Me gustaría pensar que tampoco soy el único que opina que en este apartado estamos ante otro claro ejemplo de un desquiciante “Double Think”, en el sentido de lo que es bueno para unos, no lo es para otros.
Desde luego, lo triste es que ya asumamos como normal que aquellos grupos que se oponen a regulaciones o piden directamente procesos desregulatorios, en otros ámbitos, pidan tal o cual medida en aras a incrementar la seguridad jurídica en la actividad.
En medio de esta locura, los reguladores han perdido el norte por completo, llegando a conclusiones que como poco son ridículas. Y el problema no es la cantidad de la regulación, sino el sentido de esta.
La regulación ha de ser la menor posible para que los mercados funcionen correctamente, y uno de los requisitos para que un mercado funcione correctamente no es otro que el equilibrio entre los agentes que intervienen en el mercado. Se nos llena la boca habla de la competencia. Está claro que la situación de competencia perfecta es una completa utopía; sin embargo aunque no exista, lo cierto es que debe ser como todas las utopías; el horizonte hacia el que debemos caminar siempre.
Al final debemos recordar que uno de los requisitos de un mercado de competencia perfecta esta en el equilibrio de poderes. Ni oferta, ni demanda tendrían en este tipo de mercado poder sobre los otros. Esta situación es casi imposible en la práctica, pero sin embargo lo que importa es el grado de desequilibrio y en que sentido influye. Por supuesto, la regulación tiene que tratar de corregir estos desequilibrios, o dicho de otra forma, el poder público tiene que ser la apropiada para conseguir que los mercados tengan un funcionamiento lo más aproximado posible a un sistema de competencia perfecta, para que después sea el mercado el que se ajuste.
Por poner un símil, pensemos en un partido de futbol, los legisladores, han de ser aquellos encargados de poner unas reglas de juego, que no impongan ventajas a ninguno de los equipos, y los gobiernos, han de ocupar el papel de árbitro, ocupándose de que se cumplan estas reglas.
Podemos discutir si existen muchas o pocas reglas, podemos discutir si determinada regla es buena para el futbol o no. Pero lo que no se puede entender es que exista una regla que vaya a favor de un club. Y desde luego, jamás se podrá defender que un arbitro apoye a uno de los equipos, ya que independientemente del beneficio para el equipo que cae en gracia, siempre es perjudicial para el futbol. Y con ello, al final va a ser perjudicial para los dos equipos.
Pues esto es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, en los que están por un lado las entidades y por otro lado las personas. Supongo que todo el mundo estará de acuerdo en que en este tipo de mercado existe una clara asimetría en lo que respecta al poder de mercado, claramente en manos de las entidades financieras. Desde luego, confío en que se acepte como un hecho tal circunstancia.
La lógica más elemental, el sentido común más aplastante y desde luego todas las teorías de corte liberal, nos indican que los estados han de intervenir para tratar de corregir en la medida de lo posible esta desviación.
En previsión de que me llamen de todo, diré que se trata de intervenir para corregir los desajustes que provoca que las entidades tengan una superioridad manifiesta sobre las personas. Es la única (y muy vieja), solución a una clara contradicción que el “dejar hacer” provoca; a saber: el hecho de que alguno de los agentes en el mercado tenga mayor poder, genera ineficiencias en la asignación de recursos, por lo que es función esencial de los estados corregir estas ineficiencias, para que el liberalismo tenga éxito. Y debe hacerlo de forma contundente, ya que en caso contrario, todo lo que deduzcamos a partir de la premisa de libre mercado no tiene validez alguna, invalidando por lo tanto todo el esquema.
Lo más curioso es que realmente, en esta historia, los únicos que tienen voz son las entidades financieras, que por un lado piden menor regulación, (¡no a la regulación de los bonus, no a la regulación de capital, no a las interferencias en gestión,…), de tal forma que nos encontramos con aquello de que el mercado se autoregula perfectamente.
Pero por otro lado, las entidades financieras de vez en cuando nos saltan con el discurso de la seguridad jurídica. Y si a alguien se le ocurre modificar la ley hipotecaria o cualquier otra ley, o incluso tocar la imposición de los productos financieros, nos saltarán con cuatrocientos mil motivos, (desde el que nos interesa lo que a ellos, hasta que sería la ruina), que desembocarán en que para los negocios se necesita una gran seguridad jurídica, so pena de que los inversores se irán.
Sólo hay una forma de entender esta aparente contradicción de las entidades reclamando por un lado mayor seguridad jurídica y por otro lado mayor desregulación. Y no es otro que según donde les conviene. En unos casos donde SU seguridad es importante, apostarán por no relajar la normativa. En otros casos, donde es importante SU poder, apostarán por el libre mercado.
De todas formas, hemos de aclarar que en realidad, es normal y comprensible esto de que los bancos miren completamente por sus intereses. Al fin y al cabo, el jugador de futbol, va a tratar de engañar e intimidar al árbitro, para conseguir unas mejores circunstancias en el partido.
Aquí es donde entran los estados, y su eterna esquizofrenia, ya que simplemente no es que estén tratando de equilibrar las fuerzas del mercado. Es que han tomado partido claramente. Y esto se observa en todos y cada uno de los detalles.
Por ejemplo en marzo se reformó la ley concursal, en el sentido de que existía una cierta inseguridad jurídica para la banca en las refinanciaciones empresariales. En este sentido, hasta ese momento, el juez en el concurso podía anular las refinanciaciones de dos años antes de la presentación de la declaración de concurso.
Este problema era grave para la banca, que podemos imaginar teniendo en cuenta la situación de cualquier promotora, en dificultades financieras. En este sentido, las promotoras, deben dinero a los bancos y por otra parte debían dinero a muchos pequeños autónomos, que hacían contratos para las distintas promociones, (una PYME para las ventanas, otra para los suelos,…).
En este panorama, las refinanciaciones de la banca es dar una patada para adelante a costa de captar mayores garantías inmobiliarias. En este sentido imaginemos que una promotora hiciese dos viviendas. Una estaba hipotecada, y la otra no. Por otra parte la empresa debía una póliza a la entidad financiera firmada con garantía personal y luego a sus proveedores. En caso de no hacer nada, la situación es que el banco con su póliza entraría a competir en las sobras del concurso con las PYMES. Por tanto se firmaba una refinanciación, de tal forma que el banco sin poner un solo euro en la promotora, conseguía hipotecar las dos casas. La consecuencia es que las PYMES simple y llanamente no cobran. La sola posibilidad de que ese acuerdo fuese anulado por un juez, inspiró la citada reforma, atando las manos a los jueces para valorar si la refinanciación mejoraba la situación de la empresa o la empeoraba.
Curiosamente, los bancos tenían desde el primer momento mucha más información de la empresa concursada, tenían sus balances, tenían sus cuentas, desde luego acceso al CIRBE, instrumentos para el análisis y se supone que los conocimientos de las operaciones. Por tanto, además de tener cierto poder sobre la empresa, disponían de muchísima más información que les permitiría evaluar la situación de la empresa en el momento en que contrataban. Si desde luego, la caída de la empresa venía por un excesivo apalancamiento, eran los bancos los que conocían, amparaban y firmaban los contratos de préstamo.
Y la realidad es que con todas estas maniobras, en aquellos casos donde el apalancamiento fue superior al soportable, lo curioso del caso es que derivado de los acuerdos entre bancos y concursada, (son créditos firmados), y gracias al inestimable apoyo del estado, el que pone las ventanas es el que más pierde, por que el banco se queda con todo, la concursada sin deudas, y la PYME completamente arruinada, y si es un autónomo con la deuda de por vida.
Por supuesto, la seguridad jurídica tan deseable en este caso para las entidades, no es de aplicación en el caso de que sea el banco el que no puede cumplir sus obligaciones, y resulta que en la misma época los inversores en el fondo de Banif, han quedado completamente desprotegidos ante problemas de la entidad para satisfacer los reembolsos. Ni jueces, ni normas, ni absolutamente nada de nada. Algunos dirán que desde luego es un fondo con riesgo, pero desde luego es difícil encontrar muchas diferencias con una suspensión de pagos, (que realmente es lo que es),salvo que si yo presento concurso me tengo que enfrentar a lo que todos conocemos y en el caso de que un fondo suspenda los pagos, dará lo que quiera, cuando lo quiera y sin ningún tipo de control. Este tema ya lo había comentado ampliamente en el post de “la defensa de los inversores”.
Por supuesto, las relaciones entre bancos y sus clientes es de capitulo aparte, por mucho que Elena Salgado, afirme la total protección de los consumidores ante posibles abusos de las entidades financieras. Me gustaría recordar el post en el que analizaba los procesos y datos del servicio de reclamaciones del Banco de España.
Y ya no hablamos de cuando hay problemas, por que desde luego la situación de los morosos en España y determinadas tácticas, propias de la mafia, chocan con la triste realidad de que introduciendo en Google las palabras “condena agencia recobro”, no haya aparecido ni una sola noticia. (si ponemos la palabra “investigada”, tampoco).
Sinceramente, un gobierno debe buscar equilibrar de alguna forma los mercados, pero esta nueva situación en la que un gobierno socialista y calificado de comunista en muchos comentarios, esté apoyando tan claramente al sector financiero: ¡es de locos!.
Desde luego, lo triste es que ya asumamos como normal que aquellos grupos que se oponen a regulaciones o piden directamente procesos desregulatorios, en otros ámbitos, pidan tal o cual medida en aras a incrementar la seguridad jurídica en la actividad.
En medio de esta locura, los reguladores han perdido el norte por completo, llegando a conclusiones que como poco son ridículas. Y el problema no es la cantidad de la regulación, sino el sentido de esta.
La regulación ha de ser la menor posible para que los mercados funcionen correctamente, y uno de los requisitos para que un mercado funcione correctamente no es otro que el equilibrio entre los agentes que intervienen en el mercado. Se nos llena la boca habla de la competencia. Está claro que la situación de competencia perfecta es una completa utopía; sin embargo aunque no exista, lo cierto es que debe ser como todas las utopías; el horizonte hacia el que debemos caminar siempre.
Al final debemos recordar que uno de los requisitos de un mercado de competencia perfecta esta en el equilibrio de poderes. Ni oferta, ni demanda tendrían en este tipo de mercado poder sobre los otros. Esta situación es casi imposible en la práctica, pero sin embargo lo que importa es el grado de desequilibrio y en que sentido influye. Por supuesto, la regulación tiene que tratar de corregir estos desequilibrios, o dicho de otra forma, el poder público tiene que ser la apropiada para conseguir que los mercados tengan un funcionamiento lo más aproximado posible a un sistema de competencia perfecta, para que después sea el mercado el que se ajuste.
Por poner un símil, pensemos en un partido de futbol, los legisladores, han de ser aquellos encargados de poner unas reglas de juego, que no impongan ventajas a ninguno de los equipos, y los gobiernos, han de ocupar el papel de árbitro, ocupándose de que se cumplan estas reglas.
Podemos discutir si existen muchas o pocas reglas, podemos discutir si determinada regla es buena para el futbol o no. Pero lo que no se puede entender es que exista una regla que vaya a favor de un club. Y desde luego, jamás se podrá defender que un arbitro apoye a uno de los equipos, ya que independientemente del beneficio para el equipo que cae en gracia, siempre es perjudicial para el futbol. Y con ello, al final va a ser perjudicial para los dos equipos.
Pues esto es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, en los que están por un lado las entidades y por otro lado las personas. Supongo que todo el mundo estará de acuerdo en que en este tipo de mercado existe una clara asimetría en lo que respecta al poder de mercado, claramente en manos de las entidades financieras. Desde luego, confío en que se acepte como un hecho tal circunstancia.
La lógica más elemental, el sentido común más aplastante y desde luego todas las teorías de corte liberal, nos indican que los estados han de intervenir para tratar de corregir en la medida de lo posible esta desviación.
En previsión de que me llamen de todo, diré que se trata de intervenir para corregir los desajustes que provoca que las entidades tengan una superioridad manifiesta sobre las personas. Es la única (y muy vieja), solución a una clara contradicción que el “dejar hacer” provoca; a saber: el hecho de que alguno de los agentes en el mercado tenga mayor poder, genera ineficiencias en la asignación de recursos, por lo que es función esencial de los estados corregir estas ineficiencias, para que el liberalismo tenga éxito. Y debe hacerlo de forma contundente, ya que en caso contrario, todo lo que deduzcamos a partir de la premisa de libre mercado no tiene validez alguna, invalidando por lo tanto todo el esquema.
Lo más curioso es que realmente, en esta historia, los únicos que tienen voz son las entidades financieras, que por un lado piden menor regulación, (¡no a la regulación de los bonus, no a la regulación de capital, no a las interferencias en gestión,…), de tal forma que nos encontramos con aquello de que el mercado se autoregula perfectamente.
Pero por otro lado, las entidades financieras de vez en cuando nos saltan con el discurso de la seguridad jurídica. Y si a alguien se le ocurre modificar la ley hipotecaria o cualquier otra ley, o incluso tocar la imposición de los productos financieros, nos saltarán con cuatrocientos mil motivos, (desde el que nos interesa lo que a ellos, hasta que sería la ruina), que desembocarán en que para los negocios se necesita una gran seguridad jurídica, so pena de que los inversores se irán.
Sólo hay una forma de entender esta aparente contradicción de las entidades reclamando por un lado mayor seguridad jurídica y por otro lado mayor desregulación. Y no es otro que según donde les conviene. En unos casos donde SU seguridad es importante, apostarán por no relajar la normativa. En otros casos, donde es importante SU poder, apostarán por el libre mercado.
De todas formas, hemos de aclarar que en realidad, es normal y comprensible esto de que los bancos miren completamente por sus intereses. Al fin y al cabo, el jugador de futbol, va a tratar de engañar e intimidar al árbitro, para conseguir unas mejores circunstancias en el partido.
Aquí es donde entran los estados, y su eterna esquizofrenia, ya que simplemente no es que estén tratando de equilibrar las fuerzas del mercado. Es que han tomado partido claramente. Y esto se observa en todos y cada uno de los detalles.
Por ejemplo en marzo se reformó la ley concursal, en el sentido de que existía una cierta inseguridad jurídica para la banca en las refinanciaciones empresariales. En este sentido, hasta ese momento, el juez en el concurso podía anular las refinanciaciones de dos años antes de la presentación de la declaración de concurso.
Este problema era grave para la banca, que podemos imaginar teniendo en cuenta la situación de cualquier promotora, en dificultades financieras. En este sentido, las promotoras, deben dinero a los bancos y por otra parte debían dinero a muchos pequeños autónomos, que hacían contratos para las distintas promociones, (una PYME para las ventanas, otra para los suelos,…).
En este panorama, las refinanciaciones de la banca es dar una patada para adelante a costa de captar mayores garantías inmobiliarias. En este sentido imaginemos que una promotora hiciese dos viviendas. Una estaba hipotecada, y la otra no. Por otra parte la empresa debía una póliza a la entidad financiera firmada con garantía personal y luego a sus proveedores. En caso de no hacer nada, la situación es que el banco con su póliza entraría a competir en las sobras del concurso con las PYMES. Por tanto se firmaba una refinanciación, de tal forma que el banco sin poner un solo euro en la promotora, conseguía hipotecar las dos casas. La consecuencia es que las PYMES simple y llanamente no cobran. La sola posibilidad de que ese acuerdo fuese anulado por un juez, inspiró la citada reforma, atando las manos a los jueces para valorar si la refinanciación mejoraba la situación de la empresa o la empeoraba.
Curiosamente, los bancos tenían desde el primer momento mucha más información de la empresa concursada, tenían sus balances, tenían sus cuentas, desde luego acceso al CIRBE, instrumentos para el análisis y se supone que los conocimientos de las operaciones. Por tanto, además de tener cierto poder sobre la empresa, disponían de muchísima más información que les permitiría evaluar la situación de la empresa en el momento en que contrataban. Si desde luego, la caída de la empresa venía por un excesivo apalancamiento, eran los bancos los que conocían, amparaban y firmaban los contratos de préstamo.
Y la realidad es que con todas estas maniobras, en aquellos casos donde el apalancamiento fue superior al soportable, lo curioso del caso es que derivado de los acuerdos entre bancos y concursada, (son créditos firmados), y gracias al inestimable apoyo del estado, el que pone las ventanas es el que más pierde, por que el banco se queda con todo, la concursada sin deudas, y la PYME completamente arruinada, y si es un autónomo con la deuda de por vida.
Por supuesto, la seguridad jurídica tan deseable en este caso para las entidades, no es de aplicación en el caso de que sea el banco el que no puede cumplir sus obligaciones, y resulta que en la misma época los inversores en el fondo de Banif, han quedado completamente desprotegidos ante problemas de la entidad para satisfacer los reembolsos. Ni jueces, ni normas, ni absolutamente nada de nada. Algunos dirán que desde luego es un fondo con riesgo, pero desde luego es difícil encontrar muchas diferencias con una suspensión de pagos, (que realmente es lo que es),salvo que si yo presento concurso me tengo que enfrentar a lo que todos conocemos y en el caso de que un fondo suspenda los pagos, dará lo que quiera, cuando lo quiera y sin ningún tipo de control. Este tema ya lo había comentado ampliamente en el post de “la defensa de los inversores”.
Por supuesto, las relaciones entre bancos y sus clientes es de capitulo aparte, por mucho que Elena Salgado, afirme la total protección de los consumidores ante posibles abusos de las entidades financieras. Me gustaría recordar el post en el que analizaba los procesos y datos del servicio de reclamaciones del Banco de España.
Y ya no hablamos de cuando hay problemas, por que desde luego la situación de los morosos en España y determinadas tácticas, propias de la mafia, chocan con la triste realidad de que introduciendo en Google las palabras “condena agencia recobro”, no haya aparecido ni una sola noticia. (si ponemos la palabra “investigada”, tampoco).
Sinceramente, un gobierno debe buscar equilibrar de alguna forma los mercados, pero esta nueva situación en la que un gobierno socialista y calificado de comunista en muchos comentarios, esté apoyando tan claramente al sector financiero: ¡es de locos!.
