El último escándalo de la banca, (que no el único), ha sido la comercialización masiva de participaciones preferentes, colocadas a todo tipo de inversores, aunque principalmente minoristas a través de las redes comerciales. Es el último y el escándalo de moda, pero no desde luego el único, ya que en síntesis existen casos muy similares con deudas subordinadas, valores convertibles, obligaciones, cedulas hipotecarias… Es cierto que existen diferencias entre unos y otros activos, pero en todo caso estamos hablando de productos de riesgo que han sido vendidos usando la frase “son como depósitos”. Ahora la moda está en la venta de pagarés, que comparten bastantes similitudes con los previos, y que siguen vendiéndose como algo que es tan seguro como los depósitos ya que se basan en el argumento de que la sanidad está sana.
El problema es que estos activos no eran depósitos y de hecho tampoco “son como” depósitos, sino que son instrumentos de riesgo. Este pequeño detalle es muy importante, ya que el hecho de que sea un activo de riesgo, no implica necesariamente que sean malos. Lo que significa es que se debieron colocar a inversores cualificados que deberían ser conscientes de los riesgos de este tipo de producto y se están amontonando los indicios de que directamente se ha engañado a los usuarios. Evidentemente alguien dirá que los clientes firmaron; pero esto no es más que la consumación de una estafa. Por aclararlo otra vez más; si yo invento cualquier historia para conseguir que una persona se obligue o me entregue su patrimonio, el hecho de que esta persona finalmente lo haga marcará la diferencia entre estafa y estafa en grado de tentativa; y más allá de esto, la diferencia puede ser tanto mi capacidad como la del interlocutor.
Es muy sencillo entender quien ha sido engañado y quién no. Tan sencillo como ver las operaciones y el valor al que se compró. Se puede entender que aquel que compra cualquier instrumento de estos con un descuento, es consciente de que existe un cierto riesgo, pero con el riesgo va una rentabilidad. Es decir, se asume el riesgo de perder dinero, a costa de ganarlo o de una rentabilidad adecuada. Lo que no tiene sentido es contratar cualquier tipo de activo, con una rentabilidad de imposición a plazo fijo, pagando el nominal del activo de tal forma que cualquier persona que sepa de estos activos acabará dándose cuenta de que existe un riesgo cierto de perder la inversión a cambio de una rentabilidad ridícula. Evidentemente una persona de corte conservador, (muchísimos de los enganchados con estos instrumentos lo son, y se puede comprobar analizando su historial bancario), no va a jugarse gran parte de sus ahorros para ganar un 4%, cuando podía tener una imposición a plazo fijo del 3%. Esto es absurdo y ya de por sí nos debería llevar a concluir que algo está pasando sin tener que esperar a contratos firmados con huellas dactilares entre múltiples indicios de que ha existido un engaño masivo.
Por supuesto, el engaño ha sido consumado con la total aprobación de las autoridades económicas que ya no se puede saber para donde están mirando para no ver abusos de todo tipo en una loca idea que nos cuenta que la credibilidad de los directivos de banca se soluciona borrando los antecedentes penales y la confianza en el sector financiero se logra engañando y no descubriendo ni tan siquiera un solo engaño. Hemos llegado hasta un punto que los clientes de los bancos nos dividimos entre “engañados” (la inmensa mayoría) y “sólo intentados”, (¿a quién no le han intentado colocar algo manifiestamente nocivo?).
El problema nos lo encontramos ahora cuando se está decidiendo si los compradores de preferentes, deudas, obligaciones y demás han de asumir el riesgo (este que se supone que no existía o no). Y no es un problema sencillo, ya que el riesgo en muchos casos se ha materializado ya, y en otros tantos está a punto de explotar, y o bien lo cubrimos todos o corren con él aquellos que tienen productos de riesgo. ¿Hasta qué punto los que no compraron preferentes han de correr con el riesgo y asumir su parte?. O mejor dicho: ¿Hasta qué punto tenemos que ofrecer un beneficio a los que basaron su análisis en comprar participaciones preferentes con descuentos pensando en que como era una estafa masiva el estado tendría que hacer algo?. Tengamos en cuenta que hace tiempo que las decisiones de inversión tienen muy en cuenta el hecho de la existencia de rescates.
Pero por otro lado pedir que las personas engañadas, (y son miles), sufran pérdidas nos sitúa en una situación en la que se puede decir sin problemas que estaríamos siendo cómplices de la situación. Además lo que está claro es que un estado tiene entre sus funciones el procurar el cumplimiento de las normas mínimas entre todos los ciudadanos. Por tanto, está claro que de alguna forma existe responsabilidad, aunque sólo sea subsidiaria después de los verdaderos responsables.
Está claro que si la justicia y los reguladores hubiesen actuado en su momento, no estaríamos ante un problema y una disyuntiva en la que nunca podríamos estar. Por tanto la solución es volver cuanto antes a la situación inicial. Los reguladores, en lugar de mirar a otro lado en el interés por permitir que los bancos “se recapitalicen”, pueden cumplir su función y directamente hacer todos los esfuerzos posibles por desentrañar los engaños y que se paguen estos esfuerzos, tanto en las entidades caídas como en las que aún no han caído.
En realidad la solución es sencilla, los inversores han de asumir los riesgos y los engañados han de ser reparados, y para esto la justicia, el Banco de España y la CNMV tienen que recuperar el tiempo perdido. Y por supuesto, ante engaño masivo, (ahora definido como “problema en que se encuentran muchas personas”), lo que procede es que exista otro boom para las constructoras, concretamente construyendo prisiones.
