La auténtica 'lucha' de los mineros: mantener sus prejubilaciones de oro
La denominada marcha negra entró en la Comunidad de Madrid este domingo tras dos semanas de recorrido. Los mineros pretenden coronar su oleada de protestas con una manifestación en el centro de la capital este miércoles. El sector acumula ya 43 jornadas de huelga indefinida por el recorte de las ayudas públicas al carbón nacional. El Gobierno redujo su cuantía como resultado del ejercicio de contención presupuestaria para alcanzar el objetivo de déficit público este año.
Pero, ¿por qué protestan lo mineros? Desde el sector y los sindicatos se alude a la necesidad de conservar puestos de trabajo y evitar así la despoblación de las cuencas mineras. Sin embargo, las sustanciales ayudas públicas recibidas hasta ahora, unos 24.000 millones de euros desde 1990, no han conseguido ninguno de esos objetivos. De hecho, las subvenciones han perseguido, más bien, lo contrario: reducir las plantillas y la producción de un sector que dejó de ser rentable hace más de un siglo.
Así, a principios de los años 90, cerca de 45.000 personas trabajaban en el sector del carbón nacional, en algo más de 230 empresas, con una producción media de unas 20 millones de toneladas al año. Los tres planes de ayudas al carbón aplicados entre 1990 y 2005 sirvieron para reducir los empleados a apenas 8.300 (un 82% menos), el número de empresas a menos de 30 (88% menos) y la producción a unas 12 millones de toneladas (37% menos). Mientras, el último plan aprobado, que va de 2006 a 2012, se puso en marcha con el objetivo de reducir a poco más de 5.000 el número de trabajadores, y a 9,2 millones de toneladas la producción a finales del presente año.
Es decir, en todo caso, el régimen de subvenciones se ha destinado a reducir de forma progresiva el tamaño y capacidad de la minería nacional aunque, eso sí, con unas condiciones privilegiadas para los trabajadores gracias al dinero del contribuyente. El citado privilegio consiste, básicamente, en la concesión de generosas prejubilaciones -con poco más de 40 años y elevadas cuantías-. Así, por ejemplo, del presupuesto total asignado al sector en 2011 (1.078 millones de euros), más de un tercio (326 millones) se destinó al pago de prejubilaciones.
Los diferentes planes de la minería han contemplado prejubilaciones a partir de los 52 años de "edad mínima equivalente" lo cual, en la práctica, se traduce en una edad real de jubilación de entre 42 y 50 años en función del riesgo que conlleve la tarea específica de cada trabajador: los mineros se suelen jubilar con 42 años, el personal exterior y de mantenimiento a los 45 y el personal de oficina (administración) a los 50 años. Para poder optar a la prejubilación basta con haber trabajado un mínimo de ocho años en el sector de la minería y apenas tres años en la empresa que prejubila.
Según los datos oficiales del Ministerio de Industria, a través de los cuatro planes de ayuda aplicados desde 1990, el 16% de los trabajadores se han prejubilado con 40 ó 41 años; entre 42 y 44 años, un total del 33%; entre 45 y 49 años, el 29% de los trabajadores; de 50 a 54 años, el 17% del total de jubilados; de 55 a 58 años, el 4%; y de 60 a 64 años apenas el 1% del total de todos los trabajadores acogidos a prejubilación. De este modo, la mitad de los mineros prejubilados desde entonces lo han hecho con menos de 45 años, y casi el 80% con menos de 50 años.
En cuanto al importe de las prejubilaciones, también varía en función de la edad y el riesgo de la tarea: el 9% de los trabajadores ha obtenido una prejubilación de entre 901 y 1.300 euros; el 18% cobra entre 1.301 y 1.700 euros; el 24%, entre 1.701 y 2.100 euros; el 27%, entre 2.101 y 2.500 euros; el 21% obtiene una prejubilación superior a los 2.500 euros al mes; y el 1% restante se sitúa entre los 500 y los 900 euros. Es decir, ni más ni menos que el 72% de los prejubilados cobra una pensión superior a los 1.700 euros al mes, el doble que la pensión media en España. Una cuantía muy elevada si se tiene en cuenta, sobre todo, el número de años que realmente se trabaja.
Tan sólo de 2006 a 2010, el coste medio de una prejubilación asciende a una media de 433.000 euros para los contribuyentes.
Cierre de minas y despidos
En la actualidad, el problema del sector radica en que la UE decidió en 2010 el fin de las ayudas públicas para 2018. A partir de entonces, el carbón nacional dejará de percibir dinero público, lo cual abocará al cierre a la inmensa mayoría de las empresas. Las ayudas se reducirán de forma progresiva hasta entonces: en 2013, un 25% menos sobre las ayudas concedidas en 2011; en 2015, un 40% menos; en 2016, un 60% menos; y en 2017 un 75% menos, siempre con respecto a las subvenciones de 2011.
Tal descenso implicará, en la práctica, el cierre del 80% de las explotaciones y el despido del 85% de los mineros de aquí a 2015. Y esto significa que muchos de los mineros que trabajan en la actualidad con poco más de 20 ó 30 años quedarán excluidos del régimen de prejubilaciones que disfruta el sector desde hace décadas, según la normativa vigente. Ésta, y no el mantenimiento de puestos de trabajo, es una de las principales claves del actual conflicto entre Industria y la minería del carbón nacional.
No en vano, tal y como muestran los datos, todos los planes aprobados hasta hoy han conllevado la reducción de plantillas y de producción, sin que ello evite, además, la creciente despoblación que sufren las cuencas mineras. Y si los planes anteriores no provocaron protestas por parte del sector fue, precisamente, gracias a las cuantiosas prejubilaciones e indemnizaciones que percibían los trabajadores, tal y como explica el blog Desde el Exilio: "La huelga no es más que una mascarada para conseguir prejubilaciones antes del año 2014 ó 2015 a la edad que sea. No busquen más. El resto es retórica".