Mariano Rajoy se niega a recortar puestos de trabajo a los políticos
¿Reforma de la Administracion? Hoy no, maaañana.
Mariano Rajoy no tiene voluntad política de recortar puestos de trabajo a los políticos. Para ello, cuenta con el apoyo interesado del PSOE y de aquellas fuerzas que tienen mando en plaza en ayuntamientos. Su propio partido ve, en la reforma de la Administración, un arma para eliminar personas puestas a dedo lo que sería bueno para España pero malo para la clase política. Así que la promesa electoral -reiterada en su discurso de investidura- se aplazará todo lo que sea posible.
Una reforma estructural de la Administración Pública que, en palabras del líder del PP, lleva 30 años pendiente. La previsión que tenía el Ejecutivo era que por estas fechas estuviera ya en tramitación en el Parlamento. Pero la ambiciosa reforma de la Administración de la que habla Rajoy, y que lleva estudiándose desde abril pasado, acumula retrasos por la falta de acuerdos, no sólo del Gobierno y el PP con el PSOE, sino entre responsables públicos y territoriales del PP: Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Ningún político quiere perder privilegios o dedicarse a otra cosa.
Mariano Rajoy apuesta por los recortes a los ciudadanos pero no a los políticos
Se pretendía hacer una gran reforma global que se presentara como la gran transformación de todas las administraciones públicas, con un reparto de competencias para evitar así duplicidades. Un cambio que después se plasmaría en las distintas leyes que habría que reformar. Pero el día a día ha demostrado al Gobierno que si se quiere avanzar en algo debe irse por capítulos, lo que retrasará la entrada en vigor de la reforma, pero la hará más posible políticamente.
El primer intento de acuerdo, allá por abril, supuso ya un problema: los socialistas no estaban dispuesto a pasar por algunas de las medidas que contenía el proyecto, entre ellas la reducción del número de concejales, o que muchos ayuntamientos pequeños se quedaran vacíos de contenido al traspasar su gestión a las diputaciones.
El PSOE no quieren suprimir sus agencias de colocación que pasaría por eliminar ayuntamientos. Algo que también afectaría al PP, lo que ha llevado a que los barones de su partido protesten. Mariano Rajoy, en el fondo, no posee la convicción política de que hay que recortar en los gastos duplicados porque eso conlleva eliminar muchos puestos de trabajo colocados a dedo. Ante la falta de ganas, el presidente del Gobierno dará largas. El recorte de la Administración que se haga cuanto más tarde mejor y, si puede ser, impuesto por Europa. Así ya hay una excusa.
Los ayuntamientos del PP ya enviaron una enmienda a la totalidad a la iniciativa del Gobierno fundamentando que “eran imprescindibles” para esa reestructuración de la administración y, por lo tanto, negaban las hipotéticas ventajas de la supresión de ayuntamientos, que se les quiten las competencias o que se reduzca el número de concejales. El encuentro celebrado el martes pasado entre el presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna, alcalde del PP, y el presidente Rajoy, así lo demostró, y todo está ahora en reflexión. La federación entregará una oferta alternativa a la del Gobierno, que este asumirá si no es contraria a los planteamientos fundamentales de reducción de la Administración, y será sometida después a diálogo con los grupos políticos: “Se necesita un gran pacto de estado para afrontar esta reforma estructural”, reconoce la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Rajoy recorta todo menos la Administración
Según cuenta Carmen del Riego, los más optimistas en el Gobierno creen que la propuesta se podrá plasmar en un proyecto de reforma de la ley de Bases de Régimen Local en verano, con lo que después quedaría de septiembre a diciembre para tramitarla, y que entre en vigor en el 2014. Pero pese a ello no se notarán sus consecuencias hasta un año después, dado que, por ejemplo, en cuestiones como la gestión de servicios por parte de las diputaciones, primero tendrá que haber un año de evaluación de los ayuntamientos, para determinar si son capaces o no de proporcionar servicios de calidad. Y sin tener en cuenta que después habrá que reformar la ley electoral, para afrontar la reducción de concejales, la ley de financiación de haciendas locales, y que el sueldo de los alcaldes irá en la ley de transparencia, que aún no ha empezado a tramitarse.
La gran reforma, también, que será la que afecte a las comunidades autónomas, se ha enfrentado a los mismos problemas, y ha tenido que esperar a la conferencia de presidentes, celebrada en octubre, para que se constituya una comisión de estudio para evitar las duplicidades. Esta no prevé tener ningún documento elaborado con su propuesta hasta verano, con lo que la tramitación de las reformas, como poco, no podrá hacerse hasta el segundo semestre del próximo año, y su entrada en vigor en el 2014.
La gran reforma sobre las duplicidades se enfrenta también con la voluntad del Gobierno de no reformar los estatutos de autonomía, que serían los que determinarían que competencias les son propias, y se ha ido a una fórmula más trabajosa pero que evitará ese obstáculo, cambiar la administración desde los ayuntamientos, de forma que limitando en la ley de bases sus competencias, las otras son las que quedarían para las comunidades y al estado le quedaría las que tiene competencias exclusivas.
A las autonomías les faltará la reforma del sistema de financiación, con una primera evaluación en el 2013.
http://www.periodismodeopinion.info/2012/12/10/mariano-rajoy-se-niega-a-recortar-puestos-de-trabajo-de-politicos/