Si hemos hablado unas cuantas veces de la necesidad de una justicia que actúe con contundencia frente a los desmanes a los que nos estamos acostumbrado para tratar de evitar situaciones extremas, la realidad es que nos encontramos con una serie de noticias, de las que no se da demasiada publicidad.
Sé que puede parecer demagógico, pero hace unos días nos hemos encontrado con la aprobación de ordenanzas que imponen unas sanciones entre 700 y 1.500 euros por mendigar en la calle y 750 euros por ir en bañador por la calle. Está meridianamente claro que lo que importa es la estética de la ciudad y por tanto se imponen una serie de sanciones que son absolutamente desproporcionadas.
Pero al mismo tiempo en el mismo país nos hemos encontrado con noticias como que el partido popular sigue la doctrina del PSOE en lo que se refiere a la justicia indultando a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat y otros dos años y al presunto empresario (ya sé que normalmente lo de presunto va con delincuente pero en este caso está bien redactado) Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de Unió Democràtica. Estas dos personas fueron condenadas en su día por prevaricación y malversación de fondos públicos, con el agravante de que el presunto empresario ya acumulaba otra condena por los mismos motivos en otro caso en el que se había malversado casi un millón de euros.
Sin que exista la mínima justificación y desde luego, sin que tenga constancia de que exista la más mínima presión social para que estas personas queden libres de pagar por estos hechos, han sido indultados de forma que cada uno tendrá que pagar una multa de 3.650 euros. Desde luego el mensaje es alto y claro. No hay mejor negocio en este país que malversar y prevaricar, porque de alguna forma desaparece más de un millón de euros, y si de milagro te pillan, después de un buen número de años te condenan y resulta que se soluciona con 7.000 euros. La inversión es desde luego impresionante, y por supuesto compensa bastante más que intentar ser honrado en este país, sufrir los embates de toda esta tropa, acabar arruinado y aparte de vivir mal, tener que pagar una cantidad no demasiado lejana por mendigar. Normalmente ni se me ocurriría calificar a una persona como estas de empresario, pero me he decidido a ponerle el presunto, porque está claro que empiezo a pensar que soy completamente gilipollas.
En todo caso, comprobamos que el precio ha subido un poco desde el indulto de Alfredo Saez, que recordemos que aquello de la estafa procesal, manipulando documentos y comprando jueces para meter injustamente a dos empresarios en la cárcel, con el objetivo de cobrar una deuda de una empresa de la que estas personas tenían una participación minoritaria, fue de 3.000 euros, a pagar 18 años después de cometer los hechos, y por supuesto la aclaración de que mantenía la honorabilidad necesaria para ser banquero. (Cuando en realidad lo que se consiguió es perder la poca honra de quien comete un delito o un error pero que por lo menos paga por ello).
Pero también tenemos noticias de lo que había explicado en los alrededores del caso Botín, en el que nos hemos encontrado desde que en 2010, el gobierno de España recibiese una lista de personas que tenían cuentas opacas en la sucursal suiza del banco HSBC. Entre estas cuentas estaba la familia Botín, con Emilio y Jaime a la cabeza. En ambos casos, fue palmaria la evasión fiscal durante unos cuantos años, (mientras con todo el descaro del mundo no paran de pedir sacrificios). A día de hoy nadie sabe en que mantenía los fondos Emilio Botín, (se supone que no estaban invertidos en depósitos, sino que seguro que estos fondos estaban depositados en alguna inversión no declarada a los reguladores), pero sí que se sabía que Jaime Botín tenía una participación no declarada en Bankinter. En consecuencia además del tema de impuestos, (que está siendo tratado en la audiencia nacional), tenemos graves incumplimientos con la normativa de los mercados financieros y de las entidades de crédito.
El caso es que en su día me preguntaba por los inicios de los expedientes por estos incumplimientos, y hoy tenemos la respuesta en forma de un aplazamiento de la resolución de la comisión nacional del mercado de valores del expediente en el que se pedía la inhabilitación de Jaime Botín. El caso es que casi dos años después de conocidos los hechos y tras la negativa de Elena Salgado a firmar la prorroga solicitada, resulta que los nuevos inquilinos del ministerio de economía han decidido que se va a esperar a que acabe el procedimiento judicial derivado de la evasión fiscal para acordar la inhabilitación, lo que en la práctica significa que tales hechos no serán nunca castigados.
El colmo de la mentira está en la justificación que desde economía nos ofrecen; se cuenta que es normal que cuando un asunto está en los juzgados, el expediente administrativo se paraliza, debido a que las consecuencias judiciales son posteriores. Y esto es completamente cierto, salvo que en este caso es mentira. Es completamente normal que cuando una determinada infracción suponga a la vez un incumplimiento penal y un incumplimiento administrativo, el administrativo queda aplazado, pero sin embargo en este caso, estamos hablando de dos cosas distintas. Es decir, el expediente administrativo se incoa por incumplimientos de las reglas de transparencia de los mercados de valores, mientras que el expediente judicial se basa en la evasión fiscal, de tal forma que en este caso no procede la regla alegada por economía, porque no estamos ante el mismo caso en dos ámbitos, sino que estamos hablando de dos casos.
Para que nos entendamos, si nos inician un procedimiento administrativo por cualquier motivo, dicho procedimiento no se paraliza si decidimos atracar un banco. Desde luego en economía son perfectamente conscientes de esta situación y de que están cargándose unas cuantas leyes, para acabar concluyendo que el hecho de un gran fraude fiscal durante unos cuantos años sirve para evitar el castigo por incumplir otras normas.
Y ahora podemos hablar de valores, de esfuerzo, de sacrificio, de optimismo y sobre todo de la curiosa definición de honorabilidad del Banco de España, pero lo que no podemos obviar en ningún momento es que no es honorable el que comete toda serie de delitos, infracciones y manipulaciones burdas, por muchos beneficios que se consigan mediante estas tácticas.
Pero lo que nos queda es una situación en la que se ha perdido el control totalmente, y o bien las autoridades logran que los que traten de ser honrados en España no se sientan totalmente idiotas o lo hará la sociedad en una escalada de tensión que no beneficiará a nadie, pero que acabará en el mismo sitio.
