Ayer comentaba un par de medidas que no van a hacer que se mejore la competitividad de la economía española, ni van a solucionar el problema del déficit ni van a lograr que salgamos de la crisis, sino que realmente nos metían más en ella, debido a que suponían toda suerte de obstáculos y costes para las personas, a cambio de ofrecer unos beneficios muy tangibles a determinados grupos de presión, (para más inri en gran parte extranjeros).
En estos casos, la subida de la tributación no suponía reducción de déficit debido a que los ingresos se trasladan directamente a otras empresas, y anticipaba que me tocaba hablar de otras medidas que en principio si podrían afectar al déficit, aunque aquí también tendremos que tener en cuenta determinados aspectos.
En este sentido tenemos los recortes que parece que afectan principalmente a sanidad y educación. En ambos campos tenemos una serie de medidas que afectan a la recaudación y a los servicios prestados, (desde el campo de la administración), o bien a lo que se paga y lo que se recibe, desde el lado de los ciudadanos.
En principio parece claro que todas y cada uno de los aspectos en estos dos campos mejoran la situación del déficit público, de tal forma que los ciudadanos acaban pagando un importe superior, mientras se dejan de financiar o prestar determinados servicios que suponían un coste.
La parte relativa al incremento del coste, (pago de parte de las medicinas o incremento salvaje de las tasas de educación), no es distinto que el establecimiento de un impuesto indirecto a estos bienes. Soy consciente de que técnicamente no es exactamente como el IVA pero en realidad tiene exactamente los mismos efectos, ya que se grava la adquisición de determinados bienes y servicios.
Por otra parte se dejan de financiar completamente estos bienes para determinados casos. En sanidad se dejan de financiar completamente para el caso de determinados medicamentos, mientras que en el caso de educación, se alteran las notas y se ponen determinadas condiciones. Lo que varía es la forma de segmentar, y no la segmentación.
En ambos casos estamos también ante otro caso de impuestos indirectos. Como en el caso de cualquier bien, los afectados van a ser aquellos que usaban estos servicios y ahora tendrán que pagar más y por supuesto aquellos que los usaban y ahora no podrán pagar. En definitiva tendremos dos ahorros, Por un lado es cierto que se van a reducir el consumo de medicamentos, (importante la idea de que derrochamos) y se va a reducir el nivel educativo ya que habrá muchas personas que no podrán estudiar.
Lo curioso es que a nivel global puede parecer que se ahorra, (por estas reducciones), mientras se reparte de otra forma la renta. Por un lado, las personas que no usaban la educación y el sistema de salud público no van a verse afectadas, (en principio y por definición). Por lo tanto si hubiese que cubrir estos costes con impuestos tendrían que pagar por algo que no usan, y a su vez las personas que si usaban esto, resulta que ahora incrementan su coste, por lo que realmente la primera diferencia entre cubrir estos servicios con impuestos directos o de esta forma es directamente cargar la factura sobre aquellas personas que no pueden escapar y que aún se mantienen en servicios que son claramente inelásticos, (en sanidad y en educación todo el mundo pagará hasta donde pueda).
Pero el problema es que resulta que absolutamente nadie del sector privado se ha quejado de esto y esto es por una sencilla razón. Las farmacéuticas están encantadas porque la medida de sacar de la financiación pública la mayoría de los medicamentos recetados, (según lo que me ha comentado un familiar, que ejerce la medicina, y lo siento por no haber tenido tiempo para buscar fuentes más oficiales), lo cual provoca un efecto curioso. Tras la medida de los genéricos, las farmacéuticas tuvieron que bajar los precios para adaptarse a la nueva circunstancia en lo que es un ejercicio de competencia. Al desaparecer estos medicamentos de esta lista, pueden volver a subirlos, y en palabras del familiar, (con cierta ironía y un gran cabreo): “Por mi cojonudo, ahora volveremos a los viejos tiempos donde las farmacéuticas pagaban vacaciones vestidas de congresos para que recetemos los fármacos que cobrarán a un precio mucho más alto a los pacientes que pagarán lo que sea por lo que recetemos”. De hecho, esto explica la frase que Mato pronunció cuando presentaron dicha medida, y que venía a decir que el ministerio vigilará que no existan excesivas subidas de precio. ¿Cómo hará esto?, ¿no entraremos después en aquello de “mercado liberalizado”?. Claro que se olvidan que primero se ponen todas las trampas y se definen unas reglas de juego en la que las empresas ganan y luego competimos. Por tanto el ahorro del estado va a ser muy inferior a lo que van a costar las medicinas, lo cual implica que el coste para la sociedad crece, a la vez que crece el beneficio de las empresas. Este incremento de costes no afectará al déficit público pero sí a la economía, ya que lo que se va a destinar a esto, impactará sobre las economías domésticas y en consecuencia sobre el resto de negocios. Además irá el mismo sentido que la medida inicial.
Este efecto se complementará con los recortes, (y aquí entramos en las coincidencias con el sector educativo), de tal forma que tanto el empeoramiento de la sanidad y educación pública, y por supuesto, la sensación de empeoramiento, (en esto resulta que todo el mundo está de acuerdo ya que interesa a todo el mundo lo mismo aunque por razones distintas), provocará un incremento de la demanda de los servicios de las privadas. Por esto no es casualidad la aparición de todos los anuncios y ofertas de seguros privados y centros privados de educación. Ya tiene guasa que sean los supuestos liberales los que por un lado facilitan ingresos públicos a la sanidad privada y educación privada, (a través de la famosa colaboración público-privada) y por otro lado se cargan la competencia de la pública. En definitiva al final todo nos lleva a una situación en la que menos personas tendrán acceso a la sanidad y a la educación, que a su vez será más cara, por lo que resulta que aunque no afecten al déficit nos encontraremos con la paradoja que representarán un porcentaje superior del PIB, que según como se mire es una oportunidad o un coste, (dependiendo por su puesto si se cobra o si se gasta). Al igual que en las medidas de ayer, la realidad es que además nos encontramos con que de acuerdo a estas reglas lo que hacemos es destruir la economía de tal forma que además un porcentaje importante de los beneficios generados se van fuera, y por mucho que nos cuenten, no va a ser por crear nada, sino por destruir para crear una estructura de mercado más favorable.
Por ahora, resumiendo, estos dos post, nos queda una situación en la que tendremos costes mayores en el transporte, con mayores dificultades para generar beneficios para las constructoras, pagar a las eléctricas, que también han tenido incrementos de precio elevados, (al igual que las del gas), mientras beneficiamos a las empresas de transporte que se ven beneficiadas por el incremento de costes de las alternativas y por la compensación que se ofrece para que no protesten. Esto genera menor competitividad y sobre todo un impacto en el poder adquisitivo de los consumidores, que se va completando con el hecho de tener que pagar los beneficios de las farmacéuticas y las empresas sanitarias y educativas. Curiosamente gran parte de estos grupos están pasando dificultades financieras de forma que los bancos se ven inmediatamente beneficiados por esta situación, al igual que los fondos propietarios de estas empresas que ven recuperado el valor con unas técnicas no muy liberales y que además podrán salir con más facilidad.
Y de los dos post parece que se desprende que va a bajar el déficit, (quizás no tanto como prometen), pero que va a bajar cuando esta serie de post la inicié diciendo que no va a bajar, (salvo el primer efecto), sino que va a subir. Que también trataré de explicarlo.
