Re: Tres años de cárcel y 16 de inhabilitación para el alcalde de Arroyo por prevaricación
Arroyo Siglo XXI, la asociación que ejerció de acusación popular en el caso Arroyo, saldado con la condena de tres años de cárcel y dieciséis de inhabilitación recaída en el todavía alcalde del citado municipio vallisoletano, José Manuel Méndez, confirmada este miércoles por el Supremo, ha recordado hoy al condenado que su decisión de abandonar el cargo en los próximos días no es por iniciativa propia. «Méndez no dimite voluntariamente, se va porque le echamos», ha sentenciado el letrado José María de la Red.
El abogado, quien ha llevado la acusación popular desde que se iniciara el proceso hace ocho años, ha comparecido públicamente, acompañado de otros miembros del colectivo, para, entre otros motivos, denunciar la «hipocresía» del Partido Popular, formación a la que perteneció Méndez cuando se cometieron los delitos y de la que éste «se fue voluntariamente, sin que nadie le echara entonces», actitud «vergonzosa» posteriormente avalada por los tres ediles del PP en Arroyo que, tras la primera sentencia condenatoria, no fueron capaces de sumar fuerzas con el PSOE para forzar un pleno extraordinario y solicitar su dimisión, según informa Europa Press.
Pero además, el portavoz de la acusación popular se muestra convencido de que una vez que tenga acceso a las cuentas se descubrirá que el «despilfarro» en el Ayuntamiento de Arroyo durante la etapa del condenado alcanza cifras «escalofriantes», lo que contrasta con quienes le definen como gran gestor. «Si se hubiera administrado con prudencia, en lugar de 12 millones en las arcas como dice él habría una cifra multiplicada por ocho o diez», sostiene José María de la Red.
Quién paga la defensa de Méndez
El letrado ha expresado igualmente su preocupación ante el peligro de que los honorarios de su homólogo madrileño Javier Gómez de Liaño, defensor en el proceso tanto del alcalde como del arquitecto municipal, también condenado, sean cargados al Ayuntamiento de Arroyo, en lugar de costearlos los aludidos de su propio bolsillo, y ha aprovechado para mostrar su esperanza de que el ingreso en prisión de Méndez y del presidente de Mahía, Ramón López Casal, sobre el que han recaído igualmente tres años de cárcel y dieciséis de inhabilitación, se produzca lo «más rápido posible».
«Nos hubiera gustado que la condena de Méndez fuera de cinco años, pero es lo que hay», ha lamentado el letrado vallisoletano, que ha precisado que el colectivo que representa carece de adscripción política y ha advertido de que sus miembros han tenido que soportar en estos últimos ocho años todo tipo de insultos y amenazas por el simple hecho de defender la legalidad y los intereses de un municipio al que ha definido como «sociedad anestesiada» y con el único propósito de demostrar que el alcalde ha utilizado el Ayuntamiento para su «exclusivo beneficio».
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Arroyo de la Encomienda está en el cinturón que rodea Valladolid Capital.
Un saludo
