#4265
#4266
Re: Campaña de salida de activos y dinero del Banco Popular
Hablar de la Seguridad Social se ha vuelto un tema tabú, perteneciente a la lista negra de temas que no se deben tocar, junto a Bárcenas, Gurtel etc
Ningún periodista quiere entrar a fondo e investigar sobre la situación real de la Seguridad Social. Seguro que lo veremos en algún pseudo-programa de "investigación" pero cuando pasen 4 o 5 años y estén hablando ya del pasado.
#4267
Re: Campaña de salida de activos y dinero del Banco Popular
Yo también hace tiempo me cuestiono dónde está el ministerio fiscal que no abre de oficio una investigación!!
http://diario16.com/las-diferentes-responsabilidades-penales-la-incautacion-del-banco-popular/
#4268
Re: Campaña de salida de activos y dinero del Banco Popular
#4269
Re: Banco Popular (POP) Seguimiento del valor
Pues siguen en las mismas, erre que erre...
Así lo afirma hoy Expansión en el diario: Bruselas se niega a explicar la venta del Popular.
Creo que para definir el tema...se definen solos.
#4270
Re: Banco Popular (POP) Seguimiento del valor
Decir esoy negarse está muy bien. Ya veremos si pueden negarse ante los jueces a dar todo lo que se les pida: informe, registro de la supuesta subasta,...
#4271
Re: Banco Popular (POP) Seguimiento del valor
La Comisión Europea se niega a explicar la venta de Banco Popular
7comentarios
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El Ejecutivo comunitario alega que ha tomado esta decisión para proteger al banco comprador y al sistema financiero de la UE.
La Comisión Europea deniega a los inversores de Popular la información que le han pedido sobre la resolución del banco. En un documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Bruselas rechaza proporcionar los textos que los afectados le solicitan para "no dañar los intereses comerciales de Santander" y "proteger las estabilidad financiera de la eurozona".
Se trata del informe de Deloitte, del informe completo del Banco Central Europeo (BCE), de la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) y de un informe sobre los activos de Popular de la JUR.
Esta denegación de la Comisión Europea a la petición que le ha planteado el despacho B. Cremades y Asociados se suma a las negativas de la Junta de Resolución (JUR) y del BCE, en las que precisamente se escuda Bruselas.
"La publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario", dice la Dirección general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión Europea. El documento lo firma su director general, Olivier Guersent.
Además Bruselas añade: "Hacer públicos en este momento estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en lo relativo a la política financiera y económica de la Unión [...]. En particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en la Unión".
En el plazo de 15 días hábiles, B. Cremades y Asociados va a pedir una reconsideración de la decisión de la Comisión Europea. En el caso de que ésta no lo haga, recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Paralelamente, en el recurso que este bufete presentó el 7 de agosto ante el TJUE contra la resolución de la JUR, pidió copia del expediente administrativo.
En dicho recurso, se solicita la nulidad de la decisión y, en "consecuencia, que se devuelva a los inversores las acciones y demás instrumentos de capital de Popular. Además, se pide una compensación equivalente al valor neto de los activos de Popular a fecha de 7 de junio de 2017.
En su recurso, se reclama que se interrogue a Elke König, presidenta de la JUR; Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea; al propio Guersent, que firma el documento de Bruselas; Luis de Guindos, ministro de Economía, y Luis María Linde, gobernador del Banco de España, entre otros.
También han recurrido ante el TJUE la decisión de la JUR Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de casi 4.000 inversores agrupados en torno a la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec); Adicae; el bufete Rúa en representación de 2.000 minoristas, y Kirkland & Ellis, de parte de Antonio del Valle y otros inversores mexicanos.
Los fondos Anchorage, Algebris y Ronit, a los que asesora Quinn Emanuel, han presentado varios recursos. Asimismo tienen previsto recurrir Ramón C. Pelayo Abogados en representación de la Sindicatura de Accionistas de Popular, y Andrónico Luksic, al que asesora Roca Junyent. A esto se suman recursos contra la resolución del Frob ante la Audiencia Nacional, además de acciones penales.
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/24/599edc7e22601d1b6b8b45a6.html
#4272
Re: Banco Popular (POP) Seguimiento del valor
Accionistas del Popular estudian pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad
Accionistas minoritarios e institucionales de Banco Popular, representados por el despacho B. Cremades y Asociados, están explorando la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander, según han avanzado a Europa Press en fuentes del bufete. El despacho de abogados entiende que han existido "una serie de irregularidades" en el caso, ya que antes de la resolución de la entidad, tanto el Gobierno como el Banco de España defendieron la solvencia de Popular, al tiempo que las administraciones públicas efectuaban importantes retiradas de depósitos.
Por ello, el bufete podría reclamar una indemnización del Estado para sus representados. La demanda podría efectuarse por medio de dos vías: a través de un arbitraje internacional para los inversores cuyo país de origen tenga con España un tratado de protección de inversiones, y mediante los tribunales contencionso-administrativos nacionales para los inversores españoles y demás extranjeros cuyo país de origen no tenga con España un tratado como el referido anteriormente. En declaraciones a Europa Press, Bernardo Cremades Jr, abogado del despacho B. Cremades y Asociados, subraya que, además, existe "el agravante" de que el organismo presidido por Luis María Linde no extendiese las líneas de liquidez de emergencia (ELA, según sus siglas en inglés) a Popular, que contaba con 40.000 millones de euros en activos susceptibles de ser presentados como colateral --garantía-- antes de su colapso.
"Por un lado retiraban liquidez y por el otro no la extendían, por lo que estamos explorando la posibilidad de iniciar acciones legales por responsabilidad patrimonial del Estado", asegura Cremades, que incide en el "principio de unidad de la Administración". B. Cremades y Asociados dispone de un año a contar desde la fecha de la intervención de las autoridades en Popular --7 de junio de 2017-- para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero esperará a recibir el expediente administrativo de la resolución para estudiar en detalle sus posibilidades. El despacho recibirá esta documentación una vez presente ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) por ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), acción prevista para el próximo 7 de septiembre.
Negativa de Bruselas Por otra parte, la Comisión Europea ha negado a B. Cremades y Asociados el acceso a las versiones confidenciales de los informes elaborados por el Banco Central Europeo (BCE) y por la JUR en relación a la resolución de Popular, así como al trabajo de valoración realizado por Deloitte, al entender que su publicación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y dañar los intereses comerciales de Santander, tal y como ha adelantado el diario 'Expansión'. En una carta firmada por el director general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales de la UE, Olivier Guersent, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bruselas defiende que la publicación de estos documentos perjudicaría los "legítimos intereses comerciales" de Santander y de sus accionistas. "La información sobre la posición de Banco Popular en el mercado, así como los datos sobre sus activos y obligaciones, constituye información comercial sensible de Banco Santander como comprador de Banco Popular. La divulgación pública de esta información, en este momento, podría perjudicar la protección de los legítimos intereses comerciales de Banco Santander en relación a su posición competitiva en el mercado bancario", reza el documento.
Además, la Comisión Europea alega que la divulgación de los textos completos requeridos podría ocasionar "reacciones adversas en el mercado" que pondrían "en riesgo" la estabilidad financiera comunitaria. "Su divulgación pública, en esta etapa, podría causar efectos secundarios que afectarían negativamente a la posición financiera de otras instituciones de crédito de la Unión", insiste Bruselas, que no identifica un "interés público primordial" en la publicación de los informes completos. Ante esta negativa, B. Cremades y Asociados solicitará al Ejecutivo comunitario que reconsidere su postura en el plazo de 15 días hábiles. De no conseguir el acceso a los documentos, el despacho de abogados interpondrá un recurso ante la Comisión Europea en el Tribunal de Luxemburgo.
El pasado 7 de julio, el bufete de abogados ya presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo una copia del expediente administrativo de la resolución y solicitando la nulidad de la decisión de la JUR mediante la que se resolvió Banco Popular. Asimismo, el despacho requirió una compensación equivalente al valor neto de los activos de Banco Popular a fecha 7 de junio de 2017.