España
Las sentencias se referían a la ampliación de 2016, pero creo que hay base para reclamar por compras desde 2012 siempre que se mantuvieran hasta la intervención por la JUR.
En cuanto a la responsabilidad de las autoridades, si se reconociese sería toda una novedad, hasta ahora no ha habido condenas en ese sentido.
Hola,soy accionista del popular desde el 2009 que compre las primeras acciones y despues fui a la AK del 2012 y a la Ak del 2016...segun estas sentencias que expones podria recuperar el dinero de las dos ak menos las acciones del 2009 no?hace tiempo que espero sentencias firmes para poder reclamar mas seguro y creo que empiezan a salir y quizas deba moverme ja,sabes algun bufete que este bien para reclamar o as reclamado ja?saludos y gracias por la informacion!!
Sí, podrías reclamar por las compras de 2012 y 2016. Yo llevo esas demandas, por eso he ganado ya las dos que he presentado en mi blog.
Las sentencias que señaláis me hacen ser optimistas en este terreno. Ahora bien, no olvidar que se trata de momento solo de sentencias dictadas por jueces de primera instancia. Yo esperaría un poco más a ver qué dicen las Audiencias Provinciales en fase de apelación, porque esas sí que serían ya unas sentencias que marcarían definitivamente el camino a seguir. Solo un poco más de paciencia ;-)
muchas gracias,leere por la noche el enlace, dices que llevas esas demandas y as ganado...eres abogado?lo digo porque ja estoy pensando en mover ficha y necesito asesoramiento de con quien reclamar, jo soy de tarragona y supongo que porque hayan salido favorables esas demandas en otras comunidades no tiene porque salir igual en catalunya no? en esas sentencias hay jurisprudencia que se llama creo cuando una vez sentenciado el hecho de falsedad de cuentas ja se dictaminen las siguientes demandas a favor?saludos y gracias por todo!!
http://diario16.com/las-prisas-del-santander-popular-demuestran-situacion-critica/
La situación real del Santander y las revelaciones de Diario16 en las que se muestran varios escenarios que la Justicia, tanto española como europea, podría utilizar como argumento fundamental para anular la resolución del Banco Popular, han provocado que Ana Patricia Botín haya decidido, no sólo acelerar la integración de las dos entidades, sino eliminar la personalidad jurídica tanto del banco intervenido como del Pastor, incluidas sus respectivas fichas bancarias.
Este movimiento supondrá que la Justicia se verá imposibilitada para anular todos los procesos, en caso de determinar la ilegalidad de la operación, de la resolución y de la venta por un euro. Sin embargo, el Santander se puede encontrar con que la propia Justicia que siempre ha mantenido una actitud de presunta protección hacia el banco cántabro y la familia Botín abra una pieza de calificación concursal en la que los más de 305.000 afectados se convierten en acreedores por la liquidación del Banco Popular, una pieza que implica la aprobación por parte del Ministerio Fiscal y que determinaría que el Santander tendría que hacer frente a las reclamaciones de los acreedores con el patrimonio declarado del Banco Popular, es decir, 11.600 millones de euros. La operación no se anularía porque legalmente sería imposible tras la desaparición jurídica del banco intervenido, pero la entidad cántabra se encontraría que el hecho de tener que hacer frente a una administración concursal. Por otro lado, en caso de determinarse la nulidad de la operación, el Santander tendría que indemnizar a los afectados con daños y perjuicios, además del valor de las acciones que pasaron a tener valor 0 la madrugada del 6 al 7 de junio.
Por tanto, el paso dado por Ana Patricia Botín, que tiene como fin que nadie le quite el Popular, se puede volver en contra del Santander a la hora de pagar a los afectados un precio justo por sus acciones y bonos. Por esta razón, lo razonable sería que la entidad cántabra hiciera caso al Defensor del Pueblo y llegara a un acuerdo extrajudicial con todos los afectados. Esta solución sería beneficiosa para todos, para las familias arruinadas porque recuperarían su dinero y para el propio Santander porque podría seguir contando con el Popular sin el riesgo de las demandas y querellas.