que el PP pueda nombrar portavoz, que finaliza a las diez y media del viernes 6 del corriente. Se trata de que el parlamento apruebe el próximo lunes, antes del comienzo del debate de investidura, la "propuesta de resolución" que insta a desobedecer las leyes y los fallos de los tribunales, así como al "empoderamiento ciudadano" de las instituciones democráticas. Según la jerga nacionalista, hay que "iniciar el proceso de desconexión" con una declaración "solemne", los cuatro párrafos acordados por el número dos de CDC, Josep Rull, y los negociadores de la CUP, Anna Gabriel y Benet Salellas y que instan al futuro gobierno a proclamar un "estado catalán independiente en forma de república".
La rebelión ha empezado con un primer éxito. El Tribunal Constitucional no dispone de tiempo material, entre otras cosas, para impedir la sesión extraordinaria del Parlament del lunes 9, primer aniversario del referéndum separatista. Puede, como mucho, declarar nula la resolución una vez votada (igual que cuando el hemiciclo votó sobre la soberanía del pueblo catalán), de tal modo que la CUP, el último grupo, con diez diputados, ha impuesto su criterio y Mas ha demostrado que mientras no le frenen seguirá adelante con el golpe de Estado.
La "broma" de Rovira y las dos barajas
Aun así, ordena a su gobierno que recurra al Constitucional la ley de reforma del propio Constitucional, que podría adoptar acciones ejecutivas con la nueva norma. Se compromete con la CUP a salirse del "marco español" pero mantiene el hilo para recurrir las leyes o pedir dinero al Fondo de Liquidez Autonómica. Se quiere independizar, pero depende de las arcas del Estado que pretende romper. Desobedece incluso a su propio mandato, el que ha firmado con la CUP para la ruptura definitiva. El president juega con dos barajas.
La confusión es tan extraordinaria que la número dos de ERC, Marta Rovira, se planteaba en público recurrir al Constitucional por el recurso ante el mismo tribunal de la oposición contra la celebración de la Junta de Portavoces. Esto es que redactan un panfleto en forma de "propuesta de resolución" en el que se juramentan para desobeceder al TC al tiempo que piden amparo al TC para que les permita celebrar una sesión extraordinaria del Parlament soberano para aprobar que desobecerán al propio tribunal. Tras constatar el ridículo, Rovira alegó que era una "broma".
A pesar de todo, a Carme Forcadell no le ha temblado el pulso a la hora de entrar en la zona de alarma roja. Este martes ha celebrado junta de portavoces con la ausencia del PP y la protesta de Ciudadanos, PSC y los podemitas catalanes. PP, PSC y Ciudadanos presentarán este miércoles tres recursos ante el Constitucional. Escenificarán una entrega conjunta, aunque con textos diferentes.
Bronca en el consejo del gobierno regional
El lunes es el día previsto para celebrar la sesión tras la que comenzará el debate de investidura. Mas no tiene garantizado en absoluto el voto de la CUP, pero prepara un discurso "histórico" que muestre a las claras su intención de proclamar la república catalana de manera unilateral e inmediata. Además la votación no será el lunes, de forma que el 9-N de 2015 pasará a los "anales" como el día en que el parlamento catalán proclamó otra república, pero esta vez independiente de los "pueblos ibéricos".
En medio de este panorama, Mas ha abroncado a sus consejeros en la reunión del gobierno regional de cada martes. El repaso ha trascendido, a pesar del secreto de las deliberaciones del ejecutivo catalán. Y ha consistido en un serio aviso a Germà Gordó, el titular de Justicia, a quien el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y el dos de Convergencia, Josep Rull, consideran el "chivato" que filtró a la prensa que la mitad de los componentes del gobierno -Mas Colell (Economía), Irene Rigau (Educación), Santi Vila (Territorio), Jordi Jané (Interior), Felip Puig (Industria y Empleo) y el propio Gordó- había protestado por la declaración pactada con la CUP. Mas les amenazó con convocar nuevas elecciones. Cuando trascendió a la prensa, Homs y Rull emprendieron una caza de brujas en la que Gordó aparece como el principal sospechoso de la filtración.
Las relaciones peligrosas del presunto "chivato"
Gordó aspiraba a suceder a Mas pero sus conexiones con Josep Antoni Rosell, el director general de Infraestructures.cat, la repartidora de obra y contratos públicos imputado por el caso del 3%, le han puesto en el punto de mira de Mas y sus fieles. Gordó, gerente de CDC entre 2004 y 2010, es el cortafuegos de Mas frente a la corrupción, con lo que ha pasado de posible cabeza de cartel a candidato número uno para asumir las responsabilidades políticas, y también jurídicas, que se puedan derivar de la financiación ilegal del partido.
Protesta de Sociedad Civil Catalana
Ante el sesgo de los últimos acontecimientos, Sociedad Civil Catalana (SCC), una entidad que agrupa a contrarios a la independencia de izquierda a derecha, ha convocado para este jueves, 5 de noviembre, a las siete de la tarde una concentración frente a la Generalidad "en defensa de la Democracia y el Estado de Derecho".
Pero antes, este miércoles, Forcadell abrirá la ronda de consultas para proponer un candidato a president. Los primeros en desfilar ante la presidenta de la cámara serán Lluís Franco Rabell, número uno de los podemitas, y Antonio Baños, el cartel de la CUP. Mientras C's, PP y PSC presentan recursos ante el Constitucional, Forcadell sigue adelante, amparada, a su juicio, por dos precedentes de Junta de Portavoces sin que estuvieran constituidos todos los grupos.
Acusación a los servicios jurídicos del 'Parlament'
Forcadell dispone de un informe de los servicios jurídicos del parlamento en los que se citan dos precedentes de Juntas de Portavoces sin que estuvieran constituidos los grupos. Según dicho texto, eso habría ocurrido el 20 de noviembre de 2006 y el 17 de diciembre de 2010.
Sin embargo, el PP replica que las fechas aportadas por los juristas del hemiciclo no son ciertas. La primera junta a la que aluden no se celebró el 20 sino el 28 de noviembre, cuando todos los grupos ya se habían constituido. Igual sucede con la segunda fecha. Las actas parlamentarias indican que la junta se llevó a cabo el 22 de diciembre y no el 17.
El PP ha advertido a los funcionarios de la Generalidad que denunciará a quien facilite la comisión de ilegalidades, por lo que el secretario general de los servicios jurídicos de la cámara, Pere Sol i Ordis, queda seriamente en entredicho. También ha pedido que la votación sobre la república catalana sea nominal y no secreta.
