Según pasan los días van conociéndose más datos que permiten aclarar lo sucedido en cuanto a la intervención del Banco Popular.
Para empezar, señalo una pequeña recopilación de lecturas recomendadas para entender qué, cómo y por qué se ha hecho: este artículo publicado en el excelente blog colectivo Hay Derecho que explica de forma muy comprensible el mecanismo de la intervención y la competencia o responsabilidad que tienen los distintos organismos públicos españoles y europeos involucrados. Otro artículo con una explicación en el mismo sentido pero aún más básica sobre cómo se produjo la intervención, se encuentra en otro excelente blog colectivo, el de Almacén de Derecho. Otra explicación en este artículo del blog de un Catedrático de Derecho Mercantil.
Este otro artículo publicado también en Hay Derecho ofrece más información, apuntando ya a las malas prácticas que precedieron a la intervención.
En este otro blog se apunta a un antecedente importante en cuanto a las irregularidades en las cuentas del Banco Popular: los auditores internos detectaron que determinadas provisiones eran insuficientes y que había que dar de baja algunas garantías, además de que el Banco había concedido préstamos a sus clientes para la adquisición de acciones en la última ampliación (lo que impide que se pueda contabilizar el nuevo capital obtenido); es más, en el hecho relevante que el Banco comunica a la CNMV informando de esa nota de auditoría se dice que esa insuficiencia de provisiones venía ya de años anteriores, lo que muestra que las irregularidades ya vienen de antiguo. Que el Banco había financiado a muchos clientes la compra de acciones para cubrir la ampliación de capital era una trampa conocida, que realizó porque no era capaz de cubrir el importe de esa emisión a pesar de la fuerte campaña de las oficinas comerciales con todo tipo de clientes.
En mi primera entrada del blog relativa a la intervención del Popular ya explicaba que, mientras el BCE defendía que se hizo por la falta de liquidez del Banco, también debía existir una situación de falta de solvencia porque a los accionistas, bonistas y obligacionistas no se les abonaba ninguna cantidad por la pérdida de sus títulos. Esta conclusión resulta ahora corroborada por lo explicado por Manuel Conthe, antiguo presidente de la CNMV, en su blog, aquí, aquí y aquí. Llama la atención que Conthe, que siempre defendió la corrección de la salida a Bolsa de Bankia afirmando que su lamentable situación financiera fue sobrevenida, y aún lo sigue defendiendo en el primero de los artículos citados a pesar de todo lo que va apareciendo en el procedimiento penal, apunta a que lo ocurrido con el Banco Popular ha sido distinto: no hay un deterioro de la situación financiera del Banco sobrevenido como consecuencia de unas circunstancias externas desfavorables, sino que la crisis se desencadena en un torno de mejoría de la economía; lo que muestra que venia de muy atrás, por lo que entiende que en este caso las reclamaciones de los inversores perjudicados estarán justificadas. Además, en el tercero de esos artículos apunta a la necesidad de conocer el informe de Deloitte (el experto independiente que valoró el Banco para tratar de fijar sus necesidades de capital y que los inversores no recibiesen ningún retorno) para conocer el grado de insolvencia en que se encontraba el Popular; dice que el informe emitido en el momento de la intervención era provisional y que seguramente tendrá que incorporar nuevos datos para llegar al informe definitivo, que debería hacerse público.
Entretanto, la prensa publica algunos detalles sobre la actuación de Deloitte; y se hace eco de un comunicado de la Asociación de Inspectores y Auditores informáticos del Banco de España que dudan del rigor y la independencia de Deloitte y critican cómo se actuó, dado que en lugar de haber adoptado medidas preventivas con tiempo para evitar consecuencias más graves, se dejó que el Banco llegara a la situación que motivó la intervención. Nuevamente se apunta a que la penosa situación de la entidad ya venía de antiguo sin que se hubiesen adoptado las medidas necesarias, lo que va a dar lugar a reclamaciones de los inversores perjudicados.
Hay que quedar a la espera de ese informe definitivo de Deloitte y a que vaya apareciendo más información que permita determinar desde qué momento se ha estado engañando a los inversores, para así poder delimitar los derechos y posibilidades que cada uno puede reclamar.
