Una treintena de detenidos en otra gran redada anticorrupción
La juez investiga una "organización criminal" para conseguir contratos públicos con ramificaciones en 13 provincias
La juez Mercedes Alaya dirige desde primera hora de esta mañana una macrorredada anticorrupción en 13 provincias, repartidas por Andalucía, Canarias, Extremadura o Madrid. En la operación hay previstas más de una treintena de detenciones de técnicos, altos funcionarios municipales y políticos. Hasta el momento, la Guardia Civil ha arrestado a 26 implicados y ha realizado 10 registros.
Esta investigación ha permitido desmanter un "entramado criminal" supuestamente dedicado a amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines. Según los investigadores, Fitonovo y Fitoverde, las principales empresas implicadas, habían creado una estructura de contactos con funcionarios corruptos que facilitaban la adjudicación de esos servicios a cambio de comisiones.
Las actuaciones se enmarcan dentro de la tercera fase de la Operación Madeja, que ha recibido una nueva denominación, Operación Enredadera porque se centra en trabajos y adjudicaciones relacionadas con la jardinería.
Las actuaciones se están desarrollando en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.
En Andalucía se han practicado las siguientes detenciones: En Sevilla, Carlos Podio, responsable del área de Cohesión Territorial de la Diputación sevillana. En Huelva, dos técnidos de Fomento y un técnico de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía.
En Badajoz ha sido arrestado otro funcionario de la Consejería de Fomento y en Madrid dos personas vinculadas a la empresa Fitonovo. En Canarias han sido arrestados el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín y un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria.
Se investigan supuestos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública y organización criminal.
Las diligencias están secretas desde julio de 2013, tras sucesivas prórrogas decretadas por Alaya, y surgieron durante la investigación del caso Mercasevilla, germen, a su vez, del asunto de los ERE de Andalucía, que acumula 229 imputados. Gran parte de las detenciones afectan al Ayuntamiento de Sevilla, por corruptelas acaecidas a partir de 2005, entonces en manos del PSOE, que gobernó hasta 2011.
El germen de la operación fue el concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra sobre terrenos de Mercasevilla. Los investigadores detectaron enriquecimiento muy llamativo del exresponsable del departamento de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano, Domingo Enrique Castaño, que ha terminado por salpicar a su esposa. Las pesquisas permitieron comprobar que parte de aquel dinero lo había recibido de Fitonovo, sociedad que había contratado con muchas administraciones públicas y supuestamente había entregado a Castaño dinero e incluso un coche, algo que provocó nuevas investigaciones que se desarrollaron en julio y diciembre de 2013.
En ese momento se desencadenaron las primeras actuaciones de la Operación Madeja. La Guardia Civil registró y detuvo a los responsables de la empresa Fitonovo. La documentación intervenida en aquellos registros desveló que habían creado una infraestructura destinada a obtener contratos irregulares y que tenían una red de funcionarios corruptos que les facilitaban la obtención de contratas a cambio de comisiones.
Castaño también era asesor del grupo socialista del Ayuntamiento. Sobre él existe la sospecha de que recibió, además de los regalos, fuertes sumas de dinero (algo más de 400.000 euros) a cambio de amañar y conceder contratas municipales a las empresas Fitonovo y Fiverde. Solo a cambio de una contrata, Castaños supuestamente recibió unos 30.000 euros de Fitonovo, empresa que se encarga, entre otras cosas, de cuidar y mantener parques y jardines públicos. Cuando fue descubierto, alegó que ese dinero era para el PSOE.
En relación con la Operación Madeja, distinta de la Púnica, aunque ambas son investigadas por agentes de la elitista UCO de la Guardia Civil, hace meses fueron detenidas varias personas en Sevilla vinculadas al área de Medio Ambiente de Sevilla, así como el hijo del dueño de la empresa Fitonovo, José Antonio González. De esta firma y también de Fiverde partieron supuestamente comisiones y regalos para altos cargos municipales de Sevilla. Y no solo para Domingo Enrique Castaños. El sumario revela también la presunta participación en esta trama del exconcejal del PP y director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña.
El dueño de Fitonovo, Rafael González, se vio acorralado tras ser citado por la juez Alaya y destapó que su empresa no solo había pagado comisiones y dado dádivas a cargos municipales de Sevilla. Añadió que había hecho lo mismo con funcionarios de otros ayuntamientos. Gracias a las contratas derivadas de estos pagos, su empresa creció de forma espectacular en apenas unos años. De no tener ningún trabajador, pasó a contratar a más de un centenar y a facturar decenas de millones de euros al año.
Los investigadores, con pinchazos telefónicos, han tirado de la manta y han llegado ahora hasta una treintena de detenciones. El dueño de Fitonovo, José Antonio González, indicó a los investigadores el camino a seguir gracias a su meticulosidad: el empresario había mantenido durante años una contabilidad con los presuntos pagos realizados para obtener obras en diferentes Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas y canarias, cuyos responsables se beneficiaron supuestamente de estos abonos en dinero B, cuya trazabilidad el empresario había anotado durante años en un cuaderno. Muchos de esos apuntes han salido a flote esta mañana.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415690604_318534.html