El fiscal cifra en 741 millones el botín del PSOE por los ERE
Conocieron las irregularidades en el reparto millonario, opaco y arbitrario de las ayudas a empresas y trabajadores en crisis y no tomaron ninguna decisión para frenarlas. Ésta es la valoración de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves -ambos en su calidad de presidentes de la Junta y el primero también durante su etapa como consejero de Economía- en relación al reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrayeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado en su escrito de acusación por la Fiscalía.
Por ello, a José Antonio Griñán le acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación y pide para él seis años de prisión y 30 de inhabilitación especial para el empleo o el ejercicio de cargo público. Para Manuel Chaves, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
La Fiscalía Anticorrupción dio ayer a conocer su escrito de acusación correspondiente a la pieza principal de la macrocausa de los ERE, que se conoce como pieza política porque investiga el procedimiento específico empleado para eludir los controles administrativos en la concesión de las ayudas y señala a las más altas autoridades de la Junta de Andalucía en aquella década. En el escrito, además de señalar a José Antonio Griñán y a Manuel Chaves, se pide pena de prisión para otros miembros del Gobierno andaluz en aquellos años, concretamente para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, para los que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel; y para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, para la que se piden seis años. A todos les atribuye malversación.
El fiscal acusa también a otros cargos de aquella administración socialista, hasta un total de 26 en esta misma pieza, entre ellos los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, para los que pide 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Para Chaves solicita una inhabilitación de 10 años por prevaricación
A todos los acusados por el delito de malversación se les reclama que devuelvan a la Hacienda Pública de manera solidaria las cantidades destinadas al pago o la gestión de las ayudas sociolaborales concedidas entre los años 2000 y 2010 por parte de la Dirección General de Empleo con cargo a los programas 31L y 22E y que, en total, ascienden a más de 741 millones de euros, según el cálculo realizado por el Ministerio Público. A esas cantidades sólo habría que restar lo ya devuelto por sus beneficiarios en los diferentes procedimientos administrativos y judiciales iniciados tras destaparse el fraude.
A José Antonio Griñán, en calidad de consejero de Economía, se le presupone un conocimiento más directo de los procedimientos empleados a nivel presupuestario para camuflar las irregularidades a través de las denominadas «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (ente público que más tarde se transformó en la Agencia IDEA). Una herramienta que permitió que las subvenciones se distribuyeran y se abonaran eludiendo la fiscalización de la Intervención. Por eso a Griñán se le acusa de malversación y se pide prisión para él, a diferencia de Chaves.
El relato de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proceder de la Consejería de Empleo, específicamente, y de otros miembros del Gobierno andaluz (por acción u omisión) apunta a la existencia de un sistema complejo para evitar la fiscalización sobre el dinero que salía de las partidas 31L -conocida en el proceso como fondo de reptiles- y 22 E. Describe también cómo el procedimiento se fue perfeccionando con el tiempo para evitar que se conocieran las cantidades finales repartidas en cada caso o para que, en la «exigua» tramitación de las subvenciones, no participara ningún funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, sino «personal externo».
«La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31L» y las actuaciones que se llevaron a cabo por los encausados de la Consejería de Empleo «necesariamente debieron ser conocidas» por José Antonio Griñán, apunta el escrito del Ministerio Público.
El PSOE acusa al PP de usar a la Fiscalía para tapar su propia corrupción
Posteriormente, añade la Fiscalía, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», tras advertirse de las irregularidades en varios informes de la intervención, los acusados, «teniendo facultades para ello, no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía».
De ese procedimiento irregular, amparado y alimentado de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas presupuestarias fraudulentas, se beneficiaron 77 empresas seleccionadas de forma arbitraria; se permitió que hubiera trabajadores suscritos a las pólizas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas; y se pagó a los agentes mediadores «al menos 66 millones de euros por encima de los precios de mercado».
El escrito de la Fiscalía, que deja al descubierto detalles del escándalo de corrupción más importante de cuantos se vinculan al PSOE, se conoció ayer cuando precisamente el PP se veía acorralado por otros procesos judiciales que afectan a sus filas, especialmente, tras la apertura de diligencias por parte del Tribunal Supremo contra la ex alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá.
Varios dirigentes socialistas quisieron ayer ver una intencionalidad política en la fecha elegida por la Fiscalía para dar a conocer su acusación, y señalaron al Gobierno por «utilizar» al Ministerio Público para contrarrestar la gravedad de los casos de corrupción del PP. El PSOE andaluz emitió un comunicado ratificando su «confianza» en la «inocencia» de los ex presidentes de la Junta.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Rafael Merino, pidió al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «pidan perdón a los españoles» por los ERE.
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