En la antigua Roma, el senado en determinadas ocasiones decidía nombrar dictadores, para solucionar algunos problemas. En otras ocasiones, resulta que son los dictadores los que deciden nombrarse ellos. En definitiva en ambos casos, lo que se consigue es sustituir “el peor de los sistemas, salvo todos los demás”, por una dictadura (que por cierto, salvo en el caso de los romanos no se autodenominará dictadura). En todo caso, siempre hablaremos de “estado de derecho, de orden y de solucionar una situación complicada”.
Pues hoy está pasando un poco lo mismo, en España y en el Mundo; salvo que cargándonos todo lo que recuerde a democracia, no hemos nombrado a un dictador de tal forma que nos hemos quedado en un absurdo.
A los que sean creyentes, ruego por tanto una oración en memoria de la democracia y a los que no lo sean me gustaría pedir que la tengan bien presente en sus pensamientos, porque a buena fe que la echaremos de menos.
Para muchos era evidente el delicado estado de la democracia, golpeada y vilipendiada hasta tal punto que estaba completamente terminal, y también eramos conscientes de que la evolución no hacía presagiar un final feliz. Pero como siempre tratamos de aferrarnos a la esperanza confiábamos en un milagro final que no se ha producido.
Cualquier norma que se nos ocurra tiene su única y fundamental razón de ser en tratar de regular o limitar actuaciones, comportamientos o decisiones que beneficien a unos pocos, a costa de producir unos perjuicios para el conjunto de la sociedad. Imponemos una norma que prohíbe robar, porque se dan dos condiciones: la primera es que existe un beneficio derivado de robar, y por tanto un incentivo para realizar dicha actividad. Y por otro lado es que genera un perjuicio más que evidente entre el resto de las personas.
Pues este sencillo básico es el que se ha olvidado sistemáticamente hasta desmantelar todo lo que conocemos por democracia. No deja de ser irónico que las personas que han dinamitado, (a lo peor hasta sin darse cuenta) el sistema son las que reparten calificativos de antisistema para otros.
Hace tiempo, ya me quejé de la relajación de distintos aspectos de nuestra constitución en un post que llamé “dos lecturas para el fin de semana”, en el que ya comentaba algunos aspectos que dejaban a la constitución española como un libro de ficción; aquello de que cada uno contribuirá al sostenimiento del erario en función de sus posibilidades, o lo del derecho a la vivienda con una política económica destinada a impedir la especulación, o aquello de que la remuneración digna será la que permita el sustento del trabajador y la familia.
Nos cuenta la famosa constitución que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, mientras los citados poderes públicos se reúnen para bajar unas pensiones que son ya actualmente ridículas.
Nos cuenta que se promoverá una renta mejor distribuida, nos cuentan que se garantiza la asistencia a los colectivos en situación de necesidad, (en particular, los desempleados), mientras se elimina la ayuda de los 426 euros. Nos cuenta la constitución que el gobierno ha de garantizar la libertad de empresa en condiciones de economía de mercado, y resulta que aprueba normas dirigidas a evitar guerras de precios o competencia en tantos sectores como grandes empresas tienen acceso al gobierno. Nos cuenta la constitución que los poderes públicos deberán garantizar la negociación colectiva y la fuerza de los convenios, y luego nos encontramos con que ni tan siquiera la administración los cumple. Nos cuenta que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Nos cuentan que deberá garantizarse el derecho a la intimidad y el honor.
Estas son normas de la constitución que en ningún caso deberían ser cuestionadas, son unas reglas que nos rigen a todos, y que por tanto deben ser cumplidas sin ningún tipo de duda, vacilación o impedimento.
Sin embargo, por los mercados, o por presiones de determinados grupos o personas, resulta que todas estas previsiones incluidas en la norma fundamental que ha de regir nuestra conveniencia han sido completamente ignoradas.
Alguien llega a la conclusión de que si las rentas altas pagan impuestos, se van de España, por lo que interesa que paguen poco; pues está claro que puede interesar, y por esto hay una regla que establece que se ha de pagar de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a los criterios de progresividad. Alguien llega a la conclusión de que la especulación inmobiliaria interesa, pues el estado debió luchar contra la especulación inmobiliaria porque era su función. ¿Qué a los mercados les interesa reducir o eliminar la protección a parados?. Pues hay que decirles a los mercados que nuestra constitución garantiza esta protección. ¿Que a las tabacaleras u otras les interesa que exista un cambio fiscal para reducir la competencia?. ¿Qué los bancos centrales y los gobiernos se ponen a manipular los mercados para generar unos beneficios sobre el valor de la deuda o el valor de las entidades financieras?, Pues hay que decirles que esta discusión no procede porque existe una norma que dice que no. ¿Qué en el liberalismo interesa concentrar la renta por razones de eficacia?. Pues la norma que nos rige determina que no. ¿Qué el salario mínimo ha de ser bajado por que le interesa a determinadas personas?. Pues la realidad es que no tiene sentido iniciar esta discusión porque realmente nos encontramos con un mandato conforme tiene que ser suficiente, (cada uno de los salarios) para mantener a una familia. ¿Qué si bajamos las pensiones a la gente le entran ganas de hacerse planes de pensiones?. Pues lo siento pero van a tener que tirar de publicidad y hay que buscar la forma de que las pensiones sean dignas por ley. ¿Qué poniendo un sistema de reclamaciones en el que los usuarios tengan que pasar una odisea e incluso en el caso de las entidades financieras, de seguro o de inversión las conclusiones de los órganos reguladores, ya de por si escoradas, ni sean vinculantes, genera un beneficio para los beneficios de las empresas?. Pues es algo que no se puede ni entrar a discutir, porque es ilegal. ¿Qué determinadas entidades para cobrar préstamos usan el escarnio público e incluso lo publicitan o salen en televisión, puede interesar para mejorar las cuentas del sector bancario?. Pues no se puede ni considerar porque esto está en nuestras normas fundamentales.
En estas circunstancias hemos llegado a una situación en la que se ha declarado el estado de alarma, basado en un conflicto en las torres de control, claro que no se cumple la condición establecida otra vez en la norma básica que ha de regular nuestras actuaciones y sobre todo las del estado, ya que establece que se convocará según el artículo 116 de la constitución cuando concurra la alteración de un servicio público esencial, con otra de las causas que no se han dado, (catástrofe o calamidad pública de carácter natural, epidemias o crisis sanitaria o desabastecimiento de productos de primera necesidad).
Se ha procedido a la militarización de los controladores, siendo incluso acusados de sedición por acontecimientos anteriores a la declaración del estado de alarma, cuando el artículo 117.5 de la constitución nos dice que la jurisdicción militar se aplicará en el ámbito estrictamente castrense y en el estado de sitio, (por tanto que no procede).
Por supuesto, tanto desde el gobierno como desde una gran parte de los grupos políticos, han apoyado esta declaración porque servía para resolver el problema, obviando que desde siempre las dictaduras tienen la gran ventaja de que solucionan los problemas de una forma rápida, eficaz, sencilla y expeditiva, aunque a la larga todas tienen unos efectos secundarios que nuestros parlamentarios no han sabido o querido ver. El cumplimiento de la ley, obligaba a los parlamentarios a votar “no” a la convalidación del estado de alarma, porque es sencillo determinar que en el caso que nos ocupa no procedía. Por supuesto, los fiscales y parlamentarios tenían que haber dicho “No” a las acusaciones de Sedición porque en ningún caso se puede entender que se pueda aplicar un delito de la jurisdicción militar en este caso.
El gobierno finalmente ha solicitado la prórroga del estado de alarma, aunque en numerosas declaraciones se ha jactado de solucionar el problema en 24 horas. Por tanto una vez solucionado el problema, tendremos que aplicar la normativa recogida en la ley orgánica 4/1981 que establece que el estado de alarma tendrá la duración estrictamente indispensable para la vuelta a la normalidad. Dado que se ha vuelto a la normalidad y a pesar de las innumerables ventajas que tal situación ofrece nos encontramos con que los parlamentarios tenían que haber votado “No” otra vez, porque ya no se cumplen las circunstancias que originaron este problema, con el agravante de que además no eran suficientes como he comentado. No tenían que haber votado “Sí” y tampoco podían haberse abstenido.
Pero encontramos una sorpresa adicional en el discurso del PSOE; Resulta que no han sido militarizados, sino que en la página 6 del discurso se dice claramente que son personal civil; de tal forma, que no se entiende en absoluto como los fiscales, mantienen e instan las acciones del delito de sedición o que el gobierno amenaza en la noche del 3 de diciembre de 2010 a los controladores con la incautación inmediata de sus bienes, siendo ambas premisas de la jurisdicción militar. ¿Están los fiscales denunciando delitos que no corresponden, a sabiendas y de forma injusta?.
El discurso nos cuenta que los controladores mantienen TODOS sus derechos, cuando realmente no es cierto, porque hay uno (por lo menos) que han perdido y que es el que origina realmente esta prórroga. Está claro que los controladores que quisiesen seguir en su puesto de trabajo, en estas situaciones se plegarían sin demasiado problema a las exigencias de la empresa. Sólo hay que recordar los expedientes, la presión social que les ha caído y no hace falta más que comprobar el silencio de los sindicatos en general y desde luego la desconvocatoria de las huelgas del resto de personal de AENA. Todos sabemos, y no hacían falta las cartas de los controladores, que cualquier persona que quisiese mantener el trabajo no iba a faltar en estos días bajo ningún concepto. Pero es importante entender el “quisiese mantener el trabajo”, porque estas personas, (recordemos que son eso), no tienen hoy el derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros, de recoger nuestras mesas y dejar de trabajar. El derecho a decir, pues hasta aquí he llegado y rescindir el contrato, (ya sea por la pura dimisión o por la alteración de condiciones de trabajo decretadas el 3 de diciembre que le daría a cualquier trabajador la potestad de romper el contrato laboral).
Por tanto, cualquier trabajador que quiera seguir en ese puesto, no faltaría, pero es posible que algunos, simplemente llegasen a la conclusión de que no volverían. Y mejor que se vayan a partir de enero cuando ninguno tendría problemas de horarios, y en consecuencia, los que se queden podrán cubrir sin problemas ni limites a los que se vayan.
Supongo que todo el mundo dirá que nadie dejará el trabajo, pero si a mí un buen día me encuentro en mi trabajo con una acusación de Sedición, la amenaza de incautación de todos mis bienes, el escarnio público, un trato equiparable a terroristas, las manipulaciones, la militarización, los decretazos y las amenazas, la opción de irme sería la más plausible.
En el mismo discurso se hace referencia a que las peticiones vienen de las asociaciones de hosteleros, de los turoperadores y de IATA, que han pedido la prórroga del estado de alarma, ante los que habría que decir que no, ¡porque no procedía!.
Además me queda un pequeño detalle, que no es otro que los intentos del gobierno de militarizar a un colectivo, lo cual es exclusivo del estado de sitio, primero mediante un real decreto y luego mediante un estado de alarma. De esta forma, el gobierno ha intentado el 3 y 4 de diciembre conseguir los efectos del estado de sitio, y de hecho acusar de sedición a los trabajadores, sin declararlo, lo cual no puede ser entendido de otra forma que cometer un fraude de ley.
Puede que los mercados y las circunstancias hayan dictado unas medidas, pero lo que está claro es que los sucesivos gobiernos, (evidentemente no sólo este, sino que esto es una agonía que han comenzado los anteriores), han ido cargándose nuestra norma fundamental y la democracia con una gran diferencia respecto a lo que es una dictadura. En una dictadura, se sustituye al pueblo como fuente de poder; pero sigue existiendo un estado de derecho. Las leyes no salen de los representantes del pueblo, pero existen leyes que se cumplen.
Es evidente que todos podemos ver las ventajas para hacer la vista gorda con alguna norma para conseguir un beneficio directo. Esto y que a veces es difícil ver los procesos que sólo se detectan a lo largo del tiempo y en valores intangibles, explica como hemos llegado a una situación en la que el hecho de que las decisiones vayan en contra de las normas, deja de ser algo que asusta y pasa a ser un puro formalismo.
Y esta situación me asusta, porque en este momento las leyes se han convertido en papel mojado y una sociedad sin normas está y estará condenada a la decadencia y al desastre. ¡eso sí, despacio pero sin pausa!.
