Afectados de Afinsa denuncian en Estrasburgo al Estado español por el hundimiento de la sociedad
Un colectivo de afectados por el hundimiento de la sociedad filatélica Afinsa denunciará esta semana frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español, al que responsabilizan del crack de la sociedad y de haber dejado a miles de ahorradores sin su dinero.
Estos damnificados, lejos de denunciar a los directivos de la compañía, dirigen sus demandas al Estado ya que, según argumentan, la intervención de la sociedad que llevó a cabo en 2006 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, provocó "un perjuicio claro y evidente. Sin intervención no hubiera habido perjuicio patrimonial. Todo el mundo, y más clientes que hubieran seguido confiando en Afinsa, a día de hoy conservaría su patrimonio".
¿Sociedad mercantil o financiera?
La cuestión de fondo radica en la consideración jurídica de Afinsa. Los demandantes sostienen que se trata de una sociedad mercantil y argumentan que hay documentos de Hacienda que así lo acreditan. Y esgrimen, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo (la 13/2010) que califica indubitadamente a la firma como sociedad mercantil.
Con esta consideración, y según los demandantes, Afinsa realizaba operaciones de compra y venta de filatelia. "Dichas operaciones se contabilizaban como un gasto y un pago, en el caso de la compra, y de un ingreso y un cobro en el caso de la venta." Según este razonamiento, seguido por los directivos de la sociedad, la contabilidad de la compañía era "inmaculada".
Hacienda lo complica todo
Sin embargo, en 2006 apareció un informe que lo puso todo en cuestión. Después de analizar la contabilidad de la compañía, una investigación de la Agencia Tributaria alertaba sobre "un agujero de 2.000 millones de euros en esta sociedad financiera". El informe llegó a la Fiscalía Anticorrupción que, rápidamente, lo transformó en querella y, más tarde, el juez Pedraz intervino la sociedad.
Los demandantes sostienen, una vez más, que no se trata de una sociedad financiera y que ellos, los inversores, no compraban productos financieros, sino sellos, tangibles y computables. Por lo tanto, Afinsa no tenía por qué provisionar en su balance de gastos esas inversiones, ni tan siquiera calificarlas de deuda. La Agencia Tributaria detectó esa "no consignación" y la calificó de desfalco y de agujero contable.
La contabilidad de la mercantil, inmaculada
Transcurrido el proceso judicial, Hacienda insiste en que Afinsa es una sociedad financiera que, en su contabilidad, no registró la deuda contraída con los supuestos inversores.
Según la demanda, si se analiza la contabilidad de la compañía como sociedad mercantil, sus números son trasparentes y correctos. Efectivamente, si se analizan con el prisma de una sociedad financiera, existe un millonario desajuste en la contabilidad.
La fiscalía, de espaldas al Supremo
Llama la atención que tanto la fiscalía como la Audiencia Nacional, deslegitimen --al no contemplarla-- la posición de 2.000 inversores (compradores de sellos) afectados, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de hace 5 años considera "sociedad mercantil" a Afinsa. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el propio Constitucional han negado anteriores demandas y recursos de amparo interpuestos, en este sentido, por los damnificados.
Ahora, y de la mano de la prestigiosa letrada Virginia López Negrete, experta en demandas de recuperación de patrimonio, se han decidido ir a por todas en esta demanda que se presentará antes del viernes ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y a la que ha tenido acceso Economía Digital.
La demanda recuerda que Afinsa es una sociedad mercantil y, por lo tanto, no puede ser intervenida por el Estado salvo en el caso de encontarse en situación de liquidación (como estipula el artículo 382 de la ley de sociedades de capital). Situación que no se daba.
Asímismo se subraya que el Estado actuó en Afinsa cuando nunca debió de hacerlo, lo que en términos jurídicos se conoce como culpa in comittendo. "La directiva de Afinsa podría ser más o menos eficiente, pero la sociedad era viable", versa el recurso.
Sellos deteriorados de forma irreversible
Según los demandantes, Afinsa vendía y compraba sellos. A menudo los compradores, los cedían a la vendedora para que ésta se encargase de su custodia y mantenimiento. Trascurridos nueve años, la ingente cantidad de sellos incautados por la Guardia Civil en la llamada operación Atrio, se han devaluado de forma notoria e irreversible.
La mayoría de estos sellos han perdido todo su incalculable valor, ya que desde entonces permanecen almacenados en una nave industrial de Madrid sin las medidas de temperatura y humedad necesarias para su correcta conservación.