Anticorrupción reprocha a BBVA que ocultara información sobre Villarejo al Banco de España y la CNMV
El fiscal Alejandro Cabaleiro considera que el banco y sus exdirectivos incumplieron su normativa interna y rechaza que la entidad no tuviera más detalles de la contratación del comisario
Anticorrupción, que a lo largo del procedimiento ha insinuado que BBVA ha ocultado información y ha afeado una falsa intención de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos, aprovecha su último informe, el que quizá sea el más relevante para el futuro judicial de los investigados, para justificar sus sospechas sobre la entidad bancaria. Además, el escrito de 224 páginas y al que ha tenido acceso este diario llega en un momento clave para la entidad que preside Carlos Torres,
que ha lanzado una opa hostil sobre el Banco Sabadell. En el informe, el fiscal hace alusión a determinados extractos de archivos que obran en el sumario de la causa para concluir que la entidad y sus exdirectivos imputados por los encargos a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, incumplieron su propio código de conducta y, por tanto, el artículo 31 bis del Código Penal, que, desde 2010, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“No podemos soslayar que la persona jurídica investigada es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en cuanto entidad cotizada en bolsa. Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo”, destaca.
Así las cosas, el fiscal solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que también proponga juzgar al expresidente de la entidad Francisco González; al exconsejero delegado Ángel Cano; al expresidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio Béjar;
al exjefe de seguridad corporativa Julio Corrochano; a los exresponsable jurídicos del banco Eduardo Arbizú, Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo; al jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari; así como al empleado Óscar Santos Touche. A la lista de posibles procesados se suma el comisario Villarejo; su socio, el abogado Rafael Redondo; el ex inspector de Policía Antonio Bonilla y un agente de Policía Nacional. Asimismo, pide el archivo del caso para una decena de personas, entre los que se encuentra Juan Asúa, actual asesor de Carlos Torres, y el director de comunicación de la entidad, Paul Tobin.
Uno de los puntos que destaca el representante del ministerio público es la falta de información ofrecida al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), así como a los organismos supervisores, tanto antes del inicio de la investigación judicial como una vez puesta en marcha. En este sentido, el fiscal hace alusión a la contestación que el BBVA hizo en agosto de 2017 —tres meses antes de la detención de comisario jubilado— a la unidad de inteligencia financiera dependiente del Ministerio de Economía, que reclamó información sobre movimientos bancarios de Villarejo, su grupo empresarial y su círculo cercano. El requerimiento se hizo en el marco del rastreo de un posible traspaso de fondos a España procedentes de paraísos fiscales y desde el servicio de prevención de blanqueo de capitales del banco se informó que el agente encubierto
“no consta como cliente” de la entidad. En enero 2018, BBVA acordó el “cese de las relaciones” con todas las personas que pertenecía al Grupo Cenyt, tal y como informó este diario.
Para Anticorrupción, la respuesta “fue deliberadamente parcial, como pretendiendo no hacerlo todo lo íntegro que su información sobre las personas solicitadas hubiese permitido”. Una conclusión que extrae del análisis de una cadena de correos electrónicos entre directivos del banco que finalmente llegó al entonces director de los servicios jurídicos de BBVA, Eduardo Arbizu, que dice textualmente: “Adjunto tenéis la contestación al requerimiento sobre el asunto Villarejo. Es una contestación aportando información en nuestro haber sobre los requeridos y aportada de manera aséptica”.
La siguiente nota de la falta de transparencia que apunta el fiscal es en relación al Banco de España y a la CNMV. Alejandro Cabaleiro detalla que, el 23 enero de 2019 (con la investigación de la Audiencia Nacional ya en curso, pero aún bajo secreto de sumario y en un momento en el que el banco aún no estaba imputado), BBVA ofrece una nueva respuesta a un segundo requerimiento que ambos organismos realizaron para completar la información que había solicitado en octubre de 2018 sobre Villarejo, después de que salieran las primeras noticias de prensa sobre la relación comercial entre el banco y el expolicía. “Con ello se evidencia que la transmisión de información era menor a la que la entidad realmente disponía”, dice el fiscal en el caso del organismo que dirige Pablo Hernández de Cos.
Aun así, según Anticorrupción, la segunda contestación dada a la CNMV por parte de BBVA “no se correspondía con la realidad de los datos ni la información de la que ya disponía”. El banco afirmó que no fue hasta el 11 de enero de 2019 cuando adquirió conocimiento de que los contratos con Villarejo “podrían estar siendo objeto” de pesquisas judiciales. Asimismo, indicó que su investigación interna se promovió en junio de 2018 como consecuencia de las noticias publicadas en mayo de dicho año para anticiparse a cualquier riesgo para el banco y que
para ello se contrató al despacho de abogados Garrigues, que después encargó a PwC un
forensic, que ha supuesto ser una de las grandes polémicas del caso Villarejo, por
los archivos de los directivos concretos que fueron examinados. En este contexto, en opinión de Cabaleiro, el banco tenía mucha más información y no quiso trasladarla al regulador.
Así las cosas, el fiscal no da credibilidad a que BBVA no tuviera un conocimiento más detallado de los trabajos que Villarejo realizó para el banco durante más de una década y por los que cobró un total de 10,3 millones de euros. En esta línea, señala que, pese a que BBVA recibió varias alertas del Sepblac desde 2007, no fue hasta enero de 2018 cuando reconoció ante la unidad de inteligencia financiera que había detectado que la titularidad real de Cenyt correspondía a Villarejo.
Asimismo, indica que entre las funciones del departamento de comunicación se encontraba remitir a la cúpula directiva nota de las noticias publicadas en prensa en las que apareciese BBVA. “Ante los hechos relacionados con la presente pieza, pues aún en secreto, existían múltiples publicaciones que aludían a las contrataciones entre BBVA y Cenyt”, recuerda el fiscal, por lo que enfatiza que “resulta impensable que toda esta fuente de información pública pasase desapercibida” en el banco y que “ningún alto directivo de la entidad o empleado la leyese”.
