Ya se van conociendo ciertas filtraciones sobre la normativa para evitar los casos de abusos en casos como los de preferentes. Se habla de la necesidad de que las personas escriban determinadas condiciones de su puño y letra y de ciertos límites.
La medida que consiste en que las entidades escriban de puño y letra los riesgos es una medida que va claramente en la dirección correcta. Evidentemente lo de esconder las verdades en medio de un buen número de folios que nunca se leen porque la gente confía, (o debería confiar) en las entidades es un paso en el buen camino. Falta por saber lo que van a poner, porque a lo mejor se les obliga a escribir un texto inocuo o que no tenga mucho que ver, lo que provocará que no sirva para nada y sea contradictorio.
Sin embargo, hay otra medida que es claramente una trampa; Se plantea impedir a las entidades que no coticen en bolsa, la comercialización por importes menores a 100.000 de estos elementos, lo cual es una salvajada desde todos los puntos de vista. El primero y muy obvio es que, otra vez volvemos a establecer una diferencia que curiosamente siempre impone una penalidad a unas entidades mucho superior que a otras entidades. Las consecuencias son sencillas de entender, al introducir o eliminar ventajas para las no cotizadas frente a las cotizadas que consiguen una ventaja competitiva derivada de imposiciones legales.
Pero lo más grave es que no sólo no ataja el fondo del problema, sino que lo puede empeorar. Ante esto me gustaría recordar que el problema de las preferentes (y otros), no es que las cajas hayan colocado mediante unas tácticas que no pueden ser admisibles, (porque de otra forma no las hubiesen colocado jamás). El problema es que todas las entidades financieras han colocado todo un surtido de productos, con engaños u omisiones de información relevante, lo que ha acabado siempre perjudicando a los ciudadanos y beneficiando a las entidades financieras. El problema es que si bien sobre las tropelías de las cajas se ha informado con bastante profundidad, el apagón informativo sobre todos los casos de los bancos ha sido total, lo cual significa, que aunque la evidencia de los medios de comunicación enfoca el problema sobre unas entidades, estamos ante un caso en el que “los ojos”, nos están transmitiendo información errónea, lo cual nos llevaría a un diagnóstico erróneo y en consecuencia a que las soluciones planteadas van en sentido contrario.
De lo que se trata no es de prohibir determinados instrumentos, y mucho menos de prohibirlos para determinadas entidades y permitirlos para otras, sino de establecer todo un sistema de normas en el que, sea quien sea, se protejan los intereses de los ciudadanos, de tal forma que el que quiera comprar preferentes, tenga que tener toda la información y poder comprarlas, sea donde sea, y de la misma forma, el que no quiera arriesgar sus ahorros, pueda ir con total tranquilidad a cualquier entidad de crédito y saber que va a recibir lo que pide. De hecho, curiosamente lo que se debería pedir es lo que teóricamente ya tenemos.
Sí quisiesen solucionar el problema de que las entidades financieras hayan cometido cuatrocientos mil abusos, lo único que habría que cambiar son las normas que permiten que en una situación en la que se han cometido tantos abusos, las entidades financieras no están perdiendo dinero. Es así de simple. Se han cometido tantas barbaridades, porque a las entidades financieras no les ocurre lo mismo que al resto de los mortales cuando cometemos una barbaridad. Para solucionar el problema, tan sólo hay que vigilar las entidades, vigilar las comercializaciones, (no es de recibo el hecho de que se estafe de forma masiva y a las claras, entendiendo estafa como engaño para obtener un lucro), y por supuesto instrumentar los servicios de reclamaciones y la justicia para que las personas que finalmente hayan sido engañadas puedan verse resarcidas en sus derechos.
¿Va lo que parece que va a ser la reforma en este sentido?. Pues tenemos que ir a lo siguiente que se conoce, y que desarrolla el documento de entrega, (también llamado memorándum de entendimiento), que hace referencia a una situación en la que el FROB decidirá lo que le de la real gana sobre las preferentes, de tal forma que las podrá recomprar, al precio que se fijen, podrá transformarlas, en las condiciones que sean, suspender pagos, condiciones o incluso derechos de los poseedores de vehículos híbridos y al final todo ello eliminando incluso el derecho a reclamar.
Pues si lo juntamos todo en la coctelera, agitamos un poco y luego dejamos que sedimente, tan sólo podemos entender que realmente lo que se plantea es la enésima reforma de las reglas del juego, encuadrada en la traída y manida contradicción entre un debate planteado entre seguridad jurídica y desregulación que siempre beneficia a una parte, (y no a un argumento), en la que en definitiva no se está intentando solucionar el problema de los instrumentos de deuda híbridos, entendido como evitar que existan abusos y engaños, sino que se está buscando la forma de convertir un problema para todo el mundo en una ventaja para la banca, eliminando los riesgos de las entidades, y por tanto haciendo mayor el problema para la sociedad.
Y todo ello, con un sistema que ya ralla el fascismo, porque no se puede entender de otra forma que se limiten completamente las posibilidades de reclamar contra una decisión de quien sea, que puede perjudicar los derechos individuales de todo el mundo.
