Existe en este país una bonita costumbre. Consiste en que los poderes públicos, los políticos que los manejan y los votantes que los apoyan, tienden a ser generosos garantizando derechos a los ciudadanos, en la aprobación de soluciones mágicas. Todo el mundo tiene derecho a todo, y s hay un problema, no se preocupe señora que se lo apaño en un Decreto Ley. Nada que objetar. El problema suele venir cuando en numerosas ocasiones esos derechos acaba siendo garantizados y financiados, no por las arcas públicas vía fiscal (lo cual ya sería materia de discusión). No, directamente el muerto se carga a las espaldas de un colectivo concreto de personas, que, sin comerlo ni beberlo se encuentran con tener que soportar las gracietas del legislador.
En su momento comente como algunos pretenden que los arrendadores de viviendas sean los que tengan que garantizar el derecho a una vivienda que consagra la Constitución, como parece reflejarse con la normativa aún vigente de pisos de Renta antigua. De esa legislación franquista, y lo que es peor, del espíritu del mismo tono que inunda toda el marco legal y judicial en materia de arrendamientos urbanos, no parecen tener queja los que se dedican a quitar estatuas de noche. Otro tanto ocurre con la justicia gratuita en este país. Se sostiene en base la buena fe y a la absoluta masificación del número de letrados. Si el Estado debiera pagar los costes reales de esas defensas jurídicas aviados íbamos. Y sin salirnos del mundo jurídico, tenemos como en las últimas reformas en materia de novaciones hipotecarias el Gobierno insta a Notarios y Registradores a rebajar aún más tarifas (al igual que a las Entidades financieras), pero eso si, que no le toquen a sus CCAAA sus impuestos de AJD, que son mucho más elevados que aquellas partidas.
Pero aún hay más. España, 1978, se aprueba la Constitución. Art. 132
10 años después, este artículo tiene un desarrollo en la Ley de Costas, y aquí es donde se consuma el colmo de los colmos. En función del deslinde administrativo que se realice, tu vivienda puede quedar encuadrada en el dominio público marítimo terrestre o en la zona de protección (esta puede variar, según las zonas en 80 m2). Las consecuencias son terribles.
a) Si tu vivienda queda encuadrada en el DPMT te has quedado sin ella, pudiendo ser derribada. Como mucho podrás solicitar una concesion administrativa por 30 años, prorogable otros 30, y con múltiples limitaciones de todo tipo (es rescatable por la Administración, no transmisible, etc....). Así, a pelo.
b) Si estas fuera de esa zona, pero dentro de la servidumbre de protección, tu vivienda no la has perdido, pero quedas fuertemente limitado en tu uso. Realmente la vivienda esta fuera de ordenación. Una de las consecuencias es que para realizar obras de mantenimiento de la misma hay que solicitar autorización administrativa. Por supuesto obras de otro tipo (mejoras, incremento de superficie, etc) quedan proscritas. Y, aunque estoy poco ducho, me temo que si la vivienda se quema, se destruye, no te van a permitir la reconstrucción. A rezar.
Para que quede claro, ésto es con efectos retroactivos. RETROACTIVOS. Es decir, ya te puedes haber hecho la vivienda conforme a la legalidad de hace 40 años, tenerla registrada, pagar todos tus impuestos, etc, que te has quedado sin esa propiedad en el primer supuesto, y en el segundo le han metido un bocado de miedo. Bien. Todo sea por garantizar que las playas sean de todos, que todo el mundo tengo derecho a acceder a la costa, etc. Puedo ser todo lo liberal que queráis, preo ahí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que esos derechos, en que esa dotación del patrimonio público, se haga unicamente a las espaldas de quien se limito a cumplir con la legalidad.
Y es que, por si acaso no lo sabéis, esta gente no recibe nada. Ni un duro. Como mucho la concesión administrativa y a correr. Esta gente pierde su propiedad de la noche a la mañana en aras de este Estado del Bienestar, y aquí no ha pasado nada. Difícil de digerir. Desde la razón y desde el sentido jurídico. Una Ley retroactiva, que acaba con la propiedad privada sin un procedimiento expropiatorio ni un justiprecio real. Si de verdad se quiere garantizar ese derecho, ese patrimonio público, esa carga financiera debe ser repercutida entre todos los ciudadanos, y no sobre unos pocos.
En su momento comente como algunos pretenden que los arrendadores de viviendas sean los que tengan que garantizar el derecho a una vivienda que consagra la Constitución, como parece reflejarse con la normativa aún vigente de pisos de Renta antigua. De esa legislación franquista, y lo que es peor, del espíritu del mismo tono que inunda toda el marco legal y judicial en materia de arrendamientos urbanos, no parecen tener queja los que se dedican a quitar estatuas de noche. Otro tanto ocurre con la justicia gratuita en este país. Se sostiene en base la buena fe y a la absoluta masificación del número de letrados. Si el Estado debiera pagar los costes reales de esas defensas jurídicas aviados íbamos. Y sin salirnos del mundo jurídico, tenemos como en las últimas reformas en materia de novaciones hipotecarias el Gobierno insta a Notarios y Registradores a rebajar aún más tarifas (al igual que a las Entidades financieras), pero eso si, que no le toquen a sus CCAAA sus impuestos de AJD, que son mucho más elevados que aquellas partidas.
Pero aún hay más. España, 1978, se aprueba la Constitución. Art. 132
Artículo 132.
1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por Ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
10 años después, este artículo tiene un desarrollo en la Ley de Costas, y aquí es donde se consuma el colmo de los colmos. En función del deslinde administrativo que se realice, tu vivienda puede quedar encuadrada en el dominio público marítimo terrestre o en la zona de protección (esta puede variar, según las zonas en 80 m2). Las consecuencias son terribles.
a) Si tu vivienda queda encuadrada en el DPMT te has quedado sin ella, pudiendo ser derribada. Como mucho podrás solicitar una concesion administrativa por 30 años, prorogable otros 30, y con múltiples limitaciones de todo tipo (es rescatable por la Administración, no transmisible, etc....). Así, a pelo.
b) Si estas fuera de esa zona, pero dentro de la servidumbre de protección, tu vivienda no la has perdido, pero quedas fuertemente limitado en tu uso. Realmente la vivienda esta fuera de ordenación. Una de las consecuencias es que para realizar obras de mantenimiento de la misma hay que solicitar autorización administrativa. Por supuesto obras de otro tipo (mejoras, incremento de superficie, etc) quedan proscritas. Y, aunque estoy poco ducho, me temo que si la vivienda se quema, se destruye, no te van a permitir la reconstrucción. A rezar.
Para que quede claro, ésto es con efectos retroactivos. RETROACTIVOS. Es decir, ya te puedes haber hecho la vivienda conforme a la legalidad de hace 40 años, tenerla registrada, pagar todos tus impuestos, etc, que te has quedado sin esa propiedad en el primer supuesto, y en el segundo le han metido un bocado de miedo. Bien. Todo sea por garantizar que las playas sean de todos, que todo el mundo tengo derecho a acceder a la costa, etc. Puedo ser todo lo liberal que queráis, preo ahí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que esos derechos, en que esa dotación del patrimonio público, se haga unicamente a las espaldas de quien se limito a cumplir con la legalidad.
Y es que, por si acaso no lo sabéis, esta gente no recibe nada. Ni un duro. Como mucho la concesión administrativa y a correr. Esta gente pierde su propiedad de la noche a la mañana en aras de este Estado del Bienestar, y aquí no ha pasado nada. Difícil de digerir. Desde la razón y desde el sentido jurídico. Una Ley retroactiva, que acaba con la propiedad privada sin un procedimiento expropiatorio ni un justiprecio real. Si de verdad se quiere garantizar ese derecho, ese patrimonio público, esa carga financiera debe ser repercutida entre todos los ciudadanos, y no sobre unos pocos.
Este verano ha sido calentito. No se si en redifusión o como nuevo, lanzaron un espectacular reportaje los de Callejeros, donde junto con otras situaciones bastante más discutibles, se mostraba este problema a la opinión pública.
No he querido profundizar en exceso en el tema. El que lo quiera hacer puede aprender mucho (yo estoy en ello) buceando en la web de Costas Maritimas, la página del letrado Jose Ortega, así como en su Blog. Podra encontrar abundante documentación, armas para luchar contra este auténtico atropello, y sobre todo, que es lo importante en estos casos, saber que no esta solo, que hay mucho como el. De hecho Ortega ha impulsado la creación de una Plataforma Nacional de Afectados, que ya ha comenzado a hacer ruido. Que tengan suerte.