¿Qué órgano jurisdiccional deberá entender de las estafas de los móviles?
El tratamiento jurídico de las múltiples defraudaciones que se cometen por parte de las compañías de telecomunicaciones (Vodafone, Orange..etc) y que se concretan en la emisión, facturación y cobro de facturas irregulares que ocasionan grave perjuicio económico a miles de usuarios, no ofrece --desde mi punto de vista-- graves conflictos de competencia.
Los usuarios se desesperan al comprobar que se ven finalmente forzados a pagar sus facturas ante las múltiples coacciones a que son sometidos por parte de las operadoras de estas empresas, que te amenazan y coaccionan permanentemente durante meses, hasta que finalmente te aburres y pagas porque no encuentras ninguna solución legal. Ningún órgano de la Administración resuelve el problema. Las normas legales no parecen afectar a estas empresas, cuya prepotencia e impunidad les permite andar por sus fueros avasallando a los ciudadanos.
Éstos se ven desamparados y deambulan por los foros de Internet en demanda de auxilio, sin encontrarlo.
Los Juzgados ordinarios no están acostumbrados a resolver estos asuntos, pues al fin y al cabo la cuantía es poco importante. Esta es precisamente la razón por la que los usuarios desisten de sus derechos y prefieren abonar sus fraudulentas facturas.
Sin embargo, estas compañías de telecomunicaciones, conocedoras de ello, persisten en su conducta y engordan sus cuentas bancarias a costa del sufrido y vapuleado usuario.
En mi opinión, se trata de un hecho delictivo claro, que merece ser denunciado e investigado.
Pero, ¿qué juzgado sería el competente? El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional
Aunque la defraudación individualmente considerada no suponga una cantidad considerable --si bien en algunos casos asciende a miles de euros-- no se puede dudar que las defraudaciones que se cometen afectan y ocasionan un perjuicio económico a numerosas personas residentes en distintas regiones del territorio nacional
Es por ello que entendemos que los hechos revisten entidad suficiente como para ser investigados por un órgano judicial con la suficiente competencia`para ello. Y este órgano judicial no puede ser otro que la Audiencia Nacional puesto que las infracciones sujetas a investigación tienen lugar en diferentes regiones y, en consecuencia, afectan a la jurisdicción de distintas Audiencias Provinciales.
En apoyo de lo expuesto, reproducimos el art. 65 de la Ley Orgánica 8/1985 de 1 de Julio, del Consejo General de Poder Judicial:
Artículo 65.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1.- Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
2.- Delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
3.- Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
4.- Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
5.- Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.
6.- Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.
En todo caso, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.
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Estamos en el convencimiento de que, si la Fiscalía de la Audiencia Nacional no toma cartas en el asunto por propia iniciativa y por convencimiento propio, nadie jamás solucionará el perjuicio de los muchos miles de ciudadanos estafados y coaccionados por estos gigantes de las telecomunicaciones.
A veces es mejor investigar lo que pasa en nuestro propio pais, que hallar culpables en el extranjero