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Despedidos 3.000 técnicos de los Servicios Públicos de Empleo
Para que se vea que despedir a empleados públicos no es imposible, aunque también cuenta otras cosas interesantes:
Despedidos 3.000 técnicos de los Servicios Públicos de Empleo
Estos días han entregado la carta de despido a 1.500 orientadores de los Servicios Públicos de Empleo. Unidos a los 1.500 que despidieron en junio, dejan a la red de oficinas sin capacidad técnica de atender a los demandantes de empleo. En la oficina en la que trabajo, de cinco que estábamos en mayo para atender a más de 3.000 demandantes, en enero quedaré solamente yo. Aunque no hay cifras oficiales del número de técnicos de empleo presentes en la red de oficinas, se puede calcular que rondará los 3.000 empleados públicos. Hay unos 6.000 empleados totales de los que, en el mejor de los casos, la mitad son técnicos y el resto administrativos. En los últimos doce meses ha habido 9.013.321 de personas que se han dado de alta en las Oficinas de empleo que, en mayor o menor medida, sus demandas deberán ser clasificadas, además de una media de 6.248.303 demandantes inscritos. En julio de 2008 se distribuyeron los primeros fondos para la contratación de orientadores. Desde entonces el número de demandas pendientes a fin de mes ha crecido en tres millones y medio y, hasta en las previsiones más optimistas del gobierno, continuará aumentando por encima de cuatro millones más que en 2008. No parece el momento de reducir los técnicos de empleo. El coste de los 1.500 técnicos que despiden ahora, orientadores, fue en 2012 de 47.614.000 euros. El PP quiere cambiar el modelo y privatizar los servicios de empleo. Para ello incluye la partida 48228 en el presupuesto del SEPE que se denomina “Fomento de las agencias privadas de colocación” con veinte millones de euros. Pero esa partida será absolutamente insuficiente, la crea en este momento para después incrementarla con fondos de otras partidas. Pero ni aún así salen las cuentas. No calcula que las prestaciones por desempleo de los que envía al paro costarán, solo en 2013, unos 32,5 millones de euros. Gastará casi lo mismo en cotizaciones y el 70% de los salarios los primeros seis meses y el 50% el resto. Los fondos salen todos del mismo sitio, del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque de programas diferentes. Ahorra 47,6 millones en financiar costes salariales para gastar 52,5 entre agencias de colocación y prestaciones. Para ahorrar, el PP gasta más privatizando al cambiar salarios por prestaciones. Y los parados sin atención y los orientadores en el paro. Pero así abren una puerta giratoria más. Los políticos del PP, además de en empresas de sanidad, como Capio (Capio Sanidad es la empresa en la que privatizó Cospedal la sanidad de Castilla La Mancha y, según numerosas informaciones en la red, a la que están vinculados el marido de Cospedal, Rato y la hermana del Consejero de Sanidad), por ejemplo, podrán situarse en Agencias privadas de colocación. Y la ministra que nunca trabajó, Bañez, la de Trabajo, por fin tendrá donde trabajar que no sea en el PP. También la hermana de Feijoo tendrá una actividad más de la que recibir fondos de la Xunta de Galicia (Micaela Núñez Feijóo, hermana del Presidente de la Xunta, es apoderada de Eulen en Galicia). Esa es su política de ahorro. Los Servicios públicos de empleo son un lugar donde la información es especialmente sensible. Disponemos de datos confidenciales de los demandantes y deberán ser ellos, cada uno personalmente, quien autorice su envío y tratamiento por agencias privadas. Son datos confiados a la administración que es garante y custodia de su utilización. No creo que sin una autorización expresa se puedan transferir sin vulnerar la Ley de protección de datos. Entre las funciones que deben desarrollar los Servicios públicos de empleo, es primordial la de información sobre el mercado de trabajo. Este es su mayor debilidad. Nunca se han planteado procedimientos eficaces y sistemáticos de análisis y prospectiva de los mercados locales de empleo que es donde se establecen las relaciones laborales y las contrataciones. Ello ha conllevado a un grave déficit tanto en la planificación de las políticas activas como en la propia orientación de los desempleados. Si no hacemos una prospectiva de los empleos que pueden ir surgiendo en los próximos tres años, ¿qué itinerarios de inserción podremos definir? Este problema obviamente no lo solventarán las agencias de colocación. Más bien lo agudizarán al inclinar los itinerarios hacia sus propios negocios. Veremos centros de formación, academias, orientando e inscribiendo parados como ocurrió en Galicia hasta 2005. Si se dedican a la formación en informática en un lugar determinado, veremos que en los itinerarios habrá mucha necesidad de formación en informática. Así se cierra el círculo. En el tratamiento de ofertas de empleo habrá criterios de índole ideológica y listas negras, sobre todo en lugares más pequeños. La privatización del servicio de empleo conllevará, además de hacer negocio con el paro, a hacer discriminación por motivos ideológicos. La señora Bañez, por fín, tendrá dónde trabajar.