Una edil de Podemos, procesada por una estafa a 5.000 inmigrantes
La concejala de Hacienda de Puerto Real, Mónica González, se enfrenta a una causa judicial abierta en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de apropiación indebida y estafa cuando era administradora única de la empresa Eurowork. Según cuenta la propia González, el jefe de la empresa, Luis Batlle, le pidió que se hiciese administradora de la empresa en su ausencia, pues él tenía que atender otros asuntos comerciales relacionados con el devenir de los negocios. Entonces, explica González, se hizo administradora única de Eurowork cuando tenía 26 años, recién terminados sus estudios de derecho y el máster de extranjería con el que "pretendía ayudar a los inmigrantes". El proyecto de Eurowork le motivó, recuerda, y entró en una empresa que en principio tenía el fin de facilitarle a los inmigrantes un contrato de trabajo a cambio de una suma económica requerida por la compañía. La Fiscalía reclama cuatro años de prisión para Mónica González y el juicio, que ha estado paralizado durante años por la imposibilidad de encontrar a Batlle, está a la espera de fecha de señalamiento en los próximos cinco meses. La edil de Hacienda de Puerto Real atendió a los medios de comunicación para aclarar su papel en Eurowork. "Soy una víctima en todo este proceso. Pero me alegro que por fin hayan detenido a este hombre. Son diez años de sufrimiento", declara González. En el caso Eurowork, más de 5.000 inmigrantes procedentes de Latinoamérica resultaron afectados por una estafa que hacía que cada interesado en obtener un empleo en España pagara más de 450 euros por los servicios de la empresa. La promesa de visado y trabajo de la empresa de Batlle se apropió de algo más de 2,5 millones de euros de sus clientes. Mónica González asevera que su labor era tratar con todos los inmigrantes que se interesaban y ayudarlos. Cuando estalló el engaño, la edil de Podemos recuerda que le dejaron "sola en el barco" y tuvo que tratar con los perjudicados directamente. El hallazgo del paradero de Luis Batlle hace un año supone para la concejal de Podemos una alegría para los inmigrantes, para ella y su familia. "Hemos tenido que abordar todas las deudas que este hombre dejó como empresa, he tenido que pagar coches de la empresa sin tener carnet de conducir, multas de tráfico de este hombre", confiesa con desdén González. La edil de Puerto Real se congratula de que por fin se pueda celebrar el juicio para demostrar su inocencia. Y añade que, en su día, "se pudo celebrar el juicio sin él con la causa abierta, y el fiscal entendió que no había dolo, ni mala fe". Mónica González recalca que no hay apropiación del dinero de los "pobres inmigrantes" y que su culpabilidad está en haberse ilusionado en un proyecto finalmente fraudulento. La empresa tenía filiales en América Latina, este fue otro de los ganchos que le hizo creer a Mónica González que todo se movía dentro de la legalidad. "Era mi primer trabajo remunerado y para lo que había estudiado", relata entre lágrimas, al tiempo que puntualiza que es una activista social y "no tengo nada que ocultar". González está imputada por estos hechos de fraude que tuvieron lugar en 2006. La edil admite su firma como administradora única. "Le dije que temporalmente sí, hasta que vinieran los socios americanos, que vinieron y dejé de ser administradora. Pero hoy me encuentro la imputación por haber firmado y confiado en el proyecto de una persona, que luego resultó que venía de estafar", reveló la edil.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/02/560eaa1fca4741fe528b458f.html