http://www.elmundo.es/espana/2014/01/12/52d1d5ed22601d430e8b4577.html
Siguiente capítulo, 'doctrina Botín'
Una vez que han dado por perdido el partido de la imputación, los abogados de la Infanta Cristina, Jesús Silva y Miquel Roca, piensan ya en el siguiente estadio. En una nueva línea Maginot. Los abogados de la hija del Rey se han visto obligados a mover hacia atrás la línea defensiva, pero van a luchar por todos los medios para que Cristina de Borbón no se siente en el banquillo de los acusados junto a su marido en el juicio del caso Urdangarin. A tenor del prolijo auto emitido por el instructor el pasado martes, hay que colegir que la hija del Rey cuenta con muchísimas posibilidades de tener que afrontar el juicio oral.
Para ello, se van a aferrar a la controvertida doctrina Botín como última tabla de salvación. En este momento, tanto los letrados de la Infanta como la propia Fiscalía Anticorrupción consideran que Cristina de Borbón no puede ser juzgada si la única acusación contra ella por delitos contra la Hacienda pública corre a cargo del sindicato Manos Limpias.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por EL MUNDO sostienen que la doctrina Botín, que limita el ejercicio de la acción popular -una figura jurídica que data de la Constitución de Cádiz de 1812-, sería aplicable pero parcialmente: sí en el delito fiscal, pero no en el blanqueo de capitales. La defensa de Doña Cristina considera, por su parte, que gozaría de virtualidad en ambos casos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió en diciembre de 2007 -por nueve votos a cinco y en medio de sonoras acusaciones de trato de privilegio- limitar la acción de las acusaciones populares en el caso de las cesiones de crédito, lo que evitó el banquillo a Emilio Botín, otros tres directivos del banco y 21 clientes. Paradójicamente, el Constitucional descartó hace varias semanas su aplicación en la condena que recayó en Juan María Atutxa por desobediencia.
Estas mismas fuentes del Constitucional opinan que el juez José Castro no podrá acordar, por mucho que quiera, la apertura de juicio contra la hija del Rey si ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado van a atribuirle un delito fiscal. Hipótesis que se antoja como absolutamente segura después de que la Agencia Tributaria aceptase facturas falsas para que Aizoon no supere la cuota de 120.000 euros. Por tanto, si no acusan los representantes del Estado en calidad de perjudicados, nadie más estaría legitimado para hacerlo. El Supremo ratificó en 2007 la decisión previa de la Audiencia Nacional en el caso de las cesiones de crédito de que «no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular».
El debate está servido, porque la propia Audiencia de Palma, si bien ya ha aplicado en dos ocasiones la doctrina Botín, apuntó en uno de sus autos de este procedimiento que el sindicato representado por la abogada Virginia López-Negrete «gozaría de legitimación para ejercer la acción penal contra la Infanta imputada». No en vano, desde el Ministerio Público se coincide en calificar de «muy discutible» que, después de que Manos Limpias haya asistido a todas las declaraciones desde el inicio del procedimiento, se acuerde ahora que no tienen legitimidad para acusar. Anticorrupción no quiere abrir el debate y dejará que sea, en primera instancia, la defensa de la Infanta quien lo argumente.
Cuestión bien distinta, reconocen las mismas fuentes jurídicas consultadas, es que la acusación definitiva no sólo gire en torno al delito fiscal, sino que también abarque el blanqueo de capitales. Un escenario en el que, tal y como admite la Fiscalía, no sería de aplicación la polémica doctrina Botín. Por lo tanto, el martirio judicial de Cristina de Borbón que pretende zanjarse definitivamente con su próxima declaración ante el juez puede todavía alargarse muchos meses más.
