En España, la legislación de alquiler está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la cual establece las normas y condiciones para los contratos de alquiler de viviendas urbanas. Según la LAU, en caso de renovación de un contrato de alquiler, el arrendador (propietario) puede aplicar una actualización anual del alquiler, pero esta actualización no puede exceder el índice de referencia establecido para cada año, el cual puede ser el Índice de Precios al Consumo (IPC) u otro índice que se haya pactado en el contrato.
El porcentaje de actualización anual del alquiler está sujeto al índice de referencia aplicable, y puede variar año tras año. Para los contratos de arrendamiento celebrados a partir del 1 de enero de 2015, la LAU establece que si el contrato no establece un índice de referencia específico, se aplicará automáticamente el IPC como índice de referencia.
