Lo más absurdo que nos podía pasar en España es encontrarnos con gastar una cantidad de dinero indeterminada, pero absurda en una fábrica de terremotos. Pues esto es lo que ha ocurrido con el proyecto del Almacén de Gas Castor, que recordemos era una inversión inicial de 500 millones de euros para construir unas infraestructuras para albergar una cantidad de gas natural suficiente para una demanda estimada que nunca se ha llegado a consumar.
Posteriormente el gasto se ha disparado hasta el punto de que hoy no sabemos cual será el coste final, ya que primero se hablaba de 1.400 millones, luego se rebajó a 1.200 y parece ser que ahora el coste ya va por los 1.700 millones que deberemos pagar todos los consumidores de gas, ya que se impone que tengamos que pagar todos los costes del sistema por absurdos que sean.
Independientemente del hecho de que nos digan que todo se hizo respetando las normas, a pesar de que evidentemente los análisis de impacto medioambiental no han sido demasiado certeros tampoco, o incluso del tremendo resultado en forma de terremotos o coste, e independientemente de los sobrecostes o de que nadie sea capaz de decir el coste definitivo de la instalación, ni la responsabilidad de todo esto ni como se ha disparado tenemos que tener en cuenta un punto que es completamente básico y que ha de tenerse en cuenta en muchas otras tonterías y obras bien públicas, bien semi-públicas, (como puede ser este el caso).
Podemos hablar de muchas cosas y matices, como por ejemplo las ineficiencias de mercado, la corrupción, la asimetría en la información, los distintos grados de poder, pero en este y muchos casos, el problema es muy básico y se centra en los incentivos finales.
Es completamente básico que al que toma decisiones sobre pagos, le interesa siempre que sean lo menor posibles, mientras que al que toma decisiones sobre cobros le interesa que sean lo mayor posibles. Esta perogrullada es la que permite que una negociación, (en las condiciones del liberalismo estas que cada vez más cuesta encontrar), es la que permite llegar a una situación más o menos eficiente.
Pero si analizamos en este caso la situación, comprobamos que a la empresa concesionaria de tal proyecto, que en teoría es privada porque ofrece una mejor gestión y asume el riesgo, directamente le interesa facturar más. ¿Cómo no se va a disparar el gasto de unas determinadas instalaciones, si resulta que cuanto más gaste más gana?. Es sencillo ver que si la fábrica de terremotos costase 500 millones, nos encontraríamos con un pelotazo de esta entidad por importe de 500 millones. Como al final son 1.700 millones, ¡pues mejor!. Por tanto a la hora de tomar cualquier decisión, tenemos el incentivo para la empresa de gastar más.
¿Cuántas infraestructuras inútiles se han creado, disparando su coste de forma espectacular, en base a informes absurdos que indicaban una gran demanda y que ahora no sirven absolutamente para nada más que para pegar pelotazos?. Pues lo curioso es que resulta que nadie se ha planteado absolutamente nada.
¿No nos suena otro sector en el que se regula para cubrir todos los costes reconocidos por el sistema de forma que al final tenemos un producto básico muy caro, que está sangrándonos, mientras que no hay forma de bajar los costes y se genera un déficit desde mil puntos de vista?.
