Me gustaría llamar la atención sobre un par de conceptos, que pueden parecer similares, ciudadano y contribuyente. En todo caso me gustaría que se entienda que me refiero más al aspecto digamos que figurado que al estrictamente técnico. Es decir, somos ciudadanos, desde el punto y hora que estamos integrados en una estructura determinada, (por ejemplo la española), y somos contribuyentes desde el momento en que pagamos está determinada estructura.
Lo habitual es que la inmensa mayoría de nosotros seamos ambas cosas a la vez pero sin embargo a veces no coincide. Sin embargo en este post, me gustaría llamar la atención a un hecho distinto. Es aquel punto en el que se olvida que somos las dos cosas.
En particular me refiero a un punto que ha quedado un poco escondido cuando se habla de la banca y de aquello de “reducir el coste para los contribuyentes”. Más allá de que el riesgo para el contribuyente de una actividad privada debería ser cero, lo que tenemos es el olvido de que además de contribuyentes, somos ciudadanos.
Lo cierto es que tan sólo se entienden los rescates y ayudas como aquellos importes que salgan directamente de los fondos públicos, pero jamás se tienen en cuenta aquellos beneficios que vengan derivados de los ciudadanos. Está claro que el hecho de que se haya permitido, o incluso alentado, que las entidades consiguiesen unas plusvalías a costa de pérdidas en activos como las preferentes, o que incluso con una sentencia del supremo en el que se declaran abusivas las clausulas suelo, pero que dice que “el abuso pasado se queda”, la normativa que limita el libremercado pero sólo cuando hablamos de depósitos pero que luego se olvida de defender los derechos de los clientes en todo tipo de operaciones de pasivos y activos, son ejemplos perfectos. ¿Cuánto ha costado esto al contribuyente?, pues en teoría, incluso ha salido beneficiado, ya que con la perversión de considerar normal que si los bancos pierden, el contribuyente tendrá que pagar la factura será cada vez menor. De hecho, es increíble como en estos casos el reparar ciertos abusos se acabe confundiendo como un coste del contribuyente.
Pero aunque no le haya costado dinero al contribuyente; ¿cuánto dinero le ha costado al ciudadano?. Tenemos todo un rosario de pequeñas decisiones, de omisiones y de normativas favorables a los intereses de un grupo determinado, que suponen ingentes costes para el resto de los ciudadanos, que tenemos que soportar todos estos costes sin poder apenas opinar.
Este proceso se observa muy fácilmente en la banca, pero se repite en muchos sectores en una dinámica en la que todo grupo de presión logra cambiar las reglas del juego a diario, sin que exista ni un solo contrapoder, ni parezca existir absolutamente nadie que recuerde que al final todo esto iba precisamente de ciudadanos y no de contribuyentes. ¿O es que nadie se acuerda que sí somos contribuyentes es precisamente porque es la mejor forma de mejorar como ciudadanos?.
Y este es realmente el problema de las políticas que se están llevando a cabo en Europa y es realmente el grave problema del acuerdo (o lo que sea) sobre las entidades financieras de la semana pasada. Que indirectamente, al hablar tan sólo de contribuyente, nos encontramos con unas reglas que obligan directamente a que los ciudadanos, (y ojo, que dentro del capítulo ciudadanos, nos encontramos también con aquellos que obtengan sus rentas desde empresas), han de contribuir como sea y con lo que sea para que las entidades financieras tengan beneficios y no tengan que acudir a los contribuyentes.
Y aquí estamos; resulta que la primera conclusión evidente después de esa junta es que el gobierno ha reaccionado instando un recurso de constitucionalidad y solicitando un informe por la vía de urgencia, a remitir por el consejo de estado en tres días para acabar con el decreto antidesahucios de Andalucia, (y supongo que el de Navarra que va en camino).
Sí el mismo gobierno que aunque no haya montado lo de las preferentes, aún no lo ha solucionado y el mismo gobierno que aunque no haya montado la ley hipotecaria no ha hecho lo mínimo por equilibrar el mercado, (más bien al contrario). El mismo gobierno que por cierto, impone la imposibilidad de desalojo en viviendas de entidades financieras, (en aquellos casos en los que existan unas personas muy especiales afectadas), y sólo de entidades financieras, pero que ahora introduce como argumento para llevar al constitucional este decreto que sólo afecta a las viviendas en manos de entidades financieras. El mismo gobierno que recurre una sanción a las viviendas vacías no alquiladas, cuando lo curioso es que no hace otra cosa que imponer penalidades a todo el mundo vendidas como sacrificios en aras del bien común.
Y lo peor es que esto no es otra cosa más que un ejemplo que deja muy a las claras que, los ciudadanos importan bastante poco, y los contribuyentes, no acabamos de ser más que el paganini de último recurso cuando los ciudadanos no podemos más.
Y es que al final, resulta que los gobiernos, los bancos centrales y todo el mundo tienen una única obsesión: ¡que los bancos se capitalicen!, aunque sea a costa de ciudadanos y finalmente de contribuyentes.
