Hace exactamente un año, la prima de riesgo española marcaba su máximo histórico en 649 puntos. En aquel momento, los inversores juzgaban insuficiente el rescate bancario solicitado semanas atrás, y entendían que el país necesitaba un rescate total que interrumpiese las subastas de deuda del Tesoro, al estilo de Grecia, Irlanda o Portugal. Solicitada esa asistencia, y ante la inacción absoluta del BCE y la falta de determinación de los políticos europeos para alcanzar acuerdos firmes y rápidos sobre la Unión Bancaria (que fuesen el germen de la Unión Fiscal), los riesgos financieros se podían desplazar hacia Italia. Los mercados cotizaban con gran intensidad que, considerando el montante necesario para rescatar a la tercera y cuarta economía del Euro (unos 700.000 millones, en el mejor de los casos) los países acreedores del Eurosistema (Alemania, Holanda, Austria, Finlandia) optarían por tomar algún tipo de decisión enfocada en la fragmentación del Euro tal y como se conocía.
Hasta que el 25 de julio, el presidente del BCE, apuntó, por sorpresa, que “haría todo lo necesario para salvar al Euro, y que iba a ser suficiente”. Aquellas palabras fueron uno de los hitos más importantes desde el inicio de la crisis en 2008, y el verdadero punto de inflexión que ha permitido que la percepción del riesgo asociado a la periferia de Europa haya descendido de forma tan clara.
En septiembre, el BCE anunciaba el programa de compra de deuda OMT, que, hasta la fecha, no ha sido activado, siendo probable que nunca lo sea.
Desde entonces, la tendencia bajista de la prima de riesgo española ha sido constante, pese a rebotes puntuales ante ciertas tensiones. El anuncio del QEIII por parte de la FED contribuyó a acelerar la caída de las rentabilidades de todos los bonos de Occidente, al inyectar una liquidez muy considerable que reforzó la fase risk on del mercado. Más importancia tuvo incluso la política monetaria ultraexpansiva anunciada por el Banco de Japón, que provocó, en un primer momento, una importante salida de capitales de la deuda japonesa y de otros activos denominados en Yenes, que buscaron, en gran medida, acomodo en Europa.
La bajada de tipos del BCE, y la promesa de mantener una política laxa en el largo plazo (que podría ser incluso reforzada si la situación lo precisase), han contribuido también a la relajación de las deudas periféricas; beneficiadas también por la baja inflación de la Eurozona.
En un plano más doméstico, también fue importante el primer anuncio del déficit del 6,7% por parte del Gobierno, que luego Eurostat revisó hasta el 7%. El mercado dio por buena esta cifra, valorando la determinación y el esfuerzo realizado durante 2012 por embridar las cuentas públicas. El fortísimo aumento del endeudamiento público, por el contrario, no ha tenido apenas reflejo en la prima de riesgo. La ausencia de malas noticias en otros frentes, como la formación de Gobierno en Italia, o el desbloqueo de diversos tramos del rescate a Grecia, han evitado los contagios del pasado.
De esta forma, si se tuviesen que ponderar los factores que han permitido que la prima de riesgo haya bajado más de un 50% durante los últimos 12 meses, se podría decir que más de la mitad de la mejora corresponde a la “acción verbal” del BCE; una cuarta parte a las políticas monetarias de otros bancos centrales y al clima de mercado generado , y otra cuarta parte, a razones domésticas y de otro tipo.
Llegados a este punto, la prima de riesgo puede moverse entre los 275 y los 325 puntos hasta finales de año, en un escenario normalizado. Sin embargo, los riesgos al alza persisten, como hemos observado recientemente ante la inestabilidad política en Portugal, o la aparición del Caso Bárcenas, que de momento no se ha dejado notar en las métricas del riesgo país. Pero más importante que la evolución de la prima de riesgo, es el hecho de que la rentabilidad del bono a 10 años se estabilice en el entorno del 4%, nivel muy difícil de sobrepasar, y que constituye prácticamente el óptimo de financiación pública y privada, dadas las circunstancias que rodean a la economía española.