Hace algún tiempo Sauron me dejó una idea, que no he podido comentar hasta ahora. (Lamentablemente no tengo demasiado tiempo). Esta idea venía a decir:
“1. Comprar 100.000 ó 200.000 TPVs e instalarlos en absolutamente todas las instalaciones en las que se presta un servicio público (centros de salud, escuelas, etc).
2. Invertir unos milloncetes en extender en pocos meses el DNIe a todos los epsañoles metiendo en el chip la decila o el cuartil de renta per capita familiar del titular.
3. Establecer que la práctica totalidad de servicios públicos se pagarán, de media, en un 65% a través de impuestos y en un 35% de forma directa por el usuario en función de esa renta per capita familiar (los % son un ejemplo), quedando fuera casos específicos (enfermos crónicos, educación especial, etc).
4. Exactamente al mismo tiempo, rebajar los tipos impositivos en una cuantía inicialmente igual a la que ahora se va a "re-pagar" de forma directa, incidiendo en las rentas más bajas y con mayor propensión marginal a consumir.
Y todo lo anterior en el mismo acto.
Otras cosas (dejar caer a las entidades financieras salvaguardando a cuentacorrentistas y depositantes, establecer obligatoriamente centrales de compra para el abastecimeinto de bienes a las CCAA, impedir que los gastos derivados de ciertos servicios públicos como la justicia sean desgravables para las personas jurídicas, etc) son también muy importantes...
...pero hablando de servicios públicos, creo que mi idea estaría bien.
¡Ah! Que no se me olvide. No sé si es legalmente posible, pero creo que sería estupendo subir los tipos del IVA y, al mismo tiempo, que parte del IVA pagado por personas físicas fuera desgravable. Así tenemos unos 45 millones de inspectores por toda España pidiendo siempre factura y/o ticket.”
Es el típico comentario que no se puede contestar en cinco minutos, porque apunta varias cosas interesantes. Para tratar de comentar esta solución, me gustaría empezar por un apartado del último punto; concretamente aquel en el que Sauron se pregunta si es “legalmente posible”. En principio, todo es legalmente posible, (tal y como hemos aprendido hace tiempo. Pero sin embargo, la idea de subir el IVA y que fuese desgravable, no significaría la existencia de 45.000.000 de inspectores. Se ve por un procedimiento sencillo; imaginemos que partimos del IVA al 21% y lo pasamos al 25%, estableciendo una desgravación del 4%. En este sentido lo que tenemos es absolutamente nada, ya que el IVA lo asume el cliente siempre. Es decir, cuando vamos a un taller y nos ofrecen no pagar el IVA, estamos ante un fraude en el que el cliente no paga el IVA, (que es lo que le corresponde) y la empresa no paga el beneficio derivado de esta reparación. En el ejemplo que tendríamos, el incentivo para el cliente seguiría siendo el mismo, o si cabe mayor. Es decir, pagar el IVA supondría pagar un 30%, esperar unos meses y después meterse en papeleos para recuperarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, es más probable que deje de pagarlo alguien que actualmente lo paga, que el caso contrario. Evidentemente si la subida es mayor que la desgravación, el efecto es el mismo o más acentuado, por lo que creo que no es una buena solución.
Respecto a los servicios públicos, y el hecho de instalar los tpv e instalar unos determinados porcentajes, tampoco puedo estar demasiado de acuerdo. En principio, no soluciona (y es posible que empeore), uno de los problemas más graves que están teniendo los servicios públicos actualmente, y es aquel que nos dice como se prestan. De hecho ese era el leiv motiv del post en el que dejó el comentario. La austeridad ha de empezar siempre por prestar el servicio público de la forma más barata posible, lo que por definición nunca será mediante todo este esquema de financiaciones públicas para gestiones privadas y demás. Ese es el grave problema de todo un esquema de funcionamiento en el que todo servicio público en realidad se entiende como la posibilidad de generar una oportunidad de negocios, cuando lo que se debería hacer es hacer una distinción entre servicios públicos y lo que no lo sea. Más allá de las diferencias ideológicas obvias, (habrá gente que de mayor peso al sector público y habrá gente que menos), lo que está claro es que una concesión administrativa, una gestión de un bien monopolístico u obligatorio o en definitiva una prestación de un servicio público no debería ser gestionado por la empresa privada, con criterios de empresa privada en ningún caso.
Imponiendo los copagos, lo que se consigue es incrementar la posibilidad de negocio y por tanto, lo que tendremos es un mayor valor de las concesiones o un mayor valor de los beneficios, pero no afecta a “cómo hacer las cosas”.
Pero más allá de este aspecto, y teniendo en cuenta que se podría ampliar la idea, el problema más grave del diseño en su conjunto es que a pesar de las prevenciones y ajustes, tendríamos un incremento importante de la regresividad, o dicho de otra forma, seguiríamos enfrascados en un proceso redistributivo del estado que va en contra de lo lógico, descargando las rentas altas de las rentas bajas.
Son varias las fuentes de esta regresividad, (comenzando con la subida del IVA), ya que afecta tanto a los gastos como a los ingresos de las distintas capas de la sociedad. Vamos por partes; Por el lado de los gastos en bienes públicos. En primer lugar el pago de los servicios públicos, afectará en primer lugar a los que pagan estos servicios; cuanto mayor sea la renta de las personas, menor será el uso de los servicios públicos porque se valoran otros aspectos. Es decir, cuanto mayor sea la renta de una persona, más fácil será encontrarla en el médico privado o en la universidad privada. Poniéndolo en un extremo, llegaríamos a la conclusión de que Amancio Ortega tendría que contribuir a la sanidad pagando un 35% (en ese ejemplo), del coste del médico de la seguridad social que le toque. O sea, que no tendría que asumir un coste superior, pero a cambio tendría la rebaja de impuestos que si le correspondería, (que sería pequeña).
Sin irnos tan al extremo, (porque al final los extremos son didácticos pero no representativos), tendríamos efectos más moderados, pero aún así nos encontramos con otros efectos que también afectan a la regresividad; De esta forma, incluso entre las personas que tengan cierta renta, pero que usen los servicios públicos, nos encontramos en que el coste del 35% de cualquier servicio público no es lo mismo según la renta. ¿Es lo mismo pagar 10 euros para alguien que cobra 600 euros que para alguien que cobra 2.000 euros?. Evidentemente los ajustes para introducir la renta, servirán para mitigar la regresividad, (podría hacer la pregunta con pagar 5 euros para el que cobra 600 o 10 para el que cobra 2.000?). pero lo que se necesita es introducir progresividad y distribución, y cuando a una medida tenemos que mitigarle la regresividad es que vamos en sentido contrario. En general todo tipo de impuesto directo puede introducir progresividad, (a menos que se diseñe como impuesto sobre sociedades, en el que incluso con tipos mayores las grandes sociedades disponen de un esquema de deducciones ad hoc que consigue que sea regresivo), pero un impuesto indirecto, (que es aquel que se paga por el consumo de un determinado bien, como sería el caso) es por definición regresivo.
Por otra parte, la medida perjudicaría también al que use un servicio privado complementario, que lo que puede hacer es incrementar los precios en la misma proporción sin ofrecer nada a cambio. (todos los repagos, lo que provocan es que el servicio privado sea más barato en términos relativos sin tocar el precio o bien que pueda subir los precios sin alterar la relación).
Con el resto de ideas estoy completamente de acuerdo; dejar caer a las entidades financieras y proteger a los que tengan cuentas corrientes y depósitos es desde luego algo necesario; (con las salvedades de las estafas, engaños y demás…), pero lamentablemente esto no es nuevo, sino que oficialmente es exactamente lo que teníamos hace un par de años. Por tanto no sería una propuesta nueva y el problema es ¿Cómo?. Lo de las centrales de compras es una idea perfecta, que se probó con la sanidad en algunas comunidades, pero que se ha ido a tomar viento por que choca con lo de salvar a las farmacéuticas..
Y muy interesante me ha parecido la medida de considerar no deducibles los gastos de determinados servicios, (en particular la justicia), para las personas jurídicas. Esta idea debo reconocer que es brillante, porque no me había dado cuenta de uno de los desequilibrios que nos encontramos en esta situación. Cuando pleiteamos con un banco el coste de los abogados, (y de las tasas de justicia), son mucho más importantes para la persona que para el banco, (por aquello de impuestos directos y similares); pero es que además de serlo en función de la renta, no había caído en que si voy a juicio con un banco y a ambos nos cobra cada uno de los abogados 1.000 euros (más IVA), a mi me costará 1.210 euros, mientras que al banco le podría costar 700, (porque podrá deducir el gasto y además podría soportar el IVA; no será 700 porque no pagan el 30% y porque los bancos quizás sean mal ejemplo ya que no deducen la totalidad del IVA Soportado porque gran parte de su actividad no está sujeta a IVA). En definitiva, no había caído en el hecho de que el gasto en abogados es menor para las entidades que para las personas, lo cual no hace más que incrementar las diferencias y los desequilibrios. Por lo tanto esta idea en particular me parece brillante y desde luego a explorar.
