Un servidor acababa el verano de 1990 comenzando mis estudios universitarios en la Universidad de A Coruña. En aquellos momentos iniciaba los últimos 5 años de formación reglada. Supongo que la experiencia no dista mucho de aquello que han sentido miles de alumnos en las distintas facultades españolas. En resumen, podría decir que pasé cinco años que tuvieron cosas buenas, algunas mejorables y también algunas difícilmente confesables.
En aquellos tiempos, cuando los alumnos de económicas acabábamos el primer ciclo siempre se nos planteaba la opción de acabar la carrera en la Universidad de Santiago. El plan de estudios era distinto y en Santiago primaba más la confección de trabajos, de tal forma que podías cursar 4º y 5º sin apenas hacer exámenes. En A Coruña resulta que se habían empeñado en examinar para todo. Además, siendo decano Antonio Erias, se consideraba el nivel del profesorado y de la facultad en función del número de suspensos; siempre me pareció curioso que un profesor fuese mejor valorado cuando peores fuesen los resultados de los alumnos, pero esta era la realidad.
A pesar de que me parecía más interesante el método de Santiago, opté por seguir en A Coruña en base a una “leyenda urbana” que circulaba en el momento; las empresas sacaban ofertas de empleo en las que explícitamente descartaban a los licenciados en las universidades de La Laguna y de Santiago. Creerme tal bulo es una de las cosas inconfesables de la época.
Es posible que en Santiago hubiese aprendido más (no lo acabo de creer) con menos esfuerzo y, desde luego, hubiese tenido menos emociones y reconozco que al final aquello de “mejor lo más difícil” es un argumento interesado y de parte (dar la razón a quien afirme que con trabajos se aprende mejor sería aceptar que fui tonto, lo que no es sencillo).
Todo esto me viene a la memoria cuando conozco que la Universidad Juan Carlos I ha llegado a un acuerdo con la policía para solucionar un problema un poco curioso que tienen en el cuerpo. Resulta que en la policía existen cientos de comisarios y miles de inspectores jefe que no disponen del título universitario para dicho puesto. Aquí tenemos un primer problema; no alcanzo a entender la razón de todo este dislate. La ley está clara y entiendo que la policía y las autoridades (estas a quienes debemos obedecer) han de cumplirla, aunque sea injusta. Entiendo que se pueda discutir si es justa o no; pero si es obligatorio que una persona tenga un determinado título para estar en determinado puesto no se puede defender que nos encontremos en tal situación.
Las soluciones parecen fáciles; o cesan en los puestos todas y cada una de las personas que no cumplen los requisitos o se repiensan los requisitos y discutimos sobre la justicia o no de dicha norma. Sin embargo, ha surgido una opción adicional que lo simplifica todo.
Una Universidad Privada ha decidido llegar a un acuerdo con la Policía por el que tras 8 meses de formación on-line, el pago de 3.000 € y la convalidación de los cursos que hayan hecho estos comisarios adquieren un título universitario. Y olé.
Por otra parte, parece que además desde la Policía se plantea la creación de una especie de “universidad” dentro de la División Interna de Formación de la Policía de tal forma que los cursos de formación interna que tengan los agentes sirvan en el futuro para alcanzar un título universitario.
Parece evidente que esta solución es la más adecuada a los intereses de todo el mundo (salvo quizás para la Universidad Juan Carlos I que perderá una fuente de negocio importante), pero en realidad estamos asistiendo a un dislate de proporciones inimaginables.
Soy incapaz de entender que una universidad (bien sea una universidad privada como pública) tenga la ocurrencia de convalidar cursos de formación interna de trabajadores. Ni tan siquiera tiene nada que ver con la calidad. En primer lugar, los cursos para ascender en el trabajo de la policía no están ni tan siquiera reconocidos en ningún lado. Y, en segundo lugar, no tiene sentido ninguno que los cursos impartidos en el marco laboral generen licenciados o titulados. Es simple y llanamente una falta de respeto a todos los licenciados y a todos los trabajadores cuyos cursos no sirven para alcanzar el título en cuestión.
¿Cuánta gente ha suspendido este curso? Apuesto lo que sea a que el curso en cuestión de la Universidad Juan Carlos I lo han aprobado todos los alumnos que se han presentado, lo cual tendría un mérito añadido debido a que es gente que está trabajando en profesiones que requieren muchas horas y con mucho estrés; a personas que no han estudiado en su momento (lo cual es peor que perder el hábito del estudio).
Los beneficios están claros para todo el mundo; los afectados tienen el titulo para desarrollar su puesto de trabajo; los jóvenes pueden ir echando cuentas y deduciendo que lo mejor para tener un título universitario es meterse en la policía; porque te van contando los cursos que te van dando para acceder de forma sencilla y barata a un título.
Respecto a otros trabajadores, pues siempre pueden esperar que se creen antecedentes; por ejemplo un economista en Hacienda, puede optar a Derecho por haber ido a unos cuantos seminarios sobre derecho fiscal, civil y luego un acuerdo para hacer online unos temarios durante ocho meses.
Y la Universidad Juan Carlos I pues saca un dinerito a costa de entregarse; a fin y a cuentas los mayores perjudicados somos los que ya hemos hecho una carrera universitaria en sus cinco añitos por un importe mayor de 3.000 euros y jugándonos un suspenso. Por descontado, los que ahora tengan títulos de la Juan Carlos I han de reconocer que los mire con más escepticismo que antes. No es que me preocupen demasiado las personas que vienen con un título por delante; pero ¿Qué he de pensar si el argumento de alguien es un título de la Juan Carlos I?