Impuestos y fraude fiscal
Este artículo cuestiona la tesis ampliamente aceptada en círculos financieros y económicos del país que el Estado español ha agotado las posibilidades de generar más recursos. El artículo señala información del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que muestra que el Estado podría recoger 89.000 millones de euros si tuviera voluntad de hacerlo.
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de mayor difusión. Veámoslos.
El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania.
El fraude es, pues, un problema grave. Ahora bien, otro dato de gran relevancia es que tal fraude fiscal se concentra en un sector muy pequeño de la población: las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional calcula que una cuarta parte (sí, leyó bien, una cuarta parte) de la riqueza del mundo está depositada en tales paraísos fiscales. Según la OCDE, 600.000 millones de dólares no se ingresan en las cuentas de los Estados de tal grupo de países (incluido España), resultado del depósito de los súper ricos y ricos de aquellos países en paraísos fiscales. España es uno de los países que tiene mayor número de agujeros fiscales que disminuyen los ingresos al Estado. En España uno de los instrumentos que más utiliza tales paraísos fiscales son las 3.113 sociedades de inversión de capital variable (conocidas como SICAV), que gestionan un patrimonio de 26.154 millones de euros.
De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. El sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una enorme frivolidad el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, pues el país no da para más. Si en España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros (sí, lo ha leído bien, 200.000 millones) más de los que ingresa. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población –los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. Así de claro.
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
