Ruinas millonarias por el enchufismo
¡Manda narices! ¿para que hacen los políticos unas leyes que no piensan cumplir? pues porque no pueden decirnos a las claras que nos piensan robar.
Ruinas millonarias por el enchufismo
El órgano fiscalizador certifica múltiples casos de contratos irregulares y «a dedo»
Los gobiernos autonómicos fueron tejiendo, durante décadas, una telaraña de empresas públicas cada vez más extensa. Entre las 17 comunidades autónomas han llegado a sumar más de 600 empresas públicas, una administración paralela y ruinosa: han llegado a costar más de 8.000 millones de euros al año. En sólo cuatro ejercicios -entre 2006 y 2009- acumularon unas pérdidas de explotación de más de 25.000 millones de euros. Y para enjugar tanto número rojo, los gobiernos autonómicos inyectan miles de millones en esas empresas públicas. Por ejemplo: en esos cuatro años, las subvencionaron con más de 14.000 millones de euros, y aún así sus cuentas de resultados acumularon más de 15.000 millones de euros en aquel cuatrienio. Lo ha certificado el Tribunal de Cuentas, que acaba de dejar listo el último informe de fiscalización del sector público autonómico, el relativo a los años 2008 y 2009. Pero el problema no es sólo lo que cuestan esas empresas, sino el reguero de irregularidades detectadas y que apuntan a que, en no pocos casos, han sido instrumentalizadas para el enchufismo, tanto laboral como en adjudicaciones de obras y servicios. Canal Sur: contratos verbales La contratación verbal está expresamente prohibida en el sector público, pero el Tribunal de Cuentas evidencia que ha abundado en la radiotelevisión andaluza. «De los numerosos colaboradores que de forma continuada en el tiempo prestan sus servicios en la empresa, sólo cuatro de ellos cuentan con contrato formalizado». Y, además, se han detectado un buen número de incumplimientos tanto de ley de contratos del sector público como la ley de contratación de las administraciones públicas. Afán por colocar No han faltado las empresas públicas que, en plena crisis, ampliaban plantilla día sí, día también. El Tribunal de Cuentas apunta un caso ejemplificador: el sector público empresarial de Castilla-La Mancha en los tiempos del socialista José María Barreda. En solo un año, del 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009, sus 20 empresas públicas pasaron de tener 1.947 trabajadores a disponer de 3.437; un 57 por ciento más en doce meses. El caso más espectacular fue el del ente Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha: en 2008 ya había triplicado su plantilla, pero no bastándole con ello la incrementó un 129 por ciento más en 2009. Así que en prácticamente 24 meses la cuadruplicó: de poco más de 600 trabajadores, pasó a tener 2.686 a nómina. Reuniones sospechosas Otro caso curioso: la sospechosa frecuencia con la que se reunía el consejo de administración de la radiotelevisión pública gallega, cuando menos en 2008 y 2009. A más reuniones, más asistencias; y a más asistencias, más dietas para los reunidos. Eran tantas las sesiones convocadas que, para encajarlas, hasta se celebraban dos el mismo día: una ordinaria, y otra extraordinaria. Doblete. Eran tan frecuentes los consejos extraordinarios que perdían «su carácter de excepcionalidad». Pero no por más reuniones iba mejor el ente gallego. Por lo menos no en gestión de personal, que fue «inadecuada», sin haber «salvaguardado debidamente los intereses económicos», según el Tribunal. Selección «a dedo» La falta de transparencia en la selección de trabajadores ha sido algo muy extendido en el entramado empresarial de los gobiernos autonómicos, según el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, en Extremadura ha detectado que en la pasada legislatura hubo «numerosas incidencias», incluida «la ausencia de procedimientos de selección de personal y de contratación de bienes y servicios». También en Baleares -«con frecuencia se aprecia incumplimiento de la normativa de personal y de contratación administrativa» en 2008 y 2009- o en la Comunidad Valenciana, varias de cuyas empresas públicas, indica, no garantizaron los legales principios de igualdad, mérito y capacidad en procesos de selección de personal, que en más de un caso se tramitaron de tapadillo. Revilla y el fibroyeso Otro caso de órdago es el de GFB Cantabria S.A., empresa auspiciada con ahínco por el entonces presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, que embarcó a su Gobierno en el accionariado. Se dijo que iba a ser la mayor fábrica de Europa de fibroyeso, un vergel de empleo, pero fue un escandaloso fiasco. El actual Gobierno cántabro apunta a que la ruinosa aventura ha costado a las arcas autonómicas entre 45 y 50 millones de euros. El Tribunal de Cuentas tiene claro que, como mínimo hasta el año 2011, se habían dilapidado 34,3 millones. Contratos troceados En las empresas públicas del País Vasco también se dan casos curiosos. Por ejemplo, tanto en 2008 como en 2009 se incumplieron requisitos de legalidad en la contratación de trabajadores. Ocurrió en al menos dos sociedades y en la radiotelevisión vasca. En 2008, la ETB firmó la friolera de 5.082 contratos temporales con 268 trabajadores, y tampoco se garantizaron los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, entre 2009 y 2011, la Inspección de la Seguridad Social destapó casos de decenas de falsos autónomos en la radio pública vasca, que fueron reconocidos como de plantilla y con efectos retroactivos. Las irregularidades se remontaban a la etapa del PNV, pero se destaparon en 2009 y se resolvieron después, cuando había sido relevado por el PSOE en el Gobierno vasco. El resultado: decenas de profesionales que pasaron a ser empleados de plantilla, y cuatro millones de euros que el ente público vasco tuvo que desembolsar a la Seguridad Social por atrasos. El Tribunal de Cuentas ha detectado, en general, frecuentes «incumplimientos de la legalidad y deficiencias en la contratación y gestión del personal», incluidos los altos cargos del ente. La radiotelevisión vasca también incurrió en la ilegal práctica de trocear contratos para poder adjudicarlos de forma directa. En total, tres millones de euros gastó de esta forma en 2009, año en el que el socialista Patxi López sustituyó a Ibarretxe al frente del Gobierno vasco.