LUCES Y SOMBRAS DE LAS MEDIDAS DECRETADAS.
Al tiempo de redactar este documento, aún no se ha publicado el R. Decreto-Ley aprobado por el Gobierno, por lo que vamos a trabajar sobre la nota de prensa publicada por el Ministerio.
1. UNIVERSALIDAD
La reforma garantiza la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias. Por primera vez en la historia se establecen controles para evitar el denominado “turismo sanitario” y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud.
Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria. El hecho de no haber llevado a cabo estas modificaciones legislativas antes ha impedido que se pueda facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros en un solo año, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas.
CRÍTICA.
Universalidad: entre demagogia y mentira discriminatoria. La afirmación de que se garantiza la universalidad del sistema es pura palabrería demagógica. La universalidad ya estaba acordada hace años. Pero es algo más: es una mentira, porque por otro lado se está planeando restringir el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación administrativa irregular, restricción que afecta a quienes más necesitados de ayuda se encuentran (quienes emigran, sobre todo si lo hacen en forma irregular desde el punto de vista administrativo, no lo hacen por gusto o por defraudar a los habitantes del país al que llegan, sino por necesidad, en gran medida provocada por los abusos realizados a lo largo de la historia y hasta el día de hoy por los países del Norte, incluida España, abusos entre los que se encuentra el cambio climático y la crisis ambiental que afecta muy especialmente a los países del Sur, la sobreexplotación de caladeros de pesca que constituían el modo de vida de las poblaciones ribereñas de países como Senegal, Angola, Somalia, etc., la deforestación para cultivos energéticos o destinados a forraje del ganado cuya carne consumimos...) y es una medida inhumana, xenófoba, contraria a los derechos humanos y debería avergonzar por su bajeza ética a quien quiere decretarla.
Turismo sanitario. En este campo existen deficiencias importantes en el sistema actual: por ejemplo, se cobra una cantidad fija (48,57 € en Asturias en 2012, que eran 51,81€ en 2009, cantidades obtenidas por el cálculo del promedio del coste por receta) en la prestación farmacéutica a extranjeros de paso, independientemente del consumo por receta que hagan, por falta de implantación del sistema informático que lo calcule con rigor. Por ello, si se suple este problema y se puede determinar la cantidad exacta a reclamar en cada caso al Estado de origen, la reforma sería acertada en este punto.
2. E-SALUD Y CARTERA DE SERVICIOS COMÚN
Se ha constatado que existen diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles, en función de la Comunidad Autónoma en la que residen. Por ello, la reforma aprobada sienta las bases para establecer, con criterios de igualdad, calidad, eficacia y eficiencia, una cartera de servicios común.
Estará dividida en categorías. Entre ellas, la cartera básica común de asistencia sanitaria incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. Estos seguirán siendo gratuitos. De este modo, el Gobierno cumple su compromiso de no establecer el copago en la asistencia sanitaria.
La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, similar al NICE británico, será la encargada de evaluar la ordenación prevista en la cartera de una manera imparcial y objetiva.
Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías, la llamada E-Salud, en el sistema sanitario, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las comunidades autónomas y la historia clínica digital. De este modo, se reducirán las visitas y pruebas médicas innecesarias. Este conjunto de medidas permitirá un ahorro mínimo de 700 millones de euros.
CRÍTICA.
Cartera de servicios común: más demagogia y discriminación. La cartera de servicios común ya existe desde hace años. La cuestión es que, sobre esta cartera que tiene carácter de mínimo común denominador, las distintas Comunidades podrían acordar prestar servicios adicionales. Y nos tememos que el sentido de lo que se pretende acordar ahora es limitar esas prestaciones adicionales pero con un objetivo concreto motivado por el componente ideológico-religioso del partido gobernante: acabar con las operaciones de cambio de sexo que se pueden realizar en algunas Comunidades. Se pretende, así, imponer una concepción de la sexualidad excluyente y discriminatoria, por prejuicios de corte religioso, que supondrá un sufrimiento adicional a unas personas que ya se encuentran en una situación muy penosa.
Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones. Si esto supone que va a haber un organismo centralizado para realizar una evaluación válida para todo el territorio español de las distintas prestaciones, tecnologías y fármacos, sería una medida muy acertada, en razón de lo expuesto más arriba al describir la situación actual. La posible oposición que esta medida pudiera tener por parte de los partidos nacionalistas sólo iría en detrimento de un sistema más eficiente y de la cooperación entre distintas administraciones, cooperación que en nada empece a la mayor o menor autonomía que les pueda corresponder (no en vano, también existe cooperación entre distintos Estados de la Unión Europea, p.ej.)
Nuevas tecnologías. La implantación de una tarjeta sanitaria que pueda ser leída en todo el territorio español y la historia clínica digital (si se trata de hacerla accesible para cualquier médico que vaya a prestar atención al usuario, con independencia de que esté adscrito a una u otra Comunidad, o a la atención primaria, especializada o de urgencia) también constituiría un gran avance por lo arriba explicado.
3. GASTO FARMACÉUTICO Y CARTERA SUPLEMENTARIA
La reforma crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia. En este ámbito, la aportación del usuario no es algo nuevo, ya existía. Lo que se pretende es mejorar la equidad, con una fórmula más justa, que tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico.
El Decreto establece una aportación de los pensionistas. Se ha considerado una medida necesaria, ya que consumen casi el 80 por ciento de los fármacos dispensados a través de recetas. Con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio de las medicinas. No obstante, los titulares de pensiones no contributivas estarán exentos. Tampoco tendrán que pagar por los fármacos, por primera vez, los parados de larga duración.
En cuanto a los demás titulares de pensiones, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta (el 90 por ciento del total), aportarán un máximo de ocho euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el máximo estará en 18 euros mensuales.
Los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60 por ciento de las medicinas, pero tendrán un tope de 60 euros al mes.
En cuanto a los activos, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta seguirán pagando el 40 por ciento del precio de los fármacos, como hasta ahora. Los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50 por ciento. Y las rentas superiores a 100.000 euros, pagarán el 60 por ciento.
Este nuevo sistema, que podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses, tendrá, además, un efecto disuasorio que evite que se acumulen y se tiren medicamentos pagados de forma masiva.
Por otra parte, el Decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores.
Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas.
Al mismo tiempo, se potenciará el uso de genéricos, y se adecuarán los envases a la duración de los tratamientos. Todas estas medidas supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.
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Activos |
Pensionistas |
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Perceptores de pensiones no contributivas, parados de larga duración. |
0% |
0% |
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Rentas inferiores a la obligatoriedad declaración renta |
40% |
10% |
Límite máximo de 8€/ mes |
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Rentas superiores a obligatoriedad declaración renta |
50% |
10% |
Límite máximo de 18€/ mes |
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Rentas superiores a 100.000€ |
60% |
60% |
Límite máximo de 60€/ mes |
CRÍTICA.
Intención disuasoria de la reforma. El acuerdo de elevar la aportación del usuario no pretende simplemente rebajar el gasto público farmacéutico por incremento de la participación en el PVP de pensionistas y activos, sino que realmente pretende obtener un impacto relevante por un efecto disuasorio y de control más riguroso del usuario sobre las recetas que le prescriben y/o demanda al sistema. Esta medida parte, por tanto, de la premisa de que existe un porcentaje no desdeñable de usuarios, fundamentalmente pensionistas, que defraudan al sistema por las vías indicadas; y, complementariamente, del supuesto de que sus médicos de cabecera son cómplices de tal fraude –o, cuando menos, que son incompetentes profesional y administrativamente, ya que en su mano está expender o no la receta-, afirmación que reviste cierta gravedad, por cuanto los facultativos tienen medios y conocimientos a su alcance para vigilar o sospechar tales fraudes.
Crítica de la subida de los costes a cargo de los usuarios.
Vayamos por partes:
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Si consideramos que existe un número no desdeñable de usuarios que defraudan premeditadamente ¿la aportación máxima de 8 € al mes conseguirá disuadir a estos defraudadores conscientes? Parece muy dudoso, ya que un defraudador premeditado lo seguirá siendo aunque pague peaje, y además ahora estará alentado y autojustificado por la obligatoriedad del pago.
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En cuanto a los usuarios que son simplemente incumplidores de su tratamiento, y por tal razón acumulan envases que no consumen: es deseable que esta situación sea conocida por el médico para corregirla, pero es muy posible que la confesión del usuario al médico de su condición de incumplidor para no pagar la receta que le toca llevar, pero que no consumirá, dependa de la relación de confianza que los una. Si no existe confianza y no le agobia el pago de los 8 €, el paciente seguirá recibiendo la receta, no retirándola de la farmacia si el sistema se lo permite (recetas de papel), pero en el caso de la receta electrónica -donde son visibles todas las prescripciones- no podrá escamotearla y la seguirá comprando si en algún momento va a la farmacia. Posiblemente esta visibilidad de la prescripción con la receta electrónica sea la verdadera causa de muchos desperdicios de envases que en el caso de la receta de papel no llegaban a adquirirse (de un 2 a un 8% según datos). Si hay confianza, posiblemente haya que instaurar un orden nuevo en la relación médico-paciente porque el clínico se tendrá que replantear cómo abordar el tratamiento del confeso incumplidor. Y rezar por el éxito, claro, o abandonar el intento de tratamiento.
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Si el sufrido usuario es simplemente víctima de un médico hiperprescriptor que no conoce otra solución a los problemas del paciente que recurrir a una medicación excesiva, o simplemente no tiene tiempo para abordar medidas no farmacológicas más elaboradas, el usuario no le queda otra que pagar siendo inocente.
La participación de
l médico. Más complicado parece dilucidar y corregir las razones por las que un médico se convierte en cómplice de una situación de aparente fraude, o bien gestiona sus prescripciones sin plantearse la dimensión social del gasto generado. En el primer caso, está claro, debería ser objeto de inspección y sanción, cuestión complicada en estos momentos por cuanto los inspectores están, obviamente, saturados por la deriva del sistema, mientras que los medios humanos de apoyo hace años que no están ni se les espera: la solución es obvia, hay que incrementar la plantilla de inspectores. El segundo caso es el que merece un análisis detenido ya que la aspiración de los gestores sanitarios en la implicación de los facultativos en el gasto farmacéutico es muy antigua aunque ha tenido poco éxito salvo casos puntuales, como las Unidades de Gestión Clínica, que también han fracasado parcialmente por imposibilidad de establecer líneas de comunicación apropiadas entre atención primaria y atención especializada que permitan tratar al paciente como tal, y no como un conjunto de enfermedades. Con conocimientos suficientes y criterios claros ¿por qué un médico prescribe, entre dos medicamentos exactamente iguales, el más caro? La falta de formación sería una respuesta, cierta en muchos casos, pero profundamente injusta para la inteligencia del profesional. La respuesta de muchos médicos, de lógica aplastante, es: “porque se financia, y dado que la competencia de financiación está en mano de instancias superiores, son éstas la que tienen que poner la solución”. Y no les falta razón, puesto que la atención adecuada al paciente tiene que basarse en una confianza mutua, por lo cual una implicación directa en la selección de medicamentos por su precio, aunque sea sin desatender las consideraciones científicas, comportaría no pocas discusiones con ciertos pacientes y obligaría a romper la dinámica de comunicación médico-paciente. Además el tiempo les ha dado la razón: cuando ha convenido, a golpe de Real Decreto Ley, se ha bajado el precio de los medicamentos, según queda explicado más arriba. No obstante, está claro que existen muchos y muy antiguos problemas de fondo sin abordar, que seguirán siéndolo si no se rediseña el sistema con las necesidades actuales, mucho más si se estrangula al mismo tiempo económicamente a la base del sustento del sistema, los usuarios, y se desoye, acosa laboralmente y se agota físicamente a los profesionales sanitarios.
¿A quién corresponde la formación de los médicos? Nuestro peculiar sistema sanitario ha consentido históricamente que la información sobre medicamentos y formación continuada la realice fundamentalmente la industria, al no tutelarla directamente y no legislar claramente a nivel nacional los límites de la visita médica. Incluso cuestiones tan básicas como la información sobre los avances en tratamientos o la puesta en común de conocimientos entre profesionales del mismo área sanitaria pero de distintos niveles de atención (primaria–especializada) están siendo realizadas por la industria, dentro de los propios centros sanitarios, pagando charlas de temas apropiadamente escogidos a profesionales sanitarios bien adoctrinados, con frecuencia dentro del horario laboral, e incluso con presentaciones con un apoyo documental elaborado por la industria de forma bochornosamente manipuladora. Esto es defendido y reclamado como justo por algunos profesionales sanitarios, aludiendo a que la industria supone su primordial y en ocasiones única posibilidad de establecer contacto interprofesional y de formarse. Pero en realidad es una renuncia de la Administración a realizar sus funciones, facilitando una formación e información objetiva y neutra a sus profesionales.
Problemática de partida a superar para la implantación del nuevo sistema de pago por los usuarios. Y para rematar, habrá que ver cómo se implanta el sistema de pago anunciado con las lagunas informáticas tan grandes que tenemos. Veamos algunos ejemplos ilustrativos:
-el sistema sanitario es incapaz de conocer si una persona que haya sido pensionista y disfrutado de recetas rojas vuelve al régimen de activos, salvo que lo informe el propio ¿interesado?, ya que el INSS no comparte información con el sistema sanitario; algo parecido ocurre cuando una viuda tienen condición de pensionista a ojos del sistema sanitario, a pesar de que sea trabajadora con sustanciosos ingresos;
-existen medicamentos excluidos de financiación desde 1998 excepto para patologías concretas, como los mucolíticos (financiados sólo para enfermos de EPOC), pero que en la práctica se están financiando con independencia del diagnóstico del paciente, incluso para un simple catarro, porque el sistema informático de prescripción no discierne ni avisa de la limitación existente -aunque podría hacerlo, con una adecuada programación-), de forma que queda a criterio del profesional bien informado enfrentarse a su paciente y deshacerse en un rosario de explicaciones para que comprenda por qué debe pagar un medicamento que la generalidad de usuarios no paga, aún debiendo hacerlo según Real Decreto
Sobre la justicia del nuevo sistema. Podemos considerar apropiado y equitativo que las personas con mayores ingresos paguen un porcentaje mayor del PVP de los medicamentos, sobre todo en una situación financiera como la que padecemos. También que los parados de larga duración queden eximidos de pagar por los medicamentos.
Ahora bien, ¿por qué sólo los parados de larga duración? Y, ¿cualquier parado de larga duración, aunque esté integrado en una familia con importante patrimonio o elevadas rentas? Mejor sería que quedaran excluidos quienes cumplieran los parámetros económicos que dan acceso a otras prestaciones sociales como las pensiones no contributivas.
En cuanto al incremento del porcentaje que han de pagar los activos que tributan por el IRPF y los pensionistas con ingresos inferiores a 100.000 €, creemos que existen alternativas más justas, éticas y que afectan menos a la eficiencia del sistema (a la eficiencia nos referimos a continuación).
Alternativas que pasan por la persecución decidida del fraude sanitario y, sobre todo, del fiscal. En cuanto al fraude sanitario, ya hemos apuntado que lo que hay que hacer es incrementar la plantilla de inspectores y mejorar los sistemas de información, medida que parece que no se contempla en este R. Decreto-Ley. Respecto al fraude fiscal, en lugar de perseguirlo el Gobierno ha acordado una nueva amnistía fiscal, medida absolutamente injusta, contraria a la ética y que presenta muy mal ejemplo moral. Lo que hay que hacer es incrementar también la plantilla de inspectores y atender las recomendaciones que efectúan quienes más saben de esto (Gestha o la Red para la Justicia de Tasación Global, por ejemplo), con medidas para impedir que las empresas con sedes, filiales u operativa en general en paraísos fiscales puedan seguir eludiendo impuestos (y no es ocioso recordar que 28 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX se encuentran en esos supuestos, incluyendo a todas las entidades financieras); y que las personas físicas que llevan su dinero a estos centros de corrupción puedan continuar haciéndolo; acabando también con instrumentos legalizados de evasión fiscal como las SICAVs; reformando el sistema de módulos en el IVA; reponiendo los impuestos de sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio; introduciendo impuestos sobre las transacciones financieras, las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, etc.
Por otra parte, no parece que esté previsto que se crucen los datos de Sanidad con los de Hacienda, y que se mantengan debidamente actualizados, para evitar la desigualdad manifiesta y el fraude voraz por parte de los-de-siempre.
Sobre la eficiencia de esta medida. Aparte del importe real del ahorro o de los nuevos ingresos que se podrán conseguir con las medidas decretadas que se discuten por profesionales como los que integran la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (que apuntan, entre otras cosas, a que la implantación de estas medidas conllevan también costes) cuestión en la que no vamos a entrar aquí, creemos que la imposición de pagos a los usuarios puede retraer a quienes estén más apurados económicamente de acudir al médico cuando sienten los primeros síntomas de una enfermedad, retrasando la visita hasta que se encuentren ya muy enfermos. Esto conducirá a que el coste del tratamiento se pueda incrementar sustancialmente al tener que atacar una enfermedad más evolucionada.
Y este perjuicio a la eficiencia tiene un coste social importante, porque va a afectar a quienes se encuentran en las condiciones económicas más desfavorables.
4. MEDIDAS DE EFICIENCIA
La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada. Este mecanismo de ahorro, que ya ha comenzado a funcionar en la compra de vacunas, generando importantes ahorros, se extenderá a toda la Sanidad. De este modo, se aplicará tanto para medicamentos hospitalarios como para tecnología médica. Este sistema generará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a 1.500 millones.
CRÍTICA.
Las compras centralizadas efectivamente pueden suponer un ahorro considerable... en supuestos concretos, pero no siempre. Y es que hay que tener en cuenta que cuando se negocia con la industria, no se discute sólo el precio sino también otros aspectos como el suministro por parte de la empresa directamente a los centros sanitarios. Este tipo de cuestiones probablemente se gestionará mejor en marcos de negociación más reducidos que en un único foro centralizado, que prescindirá de las circunstancias de las distintas zonas geográficas del territorio español.
Hay que tener en cuenta también cómo se gestionará el almacenamiento y distribución, y los costes que se podrían producir, en el caso de compras centralizadas.
Sobre esta materia, hemos de remitirnos de nuevo al documento de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ya referido en el anterior subapartado.
5. ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Con las medidas contenidas en el Decreto, se impulsa el desarrollo profesional del personal sanitario, y se da cumplimiento a peticiones históricas, que reclamaban facilitar la movilidad e estos profesionales entre los servicios de salud. Para ello, se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias.
Este conjunto de medidas, además, permitirá un ahorro adicional de 500 millones de euros.
CRÍTICA.
Es una previsión absolutamente correcta para llegar a corregir la absurda situación actual.
Ahora bien, en materia de personal es necesario acabar también con otras prácticas incorrectas, si no corruptas, que se han hecho habituales y dan lugar a conflictos y gastos injustificados. Nos referimos en especial a los nombramientos a dedo, o tras convocatorias públicas con bases diseñadas para favorecer a personas concretas; estos nombramientos o concursos amañados crean conflictividad laboral; dan lugar a que accedan a la función pública personas que no son las más capacitadas sino que tienen mejores contactos entre los responsables políticos; y, a la postre, originan costes extraordinarios cuando los perjudicados por el nombramiento o el concurso acuden a los tribunales, porque el resultado final es que hay que pagarle el sueldo que habría cobrado de habérsele adjudicado la plaza discutida en su momento, de tal manera que se están pagando dos sueldos (al favorecido inicialmente por el nombramiento o concurso espurio y al que gana la plaza en justicia) por un solo puesto de trabajo.
6. PACTO SOCIOSANITARIO
La reforma incluye mecanismos para que el sector de la Sanidad y el de los Servicios Sociales funcionen de manera coordinada, y así se aprovechen los recursos de forma ordenada. De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria.
Con este sistema se ahorraría en torno a 600 millones de euros.
CRÍTICA.
También es una medida acertada.
NUESTRAS PROPUESTAS PARA LOGRAR AHORRAR COSTES CON UN SISTEMA SANITARIO MÁS JUSTO Y EFICIENTE
1-Prevenir mejor que curar: debe reorientarse toda la política de salud para que en lugar de centrarse de manera principal en la sanación se reoriente para prevenir la enfermedad, promoviendo prácticas de vida saludable y previniendo situaciones que favorecen la morbilidad. Algunas medidas en este sentido incluyen dar mayor peso en el sistema a los especialistas en salud pública, epidemiólogos, etc.; programas de información y sensibilización de los usuarios en colegios, asociaciones de vecinos, en el ámbito laboral, en los cursos de preparación para el parto, etc.; se tratará de fomentar la vida activa, los desplazamientos a pie o en bicicleta para trayectos cortos; se promoverá la alimentación saludable, la dieta mediterránea, la introducción de menús con productos procedentes de la agricultura ecológica en todos los centros dependiendo de la Administración, empezando por los colegios; se intensificarán las políticas y controles para reducir la contaminación ambiental; eliminar los tóxicos o componentes no saludables de los alimentos y otros productos (en cosméticos, en juguetes infantiles, en la ropa, en elementos del hogar...); promover los ambientes saludables en los lugares de trabajo y en las ciudades; insistir en las políticas para reducir el consumo de tabaco y alcohol y otras drogas, principalmente entre los más jóvenes.
2-Mayor atención al bienestar emocional de las personas, para tratar de evitar situaciones de falta de socialización que conducen a la depresión u otros problemas mentales.
3-Debe concederse más tiempo al médico de atención primaria para conocer al usuario, no sólo en cuanto al problema agudo que presente en el momento, sino en cuanto a su situación personal y familiar; para tratar de educarle e informarle prácticas saludables y en el uso responsable del sistema sanitario (en colaboración o derivándole, si procede, a los técnicos de salud pública u otros profesionales).
4.-Regulación más rigurosa del reconocimiento de nuevos medicamentos que den lugar a la exclusividad de su comercialización y la introducción de genéricos durante el período legal de diez años, para impedir que se registren como nuevos los medicamentos que sólo introducen mejoras de mínima transcendencia sanitaria; o que se financien por el sistema público fármacos de dudosa o muy limitada eficacia, o destinados al tratamiento de molestias o procesos de mínima importancia desde el punto de vista sanitario.
5-Fijación del PVP de los medicamentos en función de su valor sanitario.
6.-La posible financiación pública de la investigación se concederá conforme a baremos objetivos que tengan en cuenta el valor sanitario y social de la investigación (p.ej., subvención para investigar sobre tratamientos para enfermedades raras o para enfermedades propias de países pobres).
7-Determinación de la parte del PVP de los medicamentos a pagar por los usuarios en función de variables de corte social que tengan en cuenta sus rentas y patrimonio y también la gravedad de la dolencia a tratar:
1.- En función de las rentas (para lo que será preciso cruzar las bases de datos del sistema sanitario con las de Hacienda):
-quedarán excluidos de la obligación de pago todas las personas cuya situación económica familiar daría lugar a generar pensiones no contributivas si concurriesen el resto de requisitos de edad o incapacidad;
-las personas con ingresos o patrimonio superiores a los que condicionan el derecho a pensiones no contributivas pagarían un porcentaje creciente según varios tramos de ingresos, partiendo de un porcentaje inferior al actual para el tramo de menores ingresos o patrimonio para llegar a un porcentaje superior para el tramo superior;
-el hecho de ser pensionista dará lugar a que el usuario quede clasificado en un tramo inferior de ingresos o patrimonio al que le correspondería de ser activo;
-se establecerán importes máximos a pagar mensualmente, que también se irán elevando en función del tramo de clasificación de los usuarios;
2.- En función de la gravedad de la dolencia:
-se establecerán varios tramos de pago en función de la gravedad de la dolencia teniendo en cuenta el grado de sufrimiento que generen, carácter incapacitante, etc. (p.ej., los analgésicos para tratar el dolor de cabeza derivado de una gripe darán lugar al pago por el usuario de un porcentaje del PVP muy superior que los fármacos destinados al tratamiento de una dolencia cardio-respiratoria);
-en caso de enfermedad crónica, se bajará en dos tramos de la clasificación por ingresos o patrimonio al usuario a efectos de fijar el importe máximo a pagar mensualmente.
8.-Se multiplicarán los programas de información y formación al personal facultativo sobre los avances en conocimientos sobre prevención de riesgos y fomento de prácticas saludables; en materia farmacológica, sobre interacciones, efectos secundarios, de fármacos, etc. Y toda esta formación se facilitará exclusivamente por personal de la Administración (farmacéuticos, universitarios, investigadores) o en el ámbito de cursos, seminarios, congresos, programas, etc. organizados o participados por la Administración, con prohibición expresa de que se realice por visitadores médicos u otros profesionales pagados por la industria.
9.-Unificación de programas, servicios, historias clínicas, tarjetas sanitarias, etc. para todo el territorio español, a través del Consejo Interterritorial. La tarjeta sanitaria ha de ser única y legible en todo el territorio español, lo mismo que la historia clínica.
10.-Los programas informáticos serán desarrollados por personal propio de la Administración; y deberán ser compatibles entre todos los niveles funcionales y territoriales.
11.-Se avanzará en el uso de las nuevas tecnologías para realizar consultas, pruebas e intervenciones a distancia; para mejorar la información a disposición de los profesionales y facilitar la comunicación entre ellos y entre profesionales y gestores; para crear o mejorar los cauces de intercomunicación, interconsulta y colaboración entre la atención primaria y la especializada.
12.-Se facturará correctamente a los países de origen por las prestaciones realizadas a favor de sus nacionales.
13.-Coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales
14.-Se fomentará la participación de los profesionales en todos los ámbitos de la Administración sanitaria: formación, administración y gestión, fijación de objetivos, supervisión y control de fraudes, abusos o disfunciones, dirección.
15.-Mayores medios materiales y humanos para conseguir una inspección eficaz que acabe con el fraude de la industria, profesionales, usuarios y oficinas de farmacia.
16.-Cumplimiento escrupuloso de la normativa sobre acceso a la función pública incluso para nombramientos temporales; sobre movilidad laboral en cualquiera de sus formas; y sobre los derechos del personal en general.
17.-Se facilitará la movilidad de profesionales entre Comunidades Autónomas.
Recogemos a continuación algunas opiniones de algunos de los blogueros, médicos, más populares, y de la Asociación para la defensa de la sanidad pública:
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2012/04/yo-no-apoyo-el-copago-por-renta.html
http://medymel.blogspot.com.es/2012/04/reforma-para-la-sostenibilidad-de-la.html
http://medicocritico.blogspot.com.es/2012/04/el-lugar-donde-si-vivimos-por-encima-de.html
http://partedeconfirmacion.blogspot.com.es/
http://humanismomedico.blogspot.com.es/2012/04/todo-lo-que-hay-detras-y-alrededor-del.html
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2011/10/76-omeprazoles.html
http://es.scribd.com/doc/60641023/Propuestas-Para-El-Uso-Adecuado-y-Eficiente-de-Los-Medicamentos
http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion entre racionalidad y copago SNS.doc
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2012/01/desde-la-defensa-de-la-libertad-de.html
