España
dos terceras partes del congreso necesita...ufffff que nervioso ja ja ja
El Congreso despide la legislatura votando sobre la independencia de Cataluña
La moción tiene nulas posibilidades de prosperar ya que además de los votos de los diputados de ERC y de CDC, sólo contará con el apoyo de partidos nacionalistas integrados en el grupo mixto como Amaiur
POLÍTICACongreso de los Populares europeos
El PPE condena cualquier forma de 'secesionismo'
El congreso de los populares europeos aprobará hoy la ilegalidad de los procesos de proclamación de soberanía como el catalán y que supondrá la pérdida del estatus de ciudadanos europeosLópez Istúriz asegura que la UE ha seguido 'con preocupación' la cuestiones judiciales que afectan al presidente Mas, en referencia a su declaración como imputado por la consulta alternativa
La Generalitat advierte que la UE no quedará "impasible" si se suspende la autonomía catalana
El representante de la Generalitat ante la Unión, Amadeu Altafaj, asegura que en Europa hay "preocupación creciente" por la actitud de Rajoy con Catalunya
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El Español da a conocer este lunes la existencia de un testigo sorpresa contra la Generalidad de Cataluña que puede aportar información que probaría que el proceso separatista del 9-N no quedó exclusivamente "en manos de 40.000 voluntarios", como dijo ante el juez el pasado 13 de octubre la consejera en funciones de Enseñaza Irene Rigau, también imputada.
Este testigo, con las iniciales C.G., cobra cierta importancia ya que, hasta ahora, se creía que la profesora Dolores Agenjo, la directora de instituto que cumplió la ley el 9N y no abrió las puertas de su instituto, era la única que negaba la versión de que la consulta separatista quedó en manos de voluntarios después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias acaba de solicitar al magistrado instructor Joan Manel Abril que llame a declarar a este trabajador de una empresa subcontratada para el reparto e instalación de los 7.000 ordenadores que se utilizaron el 9-N.
"Yo trabajé ese día repartiendo los ordenadores", ha indicado el nuevo testigo, que ha asegurado que la Generalidad subcontrató a su empresa "para repartir los ordenadores. Y no fueron voluntarios, como dicen ellos". Él, no lo fue y cobró por su trabajo, explica El Español.
Ya en el terreno personal, explica que le dio rabia que él y otros padres pasaran dificultades para poder comprar ordenadores para que sus hijos los utilizaran en el instituto "y resulta que había 7.000 portátiles a estrenar" para la 9-N.
El letrado de la acusación popular Pedro Muñoz Lorite ha solicitado que se cite al testigo y se recabe la documentación relativa a la empresa para la que trabajaba que pudiera estar relacionada con el encargo de reparto de los ordenadores. El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado, a propuesta de la Fiscalía, reclamar a distintos organismos públicos y empresas privadas nueva documentación relacionada con el 9-N.
Alguna está encaminada a comprobar la veracidad de lo declarado por Mas el 15 de octubre, cuando afirmó que no tuvo un conocimiento detallado de las consecuencias jurídicas de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre suspendiendo el 'proceso de participación ciudadana'.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido este lunes específicamente al "desafío secesionista" en el balance que ha hecho en la Moncloa sobre la legislatura después de que firmar el real decreto de convocatoria de las elecciones generales el 20 de diciembre. El jefe del Ejecutivo ha defendido en su exposición inicial su gestión en defensa "de la ley y los derechos, con prudencia y proporcionalidad" y, ante las preguntas de la prensa, ha reconocido que tiene preparados los mecanismos para frenar una declaración unilateral de independencia (DUI).
Un periodista le ha preguntado que si, ante la disolución de las Cortes, tiene preparadas las acciones necesarias para frenar cualquier acción encaminada hacia la independencia, a lo que el presidente ha contestado rotundamente que "sí" porque es su "obligación" como presidente del Gobierno.
No obstante, Rajoy ha señalado que "espera" no tener que tomar "ninguna decisión" en esta dirección porque confía en que "el sentido común y la razón acaben imponiéndose".
REIVINDICA SU DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
El presidente ha recordado además que él siempre se ha mostrado dispuesto a "dialogar" con Artur Mas y que siempre que el 'president' le ha llamado, "se ha puesto a su disposición". Pero ha recordado que él "no puede hablar" de lo que no puede "disponer", dado que "la soberanía, los derechos de los españoles y la igualdad no son competencia del presidente ni del Parlamento, sino competencia del conjunto del pueblo español".
Por eso, ha subrayado, cree haber cumplido con "su obligación" de hacer cumplir la ley, proteger los derechos con "prudencia y proporcionalidad".
Rajoy ha ratificado a continuación su compromiso con el "diálogo y respeto a la ley", principios que ha sostenido regirán su actuación sea cual sea el próximo 'president'.
NO PROMOVERÁ UNA REFORMA CONSTITUCIONAL
El candidato popular ha ratificado además que el PP no incluirá en su programa una reforma de la Constitución y ha señalado que las propuestas que hasta ahora "ha escuchado" sobre el encaje catalán "no resuelven el problema". "Yo estaré atento a los propuestas que planteen los demás pero para mí no es una prioridad", ha zanjado.
Y por último, en un mensaje directo a Mas, ha señalado que no acepta "que se pretenda liquidar la ley" y ha recordado que "los primeros" que tienen que cumplir las reglas del juego son los "políticos".
Las coartadas, justificaciones y juramentos de Artur Mas y acólitos sobre el caso del 3% se revelan falaces más/menos a las 24 horas.
El registro de la sede de CDC fue una “puesta en escena desproporcionada”. Al contrario: fue provechoso: los papeles/hilillos de la trituradora de papel contenían evidencias de las astillas.
“Yo y mi partido somos objeto de caza mayor”. Erróneo: de momento ha caído solo caza menor, los dos tesoreros convergentes, el segundón de las adjudicaciones de obras de la Generalitat. Ni siquiera se ha llegado —todavía— al Arquitecto.
Hubo “sobreactuación y exageración” de la fiscalía y la Guardia Civil en la detención de los tesoreros Andreu Viloca y (el ex) Daniel Osàcar (que fue secretario particular, ay, de Mas). Mixtificación: la prisión sin fianza dictada por el juez (no son los fiscales ni los guardias quienes deciden eso) contra el primero, el triturador; y la libertad con cargos para el segundo, tras tratársele con la delicadeza debida a los ancianos, indican exactamente lo contrario.
“El sistema de adjudicaciones [en los concursos de obra pública] es transparente, da garantías y no deja margen a la discrecionalidad”. A la inversa, como señalan las gestiones de Viloca anotadas en su agenda, los pagos paralelos de comisiones injustificadas y la repetición de paganos.
Todo lo actuado son “montajes” del Estado contra el secesionismo (Mas), que constituyen una auténtica “guerra sucia” (Jordi Turull). Alucinaciones, al menos parciales. Quien denunció el caso del 3% fue la concejala de Esquerra en Torredembarra, Montserrat Gasull: ¿Esquerra es “el Estado”? ¿Y esta Montse es la autora de la “guerra sucia”? Y el juez instructor es el del Vendrell y se llama Josep Bosch i Mitjavila, no Pepe Bosque Mediavilla. Otra cosa es que otros se froten las manos y aventen las brasas. Pero brasas hay. Y autóctonas.
Las brasas están delimitadas por el cruce de la frondosa trituradora; la inequívoca agenda del tesorero encarcelado; la caja fuerte del empresario dadivoso con sus porcentajes bien calculados; y los correos electrónicos borrados a toda prisa, recuperables en el disco duro. Así que esta camada no es nativa digital, y su jefe se autotritura la credibilidad cada vez que habla. Como confiesa la Señora de Liechtenstein: “¡Si solo ha salido una mínima parte!”.
Mientras la Policía registraba los domicilios de los Pujol, incluido el "santuario" paterno, la plataforma de Mas y Junqueras y la CUP registraba en el parlamento regional una declaración "solemne" de independencia con las firmas de Jordi Turull (CDC), Marta Rovira (ERC), Antonio Baños y Anna Gabriel, ambos de la CUP, así como la petición de que se convoque de urgencia a la Junta de Portavoces y un pleno extraordinario para aprobar la resolución.
Ese es el primer acuerdo concreto al que han llegado Juntos por el Sí y la CUP y se pretende llevar a cabo antes del debate de investidura. El texto insta al Gobierno regional a desobedecer las leyes españolas, iniciar el "proceso de desconexión", llama a la insurrección popular e institucional y a que se disponga en un plazo de treinta días de hacienda y seguridad social propias.
En el primer punto se establece que la mayoría en escaños es suficiente para proclamar la independencia. Dice así: "Constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un estado independiente con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado".
El segundo punto es la declaración unilateral: "Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república.
"Empoderamiento" popular y desobediencia
Los puntos tercero y cuarto aluden a la participación de los ciudadanos y a que el Gobierno autonómico vele por hacer efectiva la declaración. El quinto habla de la constitución en un mes de la hacienda y la seguridad social y en el sexto entran en materia de desobediencia al afirmar: "Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las institución del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a consecuencia de la sentencia de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras". Se supone que se refiere a otros fallos
El séptimo punto es una llamada a la insurrección popular. Este es el texto: "Adoptará (el ejecutivo) las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora".
El octavo apartado llama a la desobediencia institucional: "Insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan quedar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español". Para acabar, "declara la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república y lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".
A las doce y media de este martes está prevista la puesta en escena de esta declaración.
señores preparense comienza el baile ....
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2015/10/27/declaracion_cataluna.pdf
El artículo 155 de la Constitución española, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, constituye, según los expertos constitucionalistas, el «medio de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153, de la actividad de las CCAA».
Está previsto para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España».
Artículo 155 de la Constitución
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas."
Este artículo está inspirado, como señala el profesor Mariano Bacigalupo, en la figura de la «coerción federal» prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. No contempla, como sí sucede en otros Estados federados, la suspensión o disolución de los órganos de la comunidad incumplidora. En este caso, de lo que se trata es de adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones.
La diferencia entre el artículo 155 español y el 37 alemán reside en que en el primero, la situación de conflicto debe atentar gravemente al interés general de toda la nación. No basta con el mero incumplimiento de las leyes. Este supuesto evidentemente se daría en el caso de un intento de secesión puesto que la misma afectaría a la integridad territorial del Estado, y a los principios de unidad y soberanía nacional que constituyen el núcleo de la Carta Magna.
En el 155 se prevé además un primer paso que implica el requerimiento a las autoridades de la comunidad incumplidora para que atiendan sus obligaciones legales. En caso de que dicho apercibimiento fuera desoído, las medidas a adoptar por el Estado deberían ser aprobadas por la mayoría absoluta del Senado. No sería, sin embargo necesario que medie una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal Constitucional, aunque muy probablemente el Gobierno de Mariano Rajoy la requeriría.
Hasta la fecha, ni en España ni en Alemania se ha activado un precepto tan excepcional. En el caso español, el procedimiento de aplicación del artículo 155 en su fase parlamentaria está recogido en el artículo 189 del reglamento del Senado.
En virtud del mismo, el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara un escrito en el que manifieste el contenido y alcance de las medidas a aplicar, así como la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma afectada, y el incumplimiento de ésta.
La Mesa del Senado remitirá esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que requerirá al presidente de la comunidad implicada a remitir en plazo las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para que ejerza su representación.
La Comisión emitirá un dictamen razonado sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, incluyendo los condicionantes y precisiones que crea oportunos. El Pleno de la Cámara debatirá y votará la propuesta, siendo necesario para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los senadores.
El desafío secesionista anunciado este lunes por la lista conjunta liderada por Artur Mas puede combatirse con los habituales recursos ante el Tribunal Constitucional, empleados hasta ahora por el Gobierno. Sin embargo, si el proceso siguiera adelante, diversos juristas consultados por EL PAÍS consideran que podría aplicarse, por primera vez en democracia, un artículo de la Constitución que permite al Ejecutivo tomar temporalmente el control de la autonomía.
El amparo legal al que podría acudir el Gobierno es el artículo 155 de la Constitución, según aseguran los juristas, si bien su aplicación podría tener unas consecuencias políticas imprevisibles. Los cuatro expertos consultados advierten que se trata de un recurso al que se debería recurrir en situación límite. El redactado de ese artículo permite al Gobierno aprobar “las medidas necesarias” para obligar a una autonomía al “cumplimiento forzoso” de las obligaciones “que la Constitución u otras leyes le impongan”, en caso de que el Ejecutivo autónomo “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan” o “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.
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Antes de dar ese paso, el Gobierno tendría que requerir al presidente de la comunidad autónoma para que cambiase su actitud. Si este no lo hiciera, el Ejecutivo podría acudir al Senado, donde se requeriría una mayoría absoluta —que actualmente tiene el PP— para aprobar las medidas previstas en el artículo 155 y obligar a la Generalitat a cumplir sus obligaciones.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, asegura que ese mecanismo debería suponer el “principio de intervención mínima”, para salvaguardar en lo posible el derecho constitucional a la autonomía. “Yo describo el enunciado [del artículo], no lo aplaudo”, añade Arbós, uno de los expertos que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha nombrado para redactar la propuesta de reforma federal de los socialistas.
El redactado del artículo 155
1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
El también constitucionalista Francesc de Carreras subraya, en un artículo publicado el pasado lunes en EL PAÍS, que el artículo 155 “solo puede darse en supuestos extraordinarios, cuando los recursos judiciales ordinarios no puedan ser eficaces”. “Y, por tanto”, añade, “las medidas adoptadas deben ser prudentes, aplicadas de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad e intervención mínima”.
En su opinión, “no se trata de una suspensión de la autonomía, ni de la disolución de alguno de sus órganos, sino de la modificación de la relación jerárquica de las autoridades autonómicas —legislativas, gubernativas y administrativas— por el hecho de incumplir reiteradamente sus obligaciones”.
Antes de llegar a este punto se da por seguro que el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional para impugnar los diversos pasos anunciados este lunes por la candidatura independentista promovida por Artur Mas: declaración del inicio del proceso hacia la independencia, mandato al Gobierno catalán para poner en marcha las “estructuras de Estado”, elaboración de una Constitución catalana, proclamación de la independencia y una ley de la transitoriedad para buscar un encaje legal a la nueva situación creada.
Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, coincide con Arbós y Carreras en que el Gobierno puede echar mano del artículo 155 si el presidente catalán desobedece, pero advierte que ese precepto no se ha desarrollado nunca con una ley orgánica y que por ello “podrían surgir problemas al aplicarlo”.
Por su parte, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, afirma también que ese artículo sería un mecanismo que podría utilizar el Gobierno en último extremo, pero opina que supondría el fin del Estado autonómico. “Se sabe cómo se entra pero no cómo se sale de esa situación, porque nunca se ha aplicado”, señala el jurista, quien sostiene que recurrir a ese precepto comportaría “una crisis de Estado de consecuencias incalculables”. En su opinión, el precepto está redactado “para no aplicarlo”, por lo que habría que desarrollarlo primero antes de ponerlo en marcha.
¿Qué pasaría con Artur Mas?
Para el titular de la Complutense, el presidente catalán podría terminar en la cárcel: "A cualquier funcionario se le puede imputar y mandar a la cárcel. Y Mas es un funcionario".
Sánchez concede que no se puede saber "qué pasaría exactamente" después de aplicar el 155. Freixas señála que "las autoridades de la autonomía tendrían que ponerse a disposición del Senado". "Si el presidente de la Generalitat se resiste o desobedece el requerimiento o las posteriores medidas, evidentemente está ante un ilícito penal", confirma la profesora catalana.
La plataforma que promueve el independentismo en Cataluña, Assemblea Nacional Catalana, cree que el artículo 155 no se aplicará en ningún caso. "Entendemos que no se va a aplicar. Forma parte de esa campaña del miedo y de amenazas que ha llevado desde el minuto uno el Estado español frente al pueblo catalán por querer votar", ha asegurado Gabriel Rufián, portavoz de la plataforma. Para Rufián es "ciencia ficción política" intentar saber qué pasaría con Mas o con Cataluña después de la utilización del precepto. "De cara a la comunidad internacional sería algo muy grave e inaudito. La comunidad internacional tendría que pedir calma al pueblo español", ha concluido.
Todas las medidas que ha aprobado el PP buscan evitar medidas tajantes como el artículo 155 de la Constitución.
El Gobierno ha desarrollado, sobre todo en la recta final de la legislatura, una arquitectura legal que le permitiría hacer frente al desafío soberanista que ha planteado Artur Mas -sin necesidad de suspender la autonomía de la comunidad autónoma de Cataluña, que podría llegar a ser contraproducente- . Aunque es el escenario que al Ejecutivo del Partido Popular no le gustaría aplicar, por las consecuencias políticas que tendrían y el impacto en la opinión pública, el Consejo de Ministros ha blindado, con su mayoría absoluta en el Congreso, al Estado frente a los desafíos legales que podrían existir en el caso de que el desafío independentista siga adelante.
Todas las medidas que ha aprobado el PP para defender la soberanía española buscan enfrentarse al actual escenario sin necesidad de recurrir a medidas tajantes como el artículo 155 de la Constitución, que reza así: "Si una comunidad autónoma no cumpliere con la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Los constitucionalistas creen que sólo se contempló para situaciones "extremas", es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes "atentando gravemente al interés general de España". Una declaración unilateral de independencia de una comunidad podría ser un motivo razonable para activar cualquier mecanismo legal, ya que atacaría directamente a los artículos 1 y 2 de la Norma Fundamental, en los que se afirma que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".
No obstante, el Gobierno considera que es mejor poner la venda antes que la herida. Éstas son las herramientas que ha diseñado el Gobierno, tuteladas directamente por Moncloa, que podría utilizarse contra el inicio de un proceso de independencia, que tendría claras consecuencias políticas y económicas tanto para Cataluña como para el conjunto de España:
Reforma del Tribunal Constitucional
El Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que habilitaría a este órgano supremo de la Justicia española a inhabilitar a Artur Mas, a algunos de sus consejeros y a altos cargos si incumplen decisiones del TC. También se les podría multar con sanciones grandes. Esta norma se ha puesto en marcha después de que, a pesar de que el Gobierno recurriera al TC la consulta del 7 de noviembre y éste la declarara ilegal, no hubiera ninguna consecuencia práctica para la Generalitat ni los funcionarios implicados, que utilizaron medios públicos para hacer una consulta que no estaba autorizada. En concreto, la iniciativa del PP detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de los casos de "desacato" en los últimos tiempos, en alusión implícita a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
Con la reforma, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan. Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo desde la campaña para las elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal. El líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, ha señalado que la aprobación exprés de esta arma legal que ha habilitado el PP hace la democracia "más débil".
Ley de Seguridad Nacional
Antes del verano, el Gobierno también aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que según fuentes del propio Partido Popular podría convertirse en una herramienta muy útil para enfrentarse al desafío soberanista, ya que Madrid podría controlar, cuando se apruebe el texto, que actualmente se tramita en el Senado, a los Mossos d'Esquadra. La nueva norma dotará al Estado de más instrumentos para afrontar los riesgos y las amenazas de forma coordinada y permitirá movilizar a los Mossos d'Esquadra y el resto de policías locales y autonómicas en caso de que el Gobierno lo decida. También lo podrá hacer un Ejecutivo en funciones, aunque Mariano Rajoy ya haya convocado elecciones generales. Fuentes del PP aseguran que esta medida se ha impulsado pensando en el desafío de Artur Mas.
Ley de Estabilidad Presupuestaria
Este mecanismo de control a Cataluña ya está activado desde el comienzo de la legislatura. Y está comenzando a dar sus primeros frutos. El Gobierno no puede evitar, aunque no lo ve con buenos ojos, la convocatoria de cinco procesos electorales en Cataluña en tres años. Pero sí que puede obligar a una autonomía -y de hecho, ya lo hace- a presentar planes detallados para cumplir con el déficit público y con la deuda. Este mismo verano, pocos días después de que se planteara el desafío secesionista, la Generalitat presentó a Hacienda un plan de reequilibrio del déficit público que Hacienda ha avalado. Sin embargo, si el incumplimiento del déficit catalán se mantuviera durante los próximos años por la inestabilidad política en la región, Montoro cuenta con la posibilidad de establecer multas, de retirar las entregas a cuenta a la comunidad o, incluso, de intervenir las finanzas de la región mediante una votación en el Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por el momento, el Gobierno ha optado por la colaboración y no ha impuesto ninguna sanción a Cataluña a pesar de que es la comunidad que más fondos ha solicitado al Estado a través del FLA y de que ha incumplido sistemáticamente en los últimos ejercicios con la reducción de los números rojos. La intención es que el proceso soberanista no interrumpa el funcionamiento normal del Estado autonómico.
Ley de Transparencia
Otro de los mecanismos que ha establecido el Gobierno para controlar a las administraciones territoriales, y también a Cataluña, es la Ley de Transparencia, que ha sido tutelada por la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque en un principio, con esta norma se pretendía que los gestores públicos que cometieran infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse hasta a 10 años de inhabilitación y una multa, finalmente sólo los cargos políticos tendrán que dejar su cargo. Es decir, que legalmente se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal que ocupa la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él. La duda es si, con esta norma, sería posible inhabilitar al presidente de la Generalitat o de otra comunidad autónoma, aunque está claro que seguiría siendo diputado. Una norma o una decisión ilegal de un gobernante podría apartarle de la vida pública gracias a la Ley de Transparencia.
Rajoy admite que no le «gustaría» llegar a suspender la autonomía de Cataluña
El presidente defiende la "proporcionalidad" frente la "ansiedad" ante el desafío catalán y desvela que ayer mantuvo una conversación con el Rey
