El presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, declararán esta semana como imputados dentro del proceso abierto por la consulta del 9 de noviembre, celebrada pese a haber sido suspendida –de manera cautelar- por el Tribunal Constitucional.
A lo largo de estos cuatro meses de instrucción, se han reunido pruebas testificales y documentales, que este martes recogen La Razón y El Español, que pueden comprometer a la Generalidad en la medida en que apuntan al activo papel que algunos de sus departamentos y cargos tuvieron en la preparación y financiación de la consulta prohibida.
Dos inspectores de Educación, Jesús Rul y Rafael Alsina, han aportado numerosos detalles sobre la designación de los institutos de enseñanza como sedes de la votación y han relatado al juez Joan Manuel Abril la inquietud de los directores de los centros.
El primero contó que, a lo largo de 32 años de trabajo con la Generalidad, "nunca había visto una actuación administrativa como ésta, por irregular", añadiendo que "todo era verbal" y que se procuró "no dejar noticias escritas", lo que provocó "mucha confusión e inseguridad jurídica" en los directores, quienes sabían que el TC había suspendido la consulta.
Por su parte, Alsina contó que "se estaba obligando a los directores de los centros a asumir una responsabilidad que no les correspondía". Según él, la negativa de la Generalidad a dar la orden por escrito es "una anomalía" porque "no había ninguna justificación".
Contradice a estos inspectores la directora de los servicios territoriales de la comarca de Barcelona, Montserrat Llobet, quien sostuvo que las reuniones celebradas con los directores sólo tuvieron por objeto "comunicarles, por deferencia, lo que había dicho en televisión el presidente" Mas cuando anunció la consulta. "Pues para eso les hubieran podido poner un vídeo", replicó el fiscal.
Por su parte, el jefe de los inspectores de Enseñanza, Francesc Güell, desautorizó a Alsina y Rul y aseguró que sus discrepancias estaban "fuera de lugar", porque pronunciarse sobre la cesión de los institutos "no forma parte de las competencias de Inspección".
El testimonio de Güell motivó un escrito conjunto de los inspectores Alsina y Rul que la Fiscalía envió el 21 de septiembre al juez. Señalan que aunque la jornada del 9N estaba suspendida por el TC, "la maquinaria electoral continuó su desarrollo con el designio de utilizar institutos de educación secundaria como sede de las votaciones". "A tal efecto –añaden-, se convocó a directores de institutos en las direcciones territoriales" y se les dio "tres opciones: implicarse –en la consulta- haciéndose cargo directamente de las actuaciones previstas y facilitando el acceso al centro de personas ajenas; en caso de negarse, que pidieran voluntarios entre el personal del centro para hacerse cargo de las actuaciones, y en el caso de no haber voluntarios, entregar las llaves de los institutos en las dependencias de los servicios territoriales".
Directoras "presionadas"
La exdirectora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, Mercedes Agenjo, se negó a entregar las llaves del centro y denunció que se sintió "presionada" por la Consejería. En una serie de correos electrónicos que aportó al juez –aunque aún no ha declarado- entre responsables de institutos, alertaba a un compañero de que había recibido "órdenes verbales para que dé las llaves a un voluntario" del 9N.
Por su parte, la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, Josepa Bosch, aseguró al juez que en la reunión del 16 de octubre Llobet les explicó que "podíamos abrir nosotros mismos el centro y gestionarlo o dejarlo en manos de los voluntarios si no nos hacíamos cargo de las sedes". "Pedí instrucciones por escrito que no llegaron nunca", añadió.
