En Galicia nos hemos visto de pronto salpicados por otro caso en el que se detienen políticos, empresarios y funcionarios, a cuenta de lo que parecen ser el enésimo caso de corrupción que nos está desbordando.
A día de hoy apenas hay datos y si mucha rumorología, pero sin embargo, las luces y los disparos, en muchas ocasiones a ciegas, para tratar de entender lo que ha ocurrido y de que se acusa a los detenidos, nos ha permitido extraer alguna conclusión que debería ser como mínimo inquietante.
Inquietante, sobre todo porque no se refiere a la parte penal o a la investigación, sino a la situación en la que nos encontraríamos en el caso de que no existiese ninguna ilegalidad que sale ahora a la luz.
Resulta que en Ourense, como en tantas otras ciudades, hace unos cuantos años se ha instaurado la ORA, (Ordenanza de Regulación de Aparcamientos), en el que como todos sabemos se impone el pago por aparcar en la mayoría de las plazas de aparcamiento de la ciudad, o por lo menos en las del centro, donde existen mayores problemas para el estacionamiento.
Oficialmente este sistema se introduce para solucionar los problemas de estacionamiento, que en realidad se ven agravados, sobre todo por la eliminación de gran parte de los aparcamientos en la ciudad. (lo cual viene muy bien, por cierto a las concesiones de los numerosos aparcamientos públicos, pero gestionados y explotados por empresas privadas que han florecido). En definitiva, en ningún momento se ha logrado el objetivo de lograr facilidades de aparcamiento, y de hecho en numerosos casos, lo que se ha conseguido es precisamente que el aparcamiento sea más difícil y más caro.
En realidad todo el mundo pensaba que esta medida venía defendida por el ánimo recaudador del ayuntamiento, que encontraba en los sistemas ORA una forma de financiarse adicional. Pero la realidad es que cuando hablamos de todos estos sistemas de aparcamiento y concesiones administrativas, ya he tratado de exponer en numerosos casos que no responde a ningún tipo de ánimo recaudador, sino al ánimo de ofrecer negocios a distintas empresas.
Todo queda perfectamente aclarado cuando vemos casos como el que ahora salta. En teoría tenemos un contrato de gestión de la ora, que según informa Diario Atlántico, supone que la empresa explota los servicios de grúa y de aparcamiento en Ourense. Se queda con los ingresos y aporta un canon anual de 1.000.000 € al año.
Sin embargo, la realidad es que resulta que nos encontramos en una situación en la que el ayuntamiento de Ourense, no sólo no recoge este 1.000.000, sino que a lo largo de 2012, se encuentra pagando 1.400.000 € a la empresa porque la explotación de estos servicios parece que no ofrece los rendimientos esperados a la empresa.
La situación, con otras cifras se reproduce tanto en Lugo como en A Coruña y lo especialmente grave es que esto no parece ser lo que ha motivado la intervención de las autoridades, sino que esto es completamente legal. Estas detenciones pueden venir derivadas de que en el proceso de selección de la empresa se haya cometido alguna ilegalidad, (lo que significaría que otra estuviese realizando este negocio, pero no supondría diferencia alguna en el esquema global), otra de las explicaciones a los hechos imputados, corresponden a que la empresa hubiese falsificado los datos para explicar unos gastos superiores que en definitiva originarían los pagos hacía la empresa en lugar de pagar los canon a los ayuntamientos.
Sin embargo, y repito, más allá de las posibles ilegalidades, asumiendo que todo fuese legal nos encontraríamos con una situación en la que los ciudadanos pagamos todos los días la ORA para aparcar, que además de costes genera inconvenientes, sin que se solucione absolutamente ningún problema para aparcar, y todo ello directamente a una empresa, para que luego exista la posibilidad (en este caso realizada) de que el ayuntamiento tenga que pagar más por esto.
Lo que significa es que se está detrayendo dinero de los ciudadanos, y se está detrayendo dinero de los contribuyentes, (teniendo en cuenta que son los mismos), para prestar un servicio que curiosamente no es otro que cobrar a los ciudadanos, por aparcar en unas vías que han pagado los ciudadanos que por cierto también pagamos un impuesto de circulación para estas cosas.
Estos son los ejemplos de decisiones, medidas y políticas que se deben cambiar de forma imperiosa para tratar de salir de una situación en la que la presión fiscal, las condiciones de los trabajadores y las cuentas públicas se están deteriorando, mientras nos encontramos con todo un colectivo de “empresarios” que viven de un negocio que tiene el nombre, pocas veces tan apropiado, de “concesiones”.
Cuando se decide sobre cualquier servicio público, se ha de determinar si en realidad es un servicio público o no, y para esto tiene que provocar cualquier tipo de beneficio a la sociedad en su conjunto. En el caso de los aparcamientos el único servicio a la comunidad es resolver el problema de aparcamiento, y esto sólo pasa por más plazas, (no por cobrar más por menos plazas). Por tanto, los sistemas ORA han de ser eliminados por inútiles y contraproducentes.
En el caso de que sí se produzcan beneficios, (nuevos aparcamientos o el servicio de grúa municipal), se deben hacer siempre de la forma más barata, en conjunto para los ciudadanos, ya sea como tales o como contribuyentes.
De esta forma, se debe analizar con mucho cuidado; ¿Qué es más barato? Y ¿Qué es lo más eficiente?. Lo malo es que hace tiempo que la democracia y las instituciones no sirven a su cometido que es prestar servicios públicos a los ciudadanos de la forma más eficiente posible, en lugar de buscar generar negocios a costa de los ciudadanos, para que determinadas personas se enriquezcan creando valor en aspectos como “cobrar a los ciudadanos y a los contribuyentes”.
