Contratar un fondo de inversión tiene sus riesgos, pero estos pueden ser menores si se tienen en cuenta las evaluaciones realizadas por las agencias de calificación, organizaciones de carácter privado que valoran el riesgo crediticio de los emisores de valores y sus obligaciones financieras. Los inversores disponen así de información antes de decidirse, y aunque las valoraciones de estas agencias no deben tomarse como una recomendación para comprar o vender, son, sin embargo, señales imprescindibles en unos mercados financieros en los que es casi imposible conocer toda la información que se emite.
Información independiente
La labor de las agencias comenzó a principios del siglo pasado, cuando en 1909 se hicieron imprescindibles para los inversores que necesitaban alguna referencia sobre las emisiones de obligaciones de las compañías de ferrocarriles de Estados Unidos. Su poder e importancia fueron creciendo conforme los mercados financieros se desarrollaron, y aumentó la necesidad de contar con información independiente sobre la solvencia de los emisores. Su función consiste en informar al inversor para que cuente con un juicio sobre la situación de las empresas emisoras. El poder de estas agencias es muy alto porque evalúan también la deuda pública de los países, y su opinión sobre ella influye en muchos inversores a la hora de arriesgar su dinero.
Estas agencias califican con códigos de letras. La mejor calificación que se puede recibir una empresa emisora es una triple A (AAA), y la peor una triple C (CCC). En medio, quedarían las demás clasificaciones. Contar con A supone que la deuda que se ha emitido cuenta con garantías de cobro, y la garantía de cobrar los intereses es muy alta. En cambio, si se trata de B, o BB, existe un nivel de incertidumbre. C sería una muy mala calificación de una empresa u organismo emisor, que indica que pasa por graves dificultades financieras y tiene muy poca capacidad para reembolsar su deuda. CC y CCC serían muy malos indicadores. En ocasiones, las evaluaciones de las agencias son un requisito legal para los bancos o gestores de inversiones. En España, se exige una calificación para la inversión colectiva y los procesos de titulización crediticia, que venden créditos entre el público. Además, cualquier emisor puede pedir de forma voluntaria la calificación de su deuda.
Sus ingresos proceden principalmente de lo que les pagan las empresas, es decir, sus clientes, precisamente sobre las que emiten sus valoraciones. Ahora bien, las empresas pueden no hacer pública la valoración que han recibido.
Oligopolio
Las agencias de calificación no están libres de polémica. Así, el Parlamento Europeo ha denunciado que son un oligopolio formado por Standard & Poor´s y Moody´s. La tercera gran agencia, Fitch, se situaría a mucha distancia de ambas. Frente a estas críticas, las agencias se defienden afirmando que su función no es detectar fraudes financieros y que sus evaluaciones son meras opiniones. Además, señalan que su actividad se ampara en la libertad de prensa, y que no puede ser objeto de control por parte de las autoridades financieras.
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) aprobó en 2004 un Código para la autorregulación de las agencias de calificación. El economista Francisco de Vera señala que las agencias en ocasiones no aclaran que la calificación que ofrecen no ha sido solicitado por la empresa emisora, lo que significa que la agencia no dispone de acceso a información pública. En su opinión, en este caso las agencias de calificación tenderán a ratings de baja calificación, lo que perjudicará al emisor de deuda.
Otro de los aspectos fundamentales para tener en cuenta es que nadie se encarga de supervisar la actuación de las agencias de calificación, aunque éstas afirman que su buena gestión les ofrece independencia, y aseguran que sólo con esa independencia pueden tener interés sus ratings. El interés con el que los inversores siguen sus análisis parece confirmarlo.
El papel de las agencias de calificación, según señala el director de la agencia Fitch en España, Thomas Saul, se basa en las cuentas auditadas en las que hay tantas herramientas semilegales para sacar partidas fuera del balance, que cada día es más difícil obtener una impresión fidedigna de una compañía a través de sus cuentas. Pero para Saul, la función de las agencias siempre será necesaria, porque el inversor quiere tener una opinión independiente sobre las emisiones de deuda. Lo cierto es que las agencias de calificación en ocasiones se ven en la necesidad de defenderse, como hizo la vicepresidenta ejecutiva de Credit Market Services de Standard´s and Poor´s, Vickie Tillman, con ocasión de la crisis de las hipotecas subprime, al aclarar que los rating no constituyen recomendaciones de compra o venta de acciones en particular, sino que se trata tan sólo de una herramienta para que los inversores puedan evaluar riesgos. Además, los criterios de calificación son conocidos y públicos, y no actúan a partir de especulaciones, sino a partir de opiniones basadas en hechos documentados, como sostiene Tillman.
La reacción ante las hipotecas subprime
La Unión Europea ha anunciado que comenzará una investigación sobre las agencias de calificación por no alertar sobre la crisis hipotecaria que se produjo este verano en Estados Unidos. Las agencias sólo modificaron sus calificaciones en la primavera de 2007, cuando ya era demasiado tarde para advertir a los inversores. El SEC estadounidense, responsable de la regulación de los mercados, ya ha presentado una serie de medidas que deberán cumplir estas agencias, mientras que en Francia las autoridades denuncian la posibilidad de que existan conflictos de intereses que dificultarían la independencia de las agencias, y falta de transparencia por parte de éstas en los métodos de análisis que emplean.
Lo cierto es que Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch habían dado la solvencia de triple A (la calificación que más seguridad podía proporcionar, la misma de que disfruta, por ejemplo, la deuda que emite España) a los productos que aparecían en el mercado financiero a partir de las hipotecas subprime, por lo que no es extraño que tuvieran buena salida en el mercado. Y, según los expertos, parece difícil que las agencias no supieran que esas hipotecas corrían un alto riesgo de morosidad en cuanto cambiaran las condiciones económicas, ya que se concedían a personas que habían sido descartadas de las hipotecas normales y cualquier aumento de la morosidad, afectaría directamente a los créditos que se basaban en las mismas.
Artículo publicado por la revista Consumer.
