En el asunto del cierre de canal 9 en Valencia, hay un par de asuntos que han quedado ocultos entre la discusión sobre la conveniencia o no del cierre del citado ente. Y lo peor es que siendo importante la discusión sobre si mantener o no la televisión pública, los otros asuntos son más importantes. Esto afecta principalmente a la seguridad jurídica, y estamos ante otro ejemplo de la disparidad de criterio y de análisis. Cuando los perjudicados son determinados grupos, siempre se pone la seguridad jurídica por encima de todo; Por ejemplo, no se puede reformar la ley hipotecaria en base a dicho argumento y de hecho nadie se plantea si se puede sostener esto. En este caso estamos al contrario.
La dichosa televisión, recordemos no puede ser cerrada porque como un servicio público está regulada en una ley; ley que como todas se ha manifestado como la garantía para algo, en particular que existiese un servicio público con unos parámetros determinados. Desde luego es obvio que no se ha proporcionado en ningún momento lo que la ley ofrecía, pero llama mucho la atención que no haya costado ningún esfuerzo decidir por parte del ejecutivo cambiar una ley por la vía de urgencia, en base a una circunstancia sobrevenida.
Supongo que todo el mundo me dirá que las circunstancias mandan sobre las leyes, pero es que esto precisamente es la base de la seguridad jurídica, sobre todo porque es más que evidente que el único sentido y objetivo de cualquier ley que protege un servicio público, no tiene otro sentido que para protegerlo de los vaivenes y de las circunstancias.
Esto es lo que se han cargado y no se ha hecho otra cosa que profundizar en el destrozo de la calidad de las leyes como garantes de un esquema en el que nos podamos mover con cierta garantía. Existía una ley que obligaba a mantener abierta una entidad hasta que se decide cerrar esta entidad, ergo la ley no servía tampoco para esto, (está claro que para lo de la claridad y lo de la pluralidad tampoco).
Pero si grave es este aspecto, más lo es teniendo en cuenta cual ha sido el detonante, que no es otro que la declaración de los tribunales de que el ERE vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores. En realidad es así de simple; lo que acaba de ocurrir es la demostración palmaria de que los tribunales no sirven para nada y que además no se puede recurrir a ellos, en base a la posibilidad de que en caso de ganar, las consecuencias sean mucho peores.
¿Se hubiese presentado la demanda por estos hechos sabiendo cual iba a ser el desenlace?. Probablemente no se hubiese tomado la misma decisión, de tal forma que lo que finalmente fue una vulneración declarada y admitida, (desde el momento en el que el recurso ni se plantea), de la normativa hubiese quedado completamente impune. (mucho más que ahora).
Discutamos sobre si es bueno o no tener una compañía de televisión pública, valoremos los beneficios y los costes si queremos; como deporte estará bien pero sólo a estos efectos ya que directamente ahora mismo ni las leyes garantizan nada, ni los tribunales sirven para nada. Y sin esto, pues no hay nada.
