Desde que tengo el blog, lo he usado para denunciar todo tipo de injusticias, tanto de tipo económico, como político... pues bien, hoy toca una de tipo social; y probablemente, la más grave hasta la fecha...
Supongo que la mayoría de vosotros no habréis oído hablar del caso de Habiba, una joven madre de origen marroquí a la que las autoridades le han quitado a su hija de 15 meses por darle el pecho a su hija... Al parecer, y pese a que la Asociación Española de Pediatría, la OMS y Unicef recomiendan la lactancia materna hasta un mínimo de dos años, las mencionadas autoridades consideran "caótica" y "perjudicial para los niños y niñas" la lactancia materna a demanda.
Lo malo del caso es que las mencionadas "autoridades" no dependen de Mohamed VI... sino de la Comunidad de Madrid, ya que Habiba estaba viviendo en España. Para que quede claro: el funcionario de turno le ha quitado su hija, sin decirle dónde se la llevaban, y a ella la han dejado en la calle (pues estaba en un centro para madres e hijos, y ella ya no tiene hija), sin haber incumplido ninguna ley, ni mediar maltrato, ni nada; y sin intervención judicial, ni aviso previo, ni posibilidad de recurso de ningún tipo. Esto no es que sea propio de una dictadura, es que es de campo de concentración!!
¿Anonadados? pues aún queda... no estamos hablando de que al funcionario se le ha ido la pinza, como en las películas en que una enfermera empieza a cargarse a enfermos crónicos "por su bien, para que no sufran", hasta que la acaban pillando; hablamos de que hay muchos casos similares, y es todo legal. Me permito copiaros parte del artículo (las negritas son mías):
El problema es que nuestra legislación permite a las instituciones de atención a la infancia llevarse a los niños sin obtener primero la orden de un juez. Tienen potestad absoluta, y luego son los padres los que deben, en todo caso, acudir a los jueces para pedir que les devuelvan a sus hijos, lo que ha ocurrido muchas veces, pero siempre demasiado tarde y cuando los niños ya han sufrido graves daños psicológicos.
Véase por ejemplo la Guía Básica de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña (PDF)
En la página 13 se explica la diferencia entre «menor maltratado» y «menor desamparado»; en este último caso «se aprecia cualquier forma de incumplimiento o de ejercicio inadecuado de los deberes de protección establecidos por las leyes en la guardia de los menores o faltan a éstos los elementos básicos para el desarrollo integral de su personalidad».
La situación de desamparo se declara mediante «resolución motivada del organismo competente de la Administración […] Se notifica a las partes afectadas y al Ministerio Fiscal para que se garanticen los derechos de los afectados».«La declaración de desamparo comporta la asunción automática de las funciones tutelares sobre el menor por parte del organismo competente (DGAIA). Implica la suspensión de la potestad del padre y de la madre o de la tutela ordinaria durante el tiempo de aplicación de la medida. La DGAIA puede delegar la guardia del menor que ha tutelado».
Es decir: son los funcionarios los que declaran el desamparo, por motivos tan inconcretos como «cualquier forma de ejercicio inadecuado»; no tienen que pedir autorización al Ministerio Fiscal para hacerlo, sino sólo informarle después de haberlo hecho, y pueden quedarse al niño o pasárselo a quien ellos quieran.
No estamos hablando de proteger a un menor porque ha sufrido malos tratos. Basta con que detecten lo que ellos llaman una «situación de riesgo». Ya hablar de un «riesgo de malos tratos» daría escalofríos. ¿Se imagina que se pudiera detener a alguien que nunca en su vida ha robado un banco porque existe «un riesgo de que robe un banco»? Si estuviésemos hablando de un riesgo de malos tratos, sería el único caso en que, como en las películas de ciencia ficción, se puede castigar a un futuro delincuente antes de que cometa el delito. Pero es que ni siquiera se trata de eso. No hace falta sospechar o temer malos tratos ni ningún otro delito. El «riesgo» es un riesgo genérico e indefinido, no se sabe de qué, tal vez de que el niño sea «malcriado», o no se «socialice» adecuadamente, o vaya a saber de qué. Riesgos que, de materializarse, no constituirían un delito.¿Y a quién le pasan las instituciones el niño así «amparado»? Pues habitualmente a un centro privado concertado que cobra por menor y al que interesa, como a los hoteles, conseguir la máxima ocupación posible. Sólo que el centro de menores cobra mucho más que un hotel.
Aquí pueden ver una estadística sobre más de 8000 niños «protegidos» (PDF)
El 47,6% se protegen en su propia familia. El 18,3%, en una familia ajena, en acogimiento o adopción. El 34%, 2.785 menores, en centros de asistencia.
Pero los costes son muy distintos, según el informe de junio de 2009 del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán (PDF)
Como puede ver en la página 236, la administración gasta 1.275 euros al año por cada niño acogido en la propia familia, 2.597 euros al año por cada niño acogido en su familia extensa, 3.129 euros por cada niño dado en acogimiento o adopción, ¡y entre 30.000 y 40.000 euros al año por cada niño internado, según el tipo de centro!
Saldría mucho más barato dar una ayuda económica a las familias sin recursos que quitarles a los niños. Pero nuestro sistema desconfía de las familias, sobre todo de las familias pobres, y prefiere gastarse el dinero en centros controlados por profesionales.
Sinceramente, ante algo así, me quedo sin palabras... que a la gente le quiten su hijo por el riesgo de que haga algo que, de materializarse, no constituiría un delito, es algo que no me podría imaginar que hubiera ocurrido ni en pleno franquismo. ¿Cómo es posible que ocurra esto, y que encima sea legal? Mi hija estuvo tomando teta hasta los 3 años... ¡me la podrían haber quitado, si llego a nacer pobre!! (y hasta aquí puedo seguir... para seguir diciendo lo que pienso, tendría que contratar antes el seguro de responsabilidad civil para bloggers de Avante; y hasta puede que incurriera en algo penal, diciendo lo que pienso de esta gente)
Aunque me temo que la verdadera razón de que ocurra esto es el negocio, son los 30.000-40.000 euros que cobran por niño los centros de acogida; mientras que algunos sigan haciendo negocio a costa de estos dramas humanos, mal remedio tiene... ¿quien tendrá más influencias ante el Conseller, los dueños de los centros de acogida, o las pobres mujeres como Habiba? Sobre todo, teniendo en cuenta que estos centros funcionan mediante concesiones otorgadas por la propia Generalitat... a amigotes y empresas de amigotes del propio conseller, claro!!
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