Cataluña 2017: El final del camino.

Los ingresos del PDeCAT se evaporan tras su apuesta independentista

La antigua Convergència no solo ha perdido influencia, sino que entre 2011 y 2016 sus entradas públicas han pasado de más de tres millones de euros en 2011 a 1,6 millones en 2016, un 50% menos

5 min

Una imagen de archivo del expresidente de la Generalitat Artur Mas y actual presidente del PDeCAT / EFE

LAURA FÀBREGAS  @laurafabel

27.06.2017 00:00 h.

 

La independencia de Cataluña no parece ser un buen negocio para el  PDeCAT. La antigua Convergència ha naufragado económicamente desde que abrazó sin complejos las tesis independentistas y fundó el partido de nuevo cuño presidido por Artur Mas. Los informes de fiscalización de la contabilidad de las elecciones a las Cortes Generales elaborados por el Tribunal de Cuentas dan muestra de ello: sus ingresos se han reducido casi un 50% desde las elecciones de 2011, cuando aún existía la federación formada por  Convergència i Unió (CiU), hasta las votaciones del 26 de junio del año pasado.

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Los recursos declarados el año pasado fueron de 1.583.102,3 euros. En la misma línea, en las elecciones del 20D (2015) —cuando se presentaron por primera vez bajo las siglas Democràcia i Llibertat— la cifra fue de 2.254.992 euros. El montante ha descendido en comparación con los comicios del 20 de noviembre de 2011 (3.191.360 euros), del 9 de marzo de 2008 (3.516.607 euros) y del 14 de marzo de 2004 (3.144,214 euros) un 49,65%. Si se contrasta desde que el partido tomó una posición abiertamente independendentista, el descalabro es aún más pronunciado: un 51,15% menos de recursos. 

La contabilidad del PDeCAT a las últimas elecciones del 26 de junio a las Cortes Generales

 

SIN SUBVENCIONES

La causa principal de estos recortes en los ingresos de la formación es la pérdida de apoyo electoral. En las últimas elecciones generales, el partido presidido por Mas sacó los peores resultados de su historia (481.839 votos) y no logró alcanzar el umbral del 15% de los votos necesario para formar grupo propio: obtuvo el 13,92% de los sufragios, frente el 15,08% conseguido el 20D. Desde 1977, cuando junto al PNV conformó la minoría vasco-catalana en las Cortes, los herederos de Convergència no quedaban relegados sin grupo propio.

La principal consecuencia de ello ha sido el descenso de las subvenciones: mientras que los ingresos por ostentar un grupo pueden elevarse hasta los 965.800 euros en función del número de diputados, el grupo mixto recibe 51.633 euros al mes que se deben repartir entre las distintas formaciones que lo componen.

Por lo que respecta a su situación en el Senado, la  sentencia del Tribunal Constitucional, que anula la decisión de la Mesa de la Cámara Alta de impedir al PDeCAT formar grupo propio con Coalición Canaria, significará un pequeño alivio para las cuentas de la formación. Podría recibir 19.000 euros más al mes.

REAJUSTES EN LA ORGANIZACIÓN

Los recortes en el Senado provocaron, no obstante, que la formación decidiera incluso prescindir del responsable de prensa, y que ese departamento se gestionara desde el Congreso a través del mismo encargado.  

El mal momento que se vive dentro de la formación también se vio reflejado en el Expediente Regulador de Empleo (ERE) realizado en diciembre con 31 bajas —algunas de las cuales fueron voluntarias— y una rebaja salarial a quienes permanecían en plantilla. 

TRANSPARENCIA 

La web del PDeCAT no ha publicado las cuentas anuales del partido. Preguntados por este medio explican que “el partido se fundó formalmente en enero” y que aún no ha pasado un año para hacer públicos los resultados. De momento, solo aparece el presupuesto con fecha del 18 de marzo de 2017 con un balance de 3.144.000 euros entre ingresos y gastos.

El giro independentista de Convergència ha tenido también costes políticos más allá de la reducción de sus ingresos. Especialmente en Madrid, donde además de unas arcas debilitadas, ha perdido la relevancia e influencia que tenían en el pasado. En Cataluña, a través de la coalición con ERC, sigue manteniendo el poder, pero está por ver cuál será su evolución bajo la nueva marca del PDeCAT y sin el espejismo de la lista unitaria de Junts pel Sí.

Grandes frases del proceso catalán

Lupiáñez i Zapata, ocho apellidos nórdicos y 57 años de edad, presume de que llegó a Cataluña con ocho, con el nombre de pila de Miguel y desde la Alpujarra

2017-06-26

 

El ciudadano censado en Cataluña está expuesto cada día a una intolerable radiación acústica de alta intensidad y contaminante densidad. La última punta en la escala Ritcher son unas declaraciones del alcalde de Blanes, provincia de Gerona. El señor Miquel Lupiáñez i Zapata, del "Partit dels Socialistes de Catalunya" (PSC), ha declarado que no es lo mismo Dinamarca que el Magreb. Más en concreto ha dicho: "En Cataluña se vive de otra manera; es lo mismo que pasa con Dinamarca frente al Magreb".

De la evacuación de Lupiáñez se infiere que España acaba de salir del Ramadán mientras que en Cataluña se celebran los juegos florales del solsticio de estío. Es raro ya de entrada porque una cierta población de Blanes celebra el ayuno mahometano y en el Magreb son muy quisquillosos con lo de meter a tunecinos, argelinos y marroquíes en el mismo saco. Lo mismo que les pasa a algunos catalanes, que se rebotan cuando de visita en Copenhague dicen que son de Barcelona y les llaman españoles y olé.

Lupiáñez i Zapata, ocho apellidos nórdicos y 57 años de edad, presume de que llegó a Cataluña con ocho, con el nombre de pila de Miguel y desde la Alpujarra. En 1998 se afilió al PSC y tomó el ascensor social hasta integrarse plenamente en la minoría dominante a la manera de Montilla. Y ha llegado a la conclusión de que España es un desierto y Cataluña un vergel. ¿Cómo explicarlo? ¿Mear Eau de Guardiola?

Segundo tema. Octavo lunes de huelga en el metro de Barcelona. El comité de empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona detiene el servicio en las horas punta. La alcaldesa Ada Colau no contesta y la concejala presidenta de la compañía, Mercedes Vidal, está desaparecida. Los usuarios se amontonan, peligro en los andenes, los guardias jurados regulan el acceso a las estaciones para evitar accidentes y los trabajadores del suburbano denuncian insultos y agresiones.

 

Vidal, Mercedes, es de los comunes, la nueva izquierda. En el Día de la Mujer Trabajadora declaró: "Somos las hijas de las que limpian y hemos venido a gobernar; que se acostumbren". Dadas las circunstancias, es difícil insultar más al amplio sector de usuarias del suburbano que tengan que salir de Cornellá Centre o de Santa Coloma Fondo para fregar suelos en Sagrada Familia.

Lo de Lupiáñez y Vidal es la aceptación del pensamiento de Jordi Pujol, que escribió:

El hombre andaluz no es un hombre coherente; es un hombre anárquico, un hombre destruido. Es, generalmente, un hombre poco hecho que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural y espiritual.

Era una ampliación de lo que dejó dicho el presidente de ERC Heribert Barrera:

El cociente intelectual de los negros de Estados Unidos es inferior al de los blancos.

Pánico entre los consellers a la inhabilitación

• La responsable de Gobernación acudió de inmediato al TSJC para frenar la querella.

 

 

Hace 7 horasJ. Gallego. 

 

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, ayer, antes de celebrar la reunión semanal del Gobierno catalán

La consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, convirtió ayer el fiasco del Govern con la licitación de las urnas en una tabla de salvación. Borràs fue objeto de una querella de la Fiscalía después de publicar el pasado 9 de mayo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) un anuncio en el que se convocaban a empresas para suministrar las urnas del referéndum, y el pasado 20 de junio fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tras conocerse ayer que el concurso para la compra de urnas quedaba desierto, la consellera aprovechó este resquicio para tratar de sortear futuras consecuencias penales y sus abogados llevaron al TSJC esta circunstancia para pedir el archivo de su causa.

Los letrados de Borràs habían presentado el lunes un recurso en el que acusaban a la Fiscalía de hacer un «uso preventivo del Derecho Penal, dirigido a impedir lo que supuestamente alguien hará en un futuro». Por tanto, después de dar al traste el proceso de licitación de las urnas, la tesis de la defensa de la consellera de Gobernación no hacía sino reforzarse, y permitió que ayer ampliaran el recurso de súplica.

En todo caso, Borràs ha hecho uso de la «astucia» predicada por el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en todo el proceso de licitación para evitar impugnaciones del Estado y las advertencias judiciales: en el anuncio publicado en el DOGC no fijaba como objeto del suministro de urnas el referéndum del 1 de octubre, sino que servía para celebrar «elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana». Pero el Ministerio Público, en su querella formulada el 16 de mayo en la que imputaba delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, y en la que también incluía al secretario general de Gobernación, Francesc Esteve, consideró que, entre los procesos de participación ciudadana, también se podría incluir la consulta independentista. 

 

Según el escrito que presentó ante el TSJC, la licitación de las urnas suponía «una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista en Cataluña, contrario a los expresos mandatos del Tribunal Constitucional (TC)». En la admisión a trámite, en la misma línea, el TSJC reseñó que en la voluntad de celebrar el referéndum con «el objeto de mantener el propósito contenido en la Resolución 1/XI, de crear un Estado catalán independiente, los querellados, Borràs y Esteve, adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum».

Esta «astucia», en muchos casos, también se ha convertido en una abierta demostración de temor a la Justicia en la toma de decisiones y en la retórica empleada. Por un lado, en el momento de licitar las urnas, se produjo un enfrentamiento entre Borràs y el vicepresidente de la Generalitat y responsable de la organización del referéndum, Oriol Junqueras. Según informó «Ara», la consellera se negaba a firmar el anuncio si no recibía una orden por escrito del «número dos» del Govern, ya que así eludiría las consecuencias jurídicas y Junqueras quedaría como último responsable.

Por otro lado, tanto Borràs como el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, siempre han evitado verbalizar el objetivo de la compra de las urnas. Cuando han sido preguntados, siempre han eludido decir que servían para la celebración del referéndum, y así no dar munición a la Fiscalía.

 

La Guardia Civil ha citado a varios funcionarios de la Generalitat por la   campaña institucional para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero, en unas diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Agentes de este cuerpo han citado a media docena de personas, entre las que hay  funcionarios del departamento de Difusión y de la Conselleria de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores, además de personal de la agencia de publicidad que hizo el anuncio, según Catalunya Ràdio.

  

 

Estas citaciones empezaron hace unas dos semanas y se prolongarán en el tiempo, han indicado las citadas fuentes.

El 24 de marzo, la Fiscalía Superior de Catalunya anunció que  abría diligencias de investigación por si la Generalitat estaba preparando su anunciado referéndum de independencia, en base a noticias y al anuncio publicado en la prensa de dicha campaña sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Abrieron estas diligencias ante posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, ya que pueden estos preparativos pueden estar "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el TC".

Fiscalía  alude directamente al anuncio publicado en diarios este jueves por la Generalitat que anima a inscribirse en el registro de catalanes en el exterior.

https://youtu.be/37U10Vu8BFQ

 

 

El pasado viernes por la tarde bajo la marca “Por España me atrevo” hubo una concentración ante la sede central de ERC, con el lema “Esquerra Republicana, vergüenza catalana”. Los participantes también protestaron por la convocatoria de la consulta ilegal y por querer mantener un partido con una historia sangrienta como partido líder del separatismo catalán.

https://www.youtube.com/watch?v=01CWiNxxQwc

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas insiste en que se juzgue por malversación a Mas, Homs, Ortega y Rigau

Los cuatro condenados por desobediencia al TC al organizar el 9-N se enfrentan a tener que pagar más de 5,2 millones

La Fiscalía critica a la Generalitat por ser «inaudito» que no quiera investigar «ante los indicios expuestos, apoyados en datos objetivos»

Cataluña ya debe al Estado 51.000 millones, tras cinco años de rescates continuos

 

Los gobiernos autonómicos -con el catalán al frente- ya le deben al Estado 150.000 millones de euros, fruto de los continuos y privilegiados créditos que les viene concediendo el Gobierno central desde hace años por la vía del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que se distribuye por dos vías: por un lado -y sobre todo- el Fondo de Liquidez Autonómica; por otro, los fondos de Facilidad Financiera. La marea de préstamos desplegados por el Estado para mantener a flote a las autonomías ha sido aprovechada por todas, excepto por el País Vasco y Navarra. De los otros 15 gobiernos autonómicos, el Estado ya es el principal acreedor de ocho de ellos. Es decir, el Gobierno central es el gran «banco» de esos ejecutivos regionales. Si les cerrara el grifo crediticio, esas administraciones territoriales se verían asfixiadas. Según los últimos datos certificados por el Banco de España, a 31 de marzo pasado la deuda viva de las autonomías con el Estado ya ascendía a 149.282 millones. Y el montante suma y sigue trimestre a trimestre. Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo, el volumen de deuda autonómica en poder del Estado aumentó en casi 700 millones de euros. El Gobierno central se ha convertido en el principal acreedor de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. La Administración del Estado tiene en su mano las finanzas de estas ocho autonomías porque es la propietaria de más del 60% de la deuda de sus respectivos gobiernos regionales. Cataluña, la más auxiliada En cifras absolutas, el caso más notorio es Cataluña. Mientras la Generalitat sigue adelante con su órdago independentista, no para de poner la mano para pedir dinero prestado al Estado. Con su credibilidad financiera por los suelos desde hace años, la Generalitat es incapaz de financiarse por sí sola en los mercados de deuda, así que se ha echado en brazos del Gobierno central. En estos momentos, el Estado es el titular del 67,1% de la deuda del Gobierno catalán: casi 51.000 de los más de 75.000 millones de euros de deuda financiera que acumula la Generalitat se los debe al Estado. El Gobierno catalán es, con diferencia, el Ejecutivo autonómico que más tiene que agradecer a este mecanismo de auxilio financiero: de los 150.000 millones de euros que las autonomías le deben al Estado, la tercera parte los adeuda Cataluña. Comunidad Valenciana y Murcia En cifras netas, a Cataluña le sigue la Comunidad Valenciana, cuya deuda viva con el Estado roza ya los 35.000 millones. El Ejecutivo central es el titular del 77,2% del endeudamiento de esta comunidad autónoma. Hoy por hoy, sin ese soporte crediticio del Estado, las finanzas del Gobierno valenciano se desmoronarían, al igual que le ocurriría al Ejecutivo catalán. La dependencia del Gobierno de Murcia también es muy elevada. El 76% de su deuda financiera está en manos del Estado: 6.300 de los 8.300 millones de euros a que asciende en total el endeudamiento público murciano. Andalucía, Baleares, Canarias... En el caso deAndalucía el porcentaje de deuda autonómica en manos del Estado roza el 68% (22.000 millones). Al 66,4% asciende en el caso del Gobierno balear; al 66,7% en el Ejecutivo canario; 64,6% en el caso de Cantabria, y 68,5% en el Gobierno de Castilla-La Mancha. En el lado contrario se encuentran el País Vascoy Navarra. La holgura financiera que les otorgan sus ventajosos regímenes forales les hace tener una baja tasa de endeudamiento y les permite prescindir de los mecanismos crediticios a los que -con más o menos vigor- se han tenido que agarrar el resto de autonomías. La delicada situación que arrastran la mayor parte de arcas autonómicas, y la necesidad de aliviar sus costes con préstamos «políticos» -mucho más ventajosos que los del mercado-, ha llevado a los gobiernos regionales a echarse en brazos del Estado cada vez más. Lo hacen desde que, hace cinco años, el Gobierno central abriera el grifo y se convirtiera en el prestamista de referencia de la mayor parte de administraciones autonómicas. De cuatro años a esta parte, el Gobierno central ha disparado el volumen de dinero prestado a los ejecutivos regionales. A finales de 2012 tenía menos del 20% de la deuda autonómica; en estos momentos ostenta más del 53%. Y ese porcentaje sigue aumentando. http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-cataluna-debe-estado-51000-millones-tras-cinco-anos-rescates-continuos-201706182318_noticia.html

Totalmente de acuerdo

Los gobiernos autonómicos -con el catalán al frente- ya le deben al Estado 150.000 millones de euros, fruto de los continuos y privilegiados créditos que les viene concediendo el Gobierno central desde hace años por la vía del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que se distribuye por dos vías: por un lado -y sobre todo- el Fondo de Liquidez Autonómica; por otro, los fondos de Facilidad Financiera

La marea de préstamos desplegados por el Estado para mantener a flote a las autonomías ha sido aprovechada por todas, excepto por el País Vasco y Navarra. De los otros 15 gobiernos autonómicos, el Estado ya es el principal acreedor de ocho de ellos. Es decir, el Gobierno central es el gran «banco» de esos ejecutivos regionales. Si les cerrara el grifo crediticio, esas administraciones territoriales se verían asfixiadas.

Según los últimos datos certificados por el Banco de España, a 31 de marzo pasado la deuda viva de las autonomías con el Estado ya ascendía a 149.282 millones.

Y el montante suma y sigue trimestre a trimestre. Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de marzo, el volumen de deuda autonómica en poder del Estado aumentó en casi 700 millones de euros. El Gobierno central se ha convertido en el principal acreedor de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.

La Administración del Estado tiene en su mano las finanzas de estas ocho autonomías porque es la propietaria de más del 60% de la deuda de sus respectivos gobiernos regionales.

Cataluña, la más auxiliada

En cifras absolutas, el caso más notorio es Cataluña. Mientras la Generalitat sigue adelante con su órdago independentista, no para de poner la mano para pedir dinero prestado al Estado. Con su credibilidad financiera por los suelos desde hace años, la Generalitat es incapaz de financiarse por sí sola en los mercados de deuda, así que se ha echado en brazos del Gobierno central. En estos momentos, el Estado es el titular del 67,1% de la deuda del Gobierno catalán: casi 51.000 de los más de 75.000 millones de euros de deuda financiera que acumula la Generalitat se los debe al Estado.

El Gobierno catalán es, con diferencia, el Ejecutivo autonómico que más tiene que agradecer a este mecanismo de auxilio financiero: de los 150.000 millones de euros que las autonomías le deben al Estado, la tercera parte los adeuda Cataluña.

Comunidad Valenciana y Murcia En cifras netas, a Cataluña le sigue la Comunidad Valenciana, cuya deuda viva con el Estado roza ya los 35.000 millones. El Ejecutivo central es el titular del 77,2% del endeudamiento de esta comunidad autónoma. Hoy por hoy, sin ese soporte crediticio del Estado, las finanzas del Gobierno valenciano se desmoronarían, al igual que le ocurriría al Ejecutivo catalán.

La dependencia del Gobierno de Murcia también es muy elevada. El 76% de su deuda financiera está en manos del Estado: 6.300 de los 8.300 millones de euros a que asciende en total el endeudamiento público murciano. Andalucía, Baleares, Canarias... En el caso deAndalucía el porcentaje de deuda autonómica en manos del Estado roza el 68% (22.000 millones). Al 66,4% asciende en el caso del Gobierno balear; al 66,7% en el Ejecutivo canario; 64,6% en el caso de Cantabria, y 68,5% en el Gobierno de Castilla-La Mancha. En el lado contrario se encuentran el País Vascoy Navarra.

La holgura financiera que les otorgan sus ventajosos regímenes forales les hace tener una baja tasa de endeudamiento y les permite prescindir de los mecanismos crediticios a los que -con más o menos vigor- se han tenido que agarrar el resto de autonomías.

La delicada situación que arrastran la mayor parte de arcas autonómicas, y la necesidad de aliviar sus costes con préstamos «políticos» -mucho más ventajosos que los del mercado-, ha llevado a los gobiernos regionales a echarse en brazos del Estado cada vez más.

Lo hacen desde que, hace cinco años, el Gobierno central abriera el grifo y se convirtiera en el prestamista de referencia de la mayor parte de administraciones autonómicas.

De cuatro años a esta parte, el Gobierno central ha disparado el volumen de dinero prestado a los ejecutivos regionales. A finales de 2012 tenía menos del 20% de la deuda autonómica; en estos momentos ostenta más del 53%. Y ese porcentaje sigue aumentando. http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-cataluna-debe-estado-51000-millones-tras-cinco-anos-rescates-continuos-201706182318_noticia.html