Hoy hemos conocido las intenciones del partido popular para arreglar el tema de la justicia. En realidad, estamos (otra vez) ante exactamente el mismo escenario en que nos encontrábamos con el anterior gobierno, descartando por tanto el cambio de escenario.
Parece que está todo el mundo de acuerdo en que tenemos ciertos problemas con la justicia. Estos problemas vienen derivados de que existen demasiados casos a juzgar, (por un lado), y existen pocos medios y unos procedimientos lamentables por otro lado. Aunque en realidad haría bien en recordar este gobierno, (y por supuesto el anterior, no sea que en la oposición tenga mejores ideas), que esto no son más que consecuencias de toda una situación.
Me asombra como reiteradamente se echa la culpa de la ralentización de la justicia a que se supone que los españoles somos especialmente beligerantes. Es decir, parece que acudimos más a los tribunales que el resto de los países y por tanto bloqueamos la justicia. Sin embargo, tal afirmación, repetida hasta la saciedad, no explica los resultados de todas las encuestas, (CIS incluida), en la que aparece como un problema la situación en la justicia, en la que los ciudadanos confiamos cada vez menos.
Existe una explicación muy simple para tratar de entender esta aparente contradicción de que los españoles no confiemos en la justicia, con el hecho de que acudamos con mayor frecuencia que los ciudadanos de otros países a los tribunales. Para entender esto, tenemos que asumir dos hipótesis que seguro que no es difícil asumir; por un lado debemos partir de que la justicia en este país es un desastre; y por otro lado debemos tener como hipótesis de partida que esto es conocido.
Si tenemos estas dos hipótesis y olvidamos el tópico este de que nos gusta pleitear, (ya me dirán a quien le gusta tal situación), tendremos una explicación muy simple para tal fenómeno; tenemos una afluencia mayor a los tribunales por que en este país se pasa todo el mundo las leyes por el forro de los calzoncillos. En realidad el error de los políticos al relacionar el número de casos en los tribunales en relación al número de ciudadanos, para determinar que somos un país al que le gusta litigar es que es pura demagogia. Para saber si nos gusta litigar, tendremos que determinar el número de casos en los tribunales frente al número de infracciones legales que tendremos y en este caso probablemente los datos serán muy distintos.
¿Algún Español no ha oído alguna vez en su vida la frase “denúnciame”?. Es así de simple; todo español sabe que la DGT se salta las normas de tramitación de las multas a diario con una facilidad pasmosa; todo el mundo sabe que las entidades de crédito han cometido miles de irregularidades, que no han sido solucionadas en el absurdo procedimiento de reclamaciones. En todas las comunidades de vecinos de edificios nuevos ha habido un buen número de juntas con el punto del orden del día: “deficiencias constructivas…”, etc.
Y en todos y cada uno de los casos, nos enfrentamos a una decisión cotidiana en la que tenemos que decidir si denunciamos o no. Para saber si somos una sociedad que le gusta litigar, tendríamos que concluir que cada vez que estamos pensando en esto iríamos al juzgado pero resulta que normalmente decimos: “toca contratar abogados, procuradores, meterse en gastos y luego que nos encontraremos con un juez al que se le ocurra lo que sea o con un abogado mejor en la otra parte”. La conclusión lógica es que al final resulta que en una inmensa mayoría de ocasiones simplemente dejamos de acudir a los tribunales, y nos quedará la sensación de que los tribunales no nos protegen.
Me gustaría que se pensase en el drama del maltrato; durante mucho tiempo los tribunales pasaban de considerar el maltrato como tal, de tal forma que las víctimas acababan no denunciando los maltratos ante las autoridades. Esta situación evidentemente no ayudaba en lo más mínimo en el objetivo de erradicar tal aberración, hasta el punto de que se tuvieron que emitir, (y no hace tanto tiempo), todo tipo de mensajes que tenían como objetivo convencer a las víctimas que denunciasen, (curiosa la situación en un país en el que según Gallardón tenemos el problema de que nos gustan los tribunales). Evidentemente las denuncias, acompañado de los juzgados de violencia de género, los medios y una sensibilidad al respecto, son los pasos para ayudar a resolver este problema. Y con el tiempo y muchos esfuerzos, (y desde luego solucionando el resto de problemas de la justicia), este es el camino para acabar con esta situación.
Este ejemplo es especialmente ilustrativo para entender que quizás la situación ahora que existe un número muy superior de denuncias que en momentos más infames de la historia, es quizás el momento en el que se empieza a solucionar el problema porque se acaba con la sensación de impunidad de los maltratadores, lo que debería llevar a que estos cesen estas actividades. Pero también es especialmente ilustrativo en el hecho de que los políticos saben las soluciones cuando quieren.
Otra cosa es que en este momento no quieran tener en cuenta sus experiencias, sus conocimientos y el más elemental sentido común, y prefieran tirar de la demagogia, para llegar a unas conclusiones absurdas que empeorarán el problema. Está claro que España, (ni ningún otro país), puede permitirse una justicia como la que tenemos ahora, (mal en el mundo en general y en España simplemente patética), pero esto no se soluciona restringiéndola aún más.
El gobierno socialista en su día, impulso una reforma que beneficiaba claramente ¡a los bancos!, imponiendo unos límites que se basaban fundamentalmente en el importe de los juicios para acceder a la jurisdicción del supremo. Esto quiere decir que aquellos que tengan grandes pleitos, (que normalmente son los más pudientes), tienen otras armas y otras reglas que las personas de la calle. Pues aparte de toda una serie de reglas y absurdos para beneficiar a unos determinados colectivos, el Partido Popular sigue por este camino con la idea de que lo mejor para solucionar el problema de la justicia es penalizar a quien tenga la idea de acudir a ella ¡más aún!.
Hay muchas ideas que se han de tener en cuenta para arreglar esta situación, pero lo que se ha hecho en definitiva saldar el tema con una frase de: ¡Quien no esté contento con la primera opinión que pague!. Y por este camino el siguiente paso será aquel de prohibir directamente a las personas con escasos recursos que se metan en todo un submundo en el que en definitiva no pueden ganar absolutamente nada, ya que todo está diseñado para que se pierda.
Si quieren solucionar los problemas de la justicia, tendrán que empezar a solucionar los problemas derivados de la impunidad con la que actúan determinadas personas, impunidad de la que tenemos numerosos ejemplos a lo largo de estos tiempos. El principal reto de la justicia ha de ser que todo el que cometa una acción digna de un tribunal acabe pagando. Esta es la utopía que debe guiar todas las reformas; dedicar todos los esfuerzos para que las personas con rentas bajas, (es lo que consigue cualquier discriminación basada únicamente en costes) lo único que consigue es crear un grupo de parias y otro de impunes, que por otra parte parece que es lo que se busca.
