ANA LORENZO (EL MUNDO)
MADRID.- El juez instructor del caso Afinsa, Santiago Pedraz, tomará declaración mañana, en calidad de imputado, a Francisco Blázquez, propietario de Gestynsa, la empresa que auditó las cuentas de la firma filatélica intervenida, según fuentes jurídicas.
La decisión del magistrado se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que tomase declaración a Blázquez como testigo. Una petición que Pedraz secundó puesto que citó al auditor para que compareciese en el organismo judicial el 22 de mayo pasado.
Esta acción se enmarca en el escándalo de la presunta estafa filatélica, que puede afectar a 350.000 clientes, de Afinsa y Fórum Filatélico, por la que nueve personas ya han sido detenidas.
Sin embargo, la cita fue aplazada, a petición del fiscal Alejandro Luzón, que exigió más tiempo para estudiar con detalle toda la documentación sobre la implicación de Gestynsa en la presunta estafa. El juzgado tiene en su poder el expediente sancionador que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) abrió en junio de 2003 a Gestynsa. Este organismo multó a la auditora por infracción grave en la fiscalización de las cuentas de Afinsa de 2002. La empresa, sin embargo, ha interpuesto un recurso de alzada, por lo que el castigo aún no es firme.
Según las fuentes citadas, el representante del Ministerio Público ha pedido al titular del juzgado, tras analizar el papel de la auditora, que modifique la situación procesal de Blázquez y éste acuda como imputado, a lo que el juez accedió este martes. De esta forma, le permitirá estar asistido por su abogado durante el interrogatorio.Se da la circunstancia de que Blázquez es padre del vocal asesor de la Oficina Económica de la presidencia del Gobierno, Jorge Blázquez.
30 meses antes de la sanción
El organismo encargado de investigar a Gestynsa decidió incoar expediente a la empresa en junio de 2003 y ha tardado 30 meses en sancionarla, después de detectar diversas irregularidades en las cuentas de Afinsa en el ejercicio de 2002. Durante este largo proceso, el expediente ha estado a punto de prescribir en dos ocasiones.
La primera cuando ya casi habían transcurrido dos años desde que la auditora firmara las cuentas, plazo máximo que la ley establece para que el ICAC pueda sancionarla. Tal decisión la tomó el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda en mayo de 2005, 10 días antes de que prescibiera esa posibilidad.
La segunda ocasión se produjo el 6 de abril pasado. En ese momento, sólo restaban 43 días para que concluyesen los 12 meses que establece la normativa como límite para notificar al afectado una resolución. Para entonces, la Agencia Tributaria ya había concluido su informe sobre Afinsa en el que se detallaba la presunta estafa de la empresa y que la auditora no había reflejado su situación patrimonial.
Esta actuación de Hacienda fue la que sirvió para que la Fiscalía Anticorrupción, el 25 de abril pasado, presentase una querella contra la compañía filatélica en la Audiencia Nacional.
Pese a la trascendencia de los hechos en que está envuelta, Gestynsa sólo se enfrenta a una sanción grave -no a la máxima, que conllevaría la inhabilitación- consistente en una multa de hasta 150.000 euros. Su propietario, Blázquez, el 17 de enero pasado, tras saber que tendría que hacer frente a ese castigo, hizo una gestión personal ante el presidente del ICAC, Juan Ramón González, para explicarle verbalmente el contenido de las alegaciones de Gestynsa.
Querella de los afectados
Este martes trascendió que un grupo de afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico, representados por Legálitas, se ha querellado contra la compañía y sus auditores entre 1999 y 2004 por entender que éstos tienen una responsabilidad directa al animar a los inversores con sus informes contables, informó Efe.
La firma auditora de Fórum Filatélico es Carrera Auditores que, al igual que
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