De escandalo y los preferentistas sin cobrar. Dejo que publica la revista de la OCU:
Un bono demasiado extraordinario
Jaime Carbó, el ahora ex Consejero Delegado de Deoleo ha dejado
la compañía con una gratificación de 2,45 millones de euros bajo el
brazo. El incremento del 119 % respecto a la de 2013 contrasta con
el rendimiento obtenido por los accionistas en 2014 (-20,21 %).
Desde que el ejecutivo entrara a formar parte de la empresa en
2011, los accionistas han visto el rendimiento de su inversión deteriorarse
una media del -22,4 %, frente al rendimiento del +9,84 %
del sector o del +4,85 % de la Bolsa española. Esto obviando la promesa
de dar con su llegada a la empresa esa proyección internacional
necesaria para un crecimiento de beneficios que sigue haciéndose
esperar, a juzgar por las pérdidas trimestrales. Por estas
razones, esta gratificación nos parece escandalosa.
• La justificación en el devengo de un bono extraordinario
(1,5 millones de euros) por “operación corporativa exitosa” nos
deja perplejos, pues se refiere la OPA lanzada por CVC Capital
Partners sobre el 100 % de la aceitera que distaba poco de ser
una burla para los minoritarios (los 0,39 euros ofrecidos eran
inferiores a los 0,40 euros/acción de valor contable 2014) y que
lógicamente se saldó con una baja aceptación (25,8 %). A pesar de
ello, la remuneración será aprobada en la Junta de Accionistas, ya
que el informe anual de remuneraciones solo se somete a “voto
consultivo”.
Algo tiene que cambiar
Hechos como éste suceden desgraciadamente con demasiada asiduidad,
poniendo de manifiesto la inutilidad de apelar a la moderación
o a la buena voluntad de los consejeros, que son quienes se
auto otorgan estos salarios. El nuevo código de gobierno corporativo,
con ambiguas recomendaciones en torno al tema, cierra los
ojos al perjuicio que la actual mecánica de los salarios ejecutivos
infringe al pequeño accionista, a quien la ley deja deliberadamente
en un estado de indefensión.
• No nos cansaremos de denunciar estos hechos y de apelar a
las autoridades competentes para que obliguen a las empresas a
integrar mecanismos que tengan en cuenta el rendimiento para
los accionistas en el cálculo de las remuneraciones ejecutivas. En
EE.UU., las autoridades ya están tomando cartas en el asunto (vea
el editorial de nuestro n° 652).