El 29 de enero me sorprendió mucho una noticia que apareció en La Voz de Galicia: “Consumidores Independientes piden que se aumente la fecha de caducidad de los productos”. Leyendo la noticia, nos encontramos con que la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, (FUCI), remite una carta a los ministerios de Sanidad y Consumo, (Ana Mato), y al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (Miguel Arias Cañete), en la que solicita que se cambie lo de consumo preferente, acogiéndose a la tesis de que después de unas determinadas fechas los productos pueden ver deterioradas algunas de sus características, (sabor, textura, propiedades nutritivas…), aunque no supongan un riesgo, pidiendo por tanto que se incremente la fecha de caducidad porque «No todo puede ser imagen en los alimentos, no se deben tirar por el hecho de que no sean perfectos, lo que más importa es la calidad de los productos».
El argumento es muy absurdo, ya que cualquier consumidor sabe que la calidad es el conjunto de estos atributos; en particular llama un poco la atención que se reclamen mejoras en el etiquetado y que luego no importe el hecho de que varíen las características. Pero más absurdo es que una asociación de consumidores, (de la que por cierto no tenía noticia alguna hasta el momento), pida lo que se está proponiendo del gobierno. Es como si yo de repente pidiese rescatar bancos. Sé me haría caso, pero estaría muy claro que lo que estoy haciendo es defender los intereses de los bancos, lo cual sería especialmente grave si me presentase bajo el paraguas de los usuarios de los bancos.
Tras esta noticia, he tirado de google para buscar información sobre esta asociación de consumidores, y en particular sobre su responsable: Gustavo Samayoa Estrada, y me he encontrado con una noticia sobre la incredulidad cuando resulta que se ha quedado sólo apoyando la subida de tarifas en el transporte público de Madrid, lo cual contrasta y mucho con los intereses de los consumidores.
El siguiente paso ha sido darme una vuelta por la web de la federación FUCI, para obtener más información acerca de una entidad que no huele nada bien. La web no ayuda demasiado a despejar las dudas que esta entidad ofrece y de hecho las incrementa. De un simple vistazo nos encontramos con una actividad inusualmente baja. En lo que va de 2013, tan sólo consta como actividad en la web, (lo digo por lo del objetivo de difusión), tres entradas, (en actualidad y nota de prensa que son exactamente las mismas), y dos en twitter, (correspondientes a dos de las tres acciones). Las tres acciones son la carta referida y dos estudios que no pueden ser calificados de otra forma como ridículos. Por un lado tenemos un estudio (del que no dan dato alguno, como por ejemplo muestra, como lo han hecho…) en el que concluyen que el 15% de los tiquets de compra son erróneos respecto a las ofertas, lo que lleva a concluir que la gente paga 10 euros más cada mes por estos errores. Lo que no tengo claro es como lo hacen ya que asumen que sólo el 10% de los consumidores revisan las facturas, por lo que ¿Cómo se detectan los errores?. Además hacen una extrapolación que no tiene ningún sentido y en base a unos cálculos que no especifican. En fin, en mi opinión existen indicios más que claros de que es inventado, pero en realidad podría ser pura incompetencia si no fuese por lo que viene después.
El otro estudio es una ronda de llamadas a lo largo de toda España para determinar lo que se va a gastar en las rebajas. Sin datos de ningún tipo, ni ningún tipo de estudio se nos dan unos datos que se han distribuido por la prensa asumiéndolo todo. En fin, muy cutre.
Pero la sorpresa real me la encuentro en la sección de publicaciones; En particular me ha llamado mucho la atención la de “derechos financieros”, publicada en 2010. Esta publicación, disponible en internet fue maquetada el 26 de septiembre de 2010 a las 12:36. En principio es la primera vez que veo tal descontrol que nos lleva a poner un pdf descargable en el que aparezca esto, así como las líneas de maquetación. El titulo ciertamente es engañoso, ya que en realidad, (y así lo aclara), “Ante la gran extensión de supuestos en los que los derechos del consumidor son susceptibles de ser lesionados en sus relaciones con las Entidades financieras, la presente publicación ha parcializado en los siguientes aspectos:
- Comisiones bancarias
- Procedimiento de reclamaciones”.
Revisando el texto se observa que estamos ante un documento que necesita la friolera de 32 páginas para escribir 2.773 palabras en total, que acaba con una anotación que nos dice que la publicación ha sido subvencionada por el Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto Nacional de Consumo, y por supuesto con la aclaración de que “El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Asociación”.
Revisando las ayudas publicadas por el ministerio de sanidad, nos encontramos con la publicación en el BOE del 21 de febrero de 2011 de las subvenciones concedidas a asociaciones de consumidores, que para el 2010 establecían (según la norma reguladora publicada en el BOE de 1 de abril de 2010) como uno de los puntos prioritarios:
“Elaboración de materiales informativos o divulgativos, en particular en relación con la seguridad de productos y servicios, en los sectores que presentan un mayor número de reclamaciones o mayor dificultad para su tramitación, incluidos materiales sobre mecanismos de reclamaciones previstos por el ordenamiento jurídico, y en aquellos sectores de mayor riesgo económico para los consumidores”
Como se puede comprobar, esta asociación por este proyecto ha obtenido una subvención de 50.000 euros, lo que en una cuenta rápida nos lleva a que se han pagado 18 euros por cada palabra de la publicación, (ahora que está de moda esta terminología gracias a ciertas golfadas en la fundación ideas del PSOE).
En todo caso, por si acaso alguien tiene ciertas dudas sobre si es demagógico, tendremos que atenernos a la calidad de la publicación. Es decir; puede ser que en pocas palabras se haya realizado tremendo trabajo que pudiera justificar estos 50.000 euros. Lamentablemente no es este el caso, porque es más que evidente que los autores de esta publicación se han limitado a copiar, pegar (con muy ligeros cambios) y luego maquetar, (como bien aparece en el documento), los textos que el Banco de España pone en los apartados de “comisiones bancarias” y “quejas y reclamaciones” del Portal del Cliente Bancario.
Las similitudes son más que evidentes, desde el principio hasta el fin. He copiado en otro post, (por razones de espacio en este) íntegramente la publicación de FUCI y he colocado bajo cada uno de los párrafos el link y el texto exacto de la página del Banco de España donde está colocado el evidente origen del informe. Creo que merece que se vea, aunque no se lea íntegramente.
Más allá de que esta publicación aparece registrada en la página del Banco de España, lo que no es de recibo es el hecho de que se copien directamente 2.800 palabras, se presente como un informe y se cobre una subvención por importe de 50.000 euros, que ha sido justificada con los presuntos gastos de haber realizado esto.
Por esta razón, he titulado este post como FUCI, a lo Urdangarín, porque los hechos son exactamente los mismos, y por supuesto han de recibir exactamente el mismo tratamiento.
Pero esto no queda aquí…(En el post que está colgado en este link)
