Ayer hablaba de la hipocresía en determinados precios y el hecho de que siempre se diseña absolutamente todo en beneficio de las empresas; lo que no es otro aspecto más de la economía de oferta, que se está pidiendo que se desarrolle. Pero sin embargo, el aspecto más sangrante es el del mercado inmobiliario.
Por un lado resulta que el gobierno está dando vueltas a ayudas como las de 400 euros para los desempleados que hayan acabado todas las prestaciones, que evidentemente no sirve para crear empleo, sino que sirve únicamente como barrera de contención de la necesidad extrema para unos cuantos miles de personas, pero no tiene problema alguno en comprar miles de pisos vacios, unos cuantos sin posibilidad real de venta en el largo plazo mediante la creación de un banco malo. Por cierto esta medida no va a generar tampoco empleo, y lo que va a hacer es agudizar la injusticia de esta situación.
El precio al que se van a pagar es superior al de mercado, (como en todos y cada uno de los activos que se compran a la banca, activos que son comprados por el estado siempre con el fin de que la banca no pierda dinero), debido a que se va a incluir en la valoración las posibilidades de revalorización de estos activos, que van a ser definidas por entidades privadas, que por cierto están muy relacionadas con el sistema financiero.
En definitiva, lo que se va a hacer es pagar por encima del precio de mercado. Lo malo de este argumento es que el precio de mercado ya refleja las expectativas de la evolución de los precios y en este sentido es fácil entender que dado que se esperan bajadas importantes en el futuro; (¿Cómo es posible que se pague más por las viviendas incluyendo las perspectivas si estas son claramente negativas?), las compras se retraen aún más de lo que corresponderían y por tanto el precio baja.
Pero lo realmente perverso de este sistema es que estaríamos ante un caso de doble enriquecimiento ilícito en el que los razonamientos varían en función de las partes, ya que nos encontramos con que las entidades financieras se quedan los inmuebles a un porcentaje del precio de mercado, precisamente por el riesgo y por las bajadas previsibles. Por tanto, cuando un deudor no puede pagar su piso, lo que ocurrirá es que perderá el piso valorado por el 60% del inmueble, (con carácter general, que puede ser menos cuando la deuda sea inferior a este valor).
Este es el caso más evidente en el que se siguen criterios diametralmente distintos cuando estamos hablando de la misma situación, (necesidad de valorar un mismo activo), pero con los actores en una situación distinta. Y este es uno de los casos más evidentes en los que se observa que las reglas de actuación favorecen con una claridad pasmosa a las entidades financieras frente a contribuyentes y deudores, que además en ocasiones son los mismos.
Sin embargo, este ya no es el caso que nos podemos encontrar en estos momentos, ya que ahora mismo, nos encontramos con una situación en la que ya ni tan siquiera se puede defender que el riesgo es para las entidades para justificar una valoración muy inferior al precio de mercado en las adjudicaciones hipotecarias. No puede ser considerado debido a que en realidad el riesgo no existe ya que se traspasa al contribuyente.
En este caso, lo que tenemos es directamente un caso de enriquecimiento de las entidades financieras, enriquecimiento que pudiera ser considerado justo en un tiempo, (de acuerdo a los criterios de los tribunales), pero que ahora mismo no puede ser defendido jamás.
Evidentemente, y dejando atrás consideraciones como la oportunidad de seguir rescatando entidades, (y ya es mucho dejar atrás), lo único que tiene cierto sentido es igualar la valoración de las viviendas, que deberán valer lo mismo, independientemente de quien sea el beneficiado y el perjudicado. Lo que no se puede entender es que existan varios precios para lo mismo en función de a quién le interese.
Por supuesto, ahora mismo no vale aquello de la seguridad jurídica y los contratos firmados, ya que por un lado cuando se formalizaron todas las hipotecas no había garantía de que el contribuyente iba a asumir las pérdidas y dar pelotazos, por vía del decreto-ley y la deuda pública, y por otro lado al estar en una situación nueva siempre se puede negociar como mínimo. Por lo tanto, ahora mismo es la oportunidad perfecta de negociar. O se cambian las reglas de valoración o no se cambian.
Pena que olvidaba lo de siempre; cuando se pide que se cambie determinada norma que interesa a los bancos estamos hablando de flexibilizar las normas, pero cuando no interesa a estas mismas entidades lo llamamos seguridad jurídica.
Y luego, claro está, nos encontraremos con que las entidades no han tenido ayudas, y todo ese rollo, a la vez que tendremos a la sociedad y los países arruinados, mientras las entidades siguen dando beneficios de todo tipo y color, incluso inventados con el patrocinio y el permiso de los reguladores.
