Madrid anuncia que modifica sus tarifas de aparcamiento regulado introduciendo, entre otros, criterios medioambientales. De esta forma, los vehículos pagarán distintas tarifas en función de la antigüedad del vehículo.
Por ejemplo un diésel comprado antes de 2001 pagará un 20% de recargo sobre la tarifa base, mientras que un coche gasolina de 8 años o el diésel que se compre el año que viene (curioso) pagará la tarifa base con una bonificación del 20%. Los criterios para definir todas las tarifas son el año de matriculación dentro de cada uno de los tipos de combustible.
Dicha medida, recuerda mucho a las peticiones reiteradas de ANFAC , (Asociación nacional de fabricantes de automóviles y camiones) de imponer medidas que incentiven la renovación de vehículos, que de acuerdo (por supuesto) a criterios medioambientales. Por descontado, desde la propia asociación, (y otras sectoriales, al igual que fabricantes por su cuenta), se olvidan de decir que en realidad lo que están proponiendo es presionar a las personas para que renueven sus vehículos por la simple aritmética de que cuando cumple años el vehículo saldrá más caro.
Pero, ¿De verdad la medida propuesta tiene carácter medioambiental?. Todos los argumentos se basan en que los coches más modernos son menos contaminantes que los antiguos; lo cual es cierto, aunque también es falso. Cuando leemos cualquier análisis de cualquier vehículo, (ponga un Opel corsa, por ejemplo), encontrará siempre aquello de “se reduce el consumo respecto a la versión anterior”; lo cual significa exactamente esto. Pero claro, ojo que cuando analizamos la frase al total de los coches, nos lleva a burradas como concluir que un todoterreno con un motor de ocho cilindros de combustible matriculado en 2006, consume y contamina menos que un polo diésel del 2000.
Esto es lo que está ocurriendo en este caso, la tarifa de aparcar el todoterreno gigante de gasolina del 2006 es un 50% más barata que el polo diésel del 2000; lo que no deja de ser curioso porque además del consumo de combustible, la fabricación, el espacio necesario para aparcar, el desgaste de las infraestructuras y la capacidad adquisitiva, nos llevarían a concluir que dicho resultado es un desastre total y absoluto.
Evidentemente estos fenómenos se hubiesen podido evitar sin mayores problemas en un sector en el que los datos sobre eficiencia y contaminantes de los distintos modelos son perfectamente conocidos, de tal forma que se hubiesen podido poner criterios medioambientales con pocos problemas. Pero claro, lo que importa es el año de matriculación porque lo que importa es únicamente la matriculación de nuevos vehículos, lo cual viene muy bien a los que los venden y fabrican.
Y a fin de beneficiar al lobby de turno, a nadie se le ocurre considerar dicha actividad como un impuesto. Estamos ante un precio fijado en el Boletín oficial de la provincia, por una administración pública, en base a la utilización de lo público, que supone un coste para los ciudadanos y con distintos criterios y argumentos sociales. Técnicamente no es un precio público, pero económicamente supone una detracción de la renta de unos para ir a otros con carácter obligatorio y regulado por el estado.
En este sentido, el ejemplo anterior ilustra perfectamente cómo afectará en referencia a la progresividad; (se baja al del todoterreno y se sube al del polo, lo cual implica que beneficiará más a las rentas altas que a las rentas bajas). Se me puede acusar de demagógico por usar este ejemplo precisamente para comprobar la regresividad de la medida; pero en realidad tal demagogia no hace falta; los propietarios de vehículos más antiguos son los que más pagarán, mientras que los propietarios de vehículos más nuevos tendrán rebaja. Dado que la decisión de compra de vehículos se ve muy condicionada por la renta de las personas, es fácil inferir que existe una correlación fuerte entre ingresos de las personas y antigüedad del vehículo. Por tanto, las rentas altas, además de tener otras opciones, renovarán vehículos con mayor frecuencia, y por tanto pagarán menos por aparcar.
Y este efecto regresivo se va a ir acentuando con la edad media de los automóviles que se está disparando debido a la situación económica en España, lo cual nos deja un par de beneficiarios adicionales de dicho esquema: Por un lado el ayuntamiento puede presumir de bajar tarifas de aparcamiento y por otro lado los concesionarios de los servicios pueden cobrar un importe muy superior ya que si existen menos coches con bonificación, (los nuevos) que con recargos, (antiguos), el total a recaudar y el total de coste de los ciudadanos por aparcar sube.
En definitiva, estamos ante otra medida impuesta por un gobierno autodefinido como liberal que supone en la práctica un impuesto para beneficiar a determinadas concesiones introduciendo regresividad, para alterar el mercado de vehículos detrayendo más recursos de las personas a costa de lo público. En fin…
