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Masorange
La CNMC culmina la liberalización de la fibra de Telefónica
El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra. Zipi
01/08/2025 23:32
El consejo de la CNMC aprobó el martes la nueva norma que permite levantar las obligaciones que obligaban a Telefónica a alquilar, a precio regulado, sus redes de banda ancha a los rivales. La decisión dará más flexibilidad y agilidad comercial a Movistar para replicar las ofertas de sus competidores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador del sector de telecomunicaciones, ha culminado la liberalización total del mercado de la banda ancha fija residencial, fundamentalmente la fibra. En el consejo del pasado martes 29, la CNMC aprobó el análisis de los mercados de acceso local y acceso central y ha considerado que ya no son mercados de referencia cuyas características obliguen a la "imposición de obligaciones específicas, y no son por tanto susceptibles de regulación ex ante", según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras del proceso. Por lo tanto, se suprimen las obligaciones que ataban a Telefónica de España. La resolución entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el BOE.
Eso significa, simplificando, que a partir de febrero de 2026, Telefónica va a dejar de estar regulada en el mercado de banda ancha. Lo que sí que se va a mantener es la norma actual que obliga a Telefónica a seguir alquilando su infraestructura física, es decir, canalizaciones subterráneas, arquetas, postes, etc, una regulación que se conoce como MARCo. Estas canalizaciones son la base que han usado la inmensa mayoría de los operadores alternativos que han desplegado fibra óptica en España, como Masorange, Digi, Onivia, Vodafone o Avatel y que han provocado que en nuestro país exista un amplio entramado de despliegues de fibra redundantes, con 80 millones de accesos para unos 30 millones de unidades inmobiliarias (viviendas, oficinas y locales).
Los dos grandes factores que han convencido a la CNMC para apoyar esa desregulación total y liberar a Telefónica de ataduras regulatorias en este ámbito, son el fuerte despliegue de redes de fibra que se ha producido en los últimos años, desde la última revisión en 2021 -que incluye la aparición de una docena de nuevos actores mayoristas independientes-, así como la creación de Masorange.
Este operador, fruto de la fusión de MásMóvil y de Orange España, es el líder del mercado por clientes, superando ampliamente a Telefónica España, con lo que difícilmente se puede mantener que Movistar sigue siendo el operador dominante en el mercado.
El impacto de Masorange
Masorange nació a comienzos de abril con más de 30 millones de clientes de servicios móviles y 7,3 millones de banda ancha fija, con una cuota de mercado superior al 40% tanto en fijo como en móvil. Telefónica contaba, en la misma fecha, con 5,94 millones de clientes de banda ancha fija, es decir, 1,36 millones menos que su rival y 20,15 millones de líneas móviles, 10 millones menos que Masorange.
La desregulación total del mercado de banda ancha fija tiene diferentes implicaciones, pero probablemente el cambio más importante sería para Telefónica, ya que le permitiría lograr mucha más agilidad comercial.
Actualmente, cada vez que el operador histórico quiere aprobar una nueva tarifa en España, ésta debe pasar por una revisión de los servicios de la CNMC y supone un plazo de cerca de un mes hasta que recibe el visto bueno. Y, de la misma forma, cuando la operadora española pretende poner en el mercado una promoción temporal, el plazo para lograr el visto bueno del regulador se alarga alrededor de quince días.
Esa circunstancia provoca que la agilidad de Telefónica en el mercado sea necesariamente inferior a la de sus rivales, puesto que no puede reaccionar a las novedades comerciales del resto de los operadores con la misma rapidez que sus competidores.
La 'replicabilidad'
Pero no sólo se trata de los plazos de reacción, sino también de las condiciones en las que puede ofrecer sus servicios. Cualquiera de las ofertas de Movistar debe pasar el filtro de la llamada "replicabilidad", lo que significa que debe ser analizada por la CNMC para asegurar que no produce un "estrechamiento de márgenes". Es decir, que las ofertas de Telefónica tienen que tener unos precios que permitan a sus rivales replicarlas usando para ello los precios mayoristas de Telefónica.
Si el precio o la promoción que quiere lanzar Telefónica es bajo, la CNMC puede considerar que ese precio no puede ser replicado por sus rivales y no se autorizaría. Este mecanismo hace que la liberalización total de la fibra tenga mucha importancia comercial para Telefónica en la retención. Cuando un cliente de una teleco quiere cambiarse a otra y pone en marcha una portabilidad, el operador que pierde el cliente puede intentar retenerlo antes de que la portabilidad se complete con una oferta de retención atractiva. Pero las ofertas de retención de Telefónica también deben pasar el filtro de replicabilidad, lo que limita su capacidad de respuesta a una campaña de los rivales contra su base de usuarios.
Por tanto, si se aprueba la liberalización, Telefónica podrá ser más agresiva y ágil en esas ofertas de retención y eso, previsiblemente, se traduciría en una menor pérdida de clientes.
La desregulación del mercado de la fibra se ha ido produciendo por fases, aunque el hecho de que Telefónica tenga ya hace muchos años acuerdos comerciales firmados voluntariamente con sus principales rivales, como Masorange, Digi o Vodafone, ha hecho que el impacto en el mercado de la medida sea menor.
Fases
En la primera etapa, en febrero de 2016, la CNMC decretó que existía suficiente competencia en el mercado español en un conjunto de 66 ciudades -las más grandes-, por lo que liberalizó esas zonas. Eso suponía que Telefónica no contaba con la obligación de alquilar su red de fibra -desplegada ya en competencia, fundamentalmente a partir de 2012- en municipios que equivalían al 35% de la población. La existencia de acuerdos comerciales permitió a estos operadores seguir teniendo acceso a las redes de Telefónica en las zonas liberalizadas.
La segunda fase de la liberalización se produjo en octubre de 2021, tras una revisión del mercado, cuando la CNMC decidió que ya existía suficiente competencia en 696 ciudades, diez veces más que en la ocasión anterior, lo que suponía que el mercado liberalizado pasaba del 35% al 70% de la población española. Esa es la regulación que está todavía vigente y que será derogada con la reciente decisión de la CNMC.
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