El miércoles hubo dos anuncios del gobierno que en teoría trataban de solucionar dos problemas de la situación actual. El propio miércoles ya traté de explicar que la letra pequeña imponía penalidades a todo el mundo y beneficios a la banca. (como siempre). Desde luego está claro que el gobierno sabe perfectamente lo que hace y además (al contrario de lo que opina tanto Francisco González de BBVA y Luis de Guindos), sabe que eso no le va a gustar a la sociedad. ¿Por qué mienten a la sociedad si estuviesen convencidos de que la sociedad lo aprobaría o de que es bueno?. Está claro que el mero hecho de intentar mentir es prueba más que suficiente de lo que opinan de unas medidas. ¿O es que alguien trata de ocultar aquello que cree que va a gustar y servir?.
El caso es que, de la misma forma que en las otras reformas, tras unos discursos grandilocuentes, (en los que se anticipa un mínimo del perjuicio de las decisiones tomadas), luego nos vamos enterando de los aspectos reales de las reformas. Respecto a la propuesta para que las administraciones públicas paguen a los proveedores, resulta que tenemos todo lo que he comentado en el post del miércoles y además nos encontramos en medio de la referencia con la posibilidad de una quita (por supuesto voluntaria). El miércoles cuando se anunció el plan se afirmaba que se trataba de solucionar la deuda completa. Sin embargo, era muy previsible, (lo comenté el propio miércoles), que hubiese algún tipo de restricción a las operaciones financieras, por lo que además de una situación en la que el estado se endeuda más, para prestar dinero a aquellos a los que debe, de forma que paga intereses por la parte de deuda que no pagaba y que los acreedores del estado pagan intereses también, nos encontrábamos con el poder de las entidades; en el post recogía:
“Para el resto de los efectos queda pendiente la letra pequeña de la medida, pero es más que previsible, que se siga el mismo criterio que se sigue con el resto de préstamos ICO donde el banco tiene capacidad para decidir cuáles son los criterios de la concesión y por tanto a quien se conceden estos fondos, sobre todo en caso de que existan restricciones financieras. Es decir, si no se cubren todas las operaciones, (como viene siendo habitual), el banco elige de forma que obtiene un poder de negociación adicional con fondos públicos, y la posibilidad habitual de trasladar riesgos al erario público en función de las características de las operaciones”
Pues el primer efecto de esta situación ya lo podemos comprobar y en definitiva nos encontramos con una situación en la que para comenzar las empresas van a subastar sus derechos de cobro. En todo caso tenemos que tener en cuenta que esta es la primera conclusión de un procedimiento que aún no conocemos, de tal forma que aún no se refiere exactamente a los efectos que estimaba (y por supuesto sigo estimando previsibles).
A esta situación hemos llegado por un desequilibrio radical en las relaciones, de tal forma que las leyes no se usan para tratar de hacer sostenible la forma de organización o para tratar de equilibrar los distintos mercados. Existe una gran diferencia entre usar las leyes para equilibrar los poderes de negociación entre agentes económicos con distinto peso, (estado- empresas, estado- contribuyentes, empresas-trabajadores, empresas-consumidores.. y todos con los bancos), o usar las leyes para profundizar en las diferencias entre los distintos sectores.
Cualquier ley será buena si trata de corregir estos excesos, y será manifiestamente desastrosa si, como en el caso, lo que se trata es de evitar salidas a una de las partes en una situación en la que esta parte tiene nulas o escasas salidas.
Por descontado, con el ánimo de equilibrar no llega, sino que se necesita también que las decisiones vayan sobre el fondo de la cuestión. Nada actúa esta ley sobre las causas que llevan a una situación en la que se deba a proveedores privados tal cantidad de dinero, y de hecho nadie se plantea en serio como es posible que este problema exista. ¿Por qué a estas alturas del partido absolutamente nadie cuestiona las gestiones privadas, las contratas y demás como mejor sistema?. Razones hay muchas y muy variadas, para encontrarnos en una situación en la que nos encontramos ideas como las de Ana Botella proponiendo que determinadas cosas se hagan mediante voluntarios, (o mediante desempleados como aparece en la reforma laboral). Sin embargo se han ocupado perfectamente de delimitar estas actuaciones a determinadas actividades y dejando fuera otras. Por ejemplo, nos dicen que si se pueden gestionar las bibliotecas con voluntarios, pero que temas como limpieza no. ¿Por qué?. Pues piensen en lo que puede estar pensando un bibliotecario cuando lee que su trabajo lo van a hacer voluntarios y el alivio de las grandes concesionarias (y a pesar de esto defensoras del libre mercado), cuando comprueban que no van a tocar su negocio. ¿no se ve claramente la distinta vara de medir y el uso de la norma (en este caso en grado de tentativa por ahora) para exagerar situaciones de poder distintas?.
En el ejemplo actual, y esperando por la letra pequeña de quien decide la atribución de fondos, lo que tenemos claro es que resulta que el tamaño de la quita, (y por tanto el perjuicio) a cada uno dependerá de su poder y de su situación. ¿Quién asumirá quitas mayores?, ¿el que tenga acceso a financiación como los grandes o los pequeños?. ¿el que es rescatado por tener concesiones o el que no?...
