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Contenidos recomendados por Acrasoles

Acrasoles 02/02/22 10:32
Ha respondido al tema La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
 La 'reina' Melchor del fraude de los cursos culpa en el juicio a los altos cargos de la Junta: "Todos lo sabían"El hijo de la directora del consorcio Formades que se embolsó 452.895,82 euros dice que "nunca" engordó una factura. Comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio por una pieza del fraude de la formación https://www.elmundo.es/andalucia/2022/02/01/61f93279fc6c8345018b4592.html
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Acrasoles 28/01/22 12:10
Ha respondido al tema El independentismo y su declive económico convierten a Cataluña en tierra de emigrantes - la gente se va de Cataluña
 ‘Economía del separatismo catalán’, un estudio sobre las ruinosas consecuencias del procésUn análisis riguroso de las consecuencias económicas del procés y la decadencia de Cataluña  Ferran Brunet i Cid profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, docente e investigador en Economía Europea, ha publicado ‘Economía del separatismo catalán’ bajo el sello editorial de Ediciones Deusto, un análisis riguroso, a lo largo de 552 páginas, de las consecuencias económicas del procés y la decadencia de Cataluña. https://okdiario.com/cultura/economia-del-separatismo-catalan-estudio-sobre-ruinosas-consecuencias-del-proces-8486414
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Acrasoles 26/01/22 13:10
Ha respondido al tema Raja techo. Mi actual compañía no me lo cubre, que seguro me lo puede cubrir? - Seguros Hogar
 qué seguro puede ser viable para que me cubra la reparación del techo? Ninguno  y tal y como lo cuentas menos. el perito de mi seguro me comenta que esa raja es defecto de construcción (el edificio tiene en torno 40 - 50 años). Dile a tu ¿perito? que te cuente otra mejor que defecto constructivo, no cuela Por parte del seguro contrario, me comentan que el mueble no es el origen de la raja. Lógicamente un mueble no provoca rajas, a no ser que lleve anclajesHas tenido obras de reforma en el edificio y de forma especial en el piso superior? 
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Acrasoles 18/01/22 12:41
Ha respondido al tema Todo Es Mentira (TEM). Indignación
DECIMOTERCERA  NOTA  INFORMATIVA SOBRE  LA ACTIVIDAD  DEL  CCS  CON  OCASIÓN  DE  LA  ERUPCIÓN  VOLCÁNICA  EN  LA  ISLA  DE  LA  PALMA 1.  A  14 de  enero  de  2022,  el  CCS  ha  abonado  90.567.853  €  a asegurados  afectados  por  la erupción  volcánica en  la  isla de  La Palma. 2.  El citado  importe,  a su  vez,  corresponde  a  525  viviendas,  por las  que  se  han  abonado 79.201.592€;  a  77  automóviles,  por  los  que,  en conjunto,  se  ha  indemnizado  un importe  de 335.386€;  a  71  comercios,  hoteles,  locales  de  oficina  y  otros  inmuebles  públicos  o  privados de  uso  no  industrial,  cuyo  importe  indemnizado  asciende  a  10.569.418€;  y  a  7  industrias, por  importe  total  de  461.456€.  Todos  estos  riesgos se  sitúan  en  los  términos  municipales de  Los  Llanos  de  Aridane,  El  Paso,  Tazacorte,  Santa Cruz  de  La Palma,  Breña  Alta, Fuencaliente  de  La  Palma  y  Tijarafe. 3.  La indemnización  media  abonada por vivienda es  de  150.860€;  en  el caso  de  los  comercios, hoteles,  locales  de  oficina  y  otros  inmuebles  públicos  o  privados  de  uso  no  industrial,  la indemnización  media asciende  a  150.990€;  en  las  industrias  es  de  83.000€;  y  en  los vehículos,  de  4.745€.  En  conjunto,  el  importe  medio  abonado  por  solicitud de indemnización  es,  hasta  ahora,  de  133.188€. 4.  En  la  misma  fecha,  el  CCS  ha  recibido  3.542  solicitudes  de  indemnización,  por  daños producidos  a  2.936  viviendas,  253  vehículos  automóviles,  321  comercios,  hoteles  y  locales de  oficina,  y  32  industrias.  Desde  la  publicación  de  la  decimosegunda nota informativa el día 21  de  diciembre,  todos  los  días,  sin  excepción,  se  han  venido  recibiendo  entre  25  y  50 nuevas  solicitudes  de  indemnización  diarias. 5.  Por  localidades,  destacan  Los  Llanos  de  Aridane,  de  donde  proceden  2.115  solicitudes  de indemnización;   El  Paso,  con un  total  de  646  solicitudes;    Tazacorte,  con  224  solicitudes; Breña Alta,  con  132  solicitudes;  Santa Cruz  de  La Palma,  con  131  solicitudes;  Breña  Baja, con  114;  Villa de  Mazo,  con  84;  Fuencaliente  de  La Palma,  con  36  solicitudes;  y  Tijarafe,  de donde  se  han recibido  29  solicitudes. 6.    El  CCS  continuará,  como  viene haciendo  desde el  primer  momento  sin interrupción, abonando  las  indemnizaciones  a los  asegurados  por  transferencia  bancaria,  tanto  por  los daños  materiales  sufridos  (lava y  cenizas)    como  por  las  pérdidas  de  alquileres  o  de inhabitabilidad  de  las  viviendas  y   las  pérdidas  de  beneficios  por la  destrucción  o  la interrupción de  negocios,  siempre  que  unos  y  otros  se  encuentren  asegurados. 7.  Sin  perjuicio  de  las  680  solicitudes  de  indemnización  abonadas  conforme  se  ha indicado  en los  apartados  1  y  2,  no  se  han podido  admitir  a  tramitación y  pago,  tras  examinar  la documentación correspondiente,  149  solicitudes  de  indemnización  por  diversos  motivos, entre  los  que  destacan  la existencia  de  carencia  al no  haber transcurrido  el plazo  legal de siete  días  entre  la fecha  de  emisión  del contrato  y  la  fecha en  la que,  de  acuerdo  con  las verificaciones  realizadas  por el CCS,  se  produjo  efectivamente  el daño  al bien  asegurado;  y la  falta de  cobertura  en  el contrato  de  seguro  de  la  inhabitabilidad  de  la  vivienda  o  de la pérdida de  alquileres  por su  arrendamiento,  o  por no  darse  las  circunstancias  recogidas  en el contrato  de  seguro  para ser  indemnizado  el  asegurado  por  dichos  conceptos. Otros motivos,  de  menor  frecuencia que  los  anteriores,  son  que  los  daños  fueron    ocasionados  en producciones  agropecuarias  no  susceptibles  de  indemnización por  el  seguro  de  riesgos extraordinarios;    el  abandono  por el propio  asegurado  de  la solicitud  de  indemnización inicialmente  presentada;  la  inexistencia  de  seguro  en  la fecha en  que  se  produjeron  los daños;  o  duplicidades  en  la presentación  de  la solicitud. 2 8.  El  51%  de  las  3.542  solicitudes  de  indemnización  se  han  presentado  a  través  de  la  página web  del  CCS  (www.consorseguros.es),  y  el  49%  mediante  llamada  al  centro  de  atención telefónica  del  CCS  (teléfono gratuito  900 222  665). 9.  Han  sido  las  aseguradoras  las  que,  en  representación  de  los  asegurados  afectados,  han solicitado  la indemnización  en  el  41%  de  los  casos;  los  mediadores  (agentes  o  corredores) de seguros  en  el  35%  de  las  ocasiones;  y  ha  sido  el propio  asegurado  directamente  quien  lo ha  hecho  en  el  24%  restante  de  los  casos. 
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Acrasoles 15/01/22 11:59
Ha respondido al tema La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
 La nueva condena de los ERE anticipa un calvario judicial para el PSOE-A en las 200 piezas que quedan por juzgarLa sentencia que declara culpable al ex consejero Antonio Fernández hace tambalear la renovación del partido impulsada por SánchezEl ex consejero Antonio Fernández, en 2019.GOGO LOBATODiez años después La muñeca rusa de los EREPrimera sentencia La Junta instauró un "absoluto descontrol" para repartir 680 millones en ayudasPrimera sentencia Seis años de cárcel para José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para ChavesDos ex altos cargos del PSOE condenados, entre ellos un ex consejero de Manuel Chaves y después de José Antonio Griñán, indemnizaciones millonarias y alguna que otra absolución. La segunda sentencia de la macrocausa de los ERE podría resumirse en la condena de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo, y del ex director general de Trabajo Juan Márquez, culpables de prevaricación y falsedad por la ayuda concedida a una empresa de aceitunas, Acyco, en 2003 de forma totalmente arbitraria y saltándose todos los controles y preceptos legales.Pero, más allá de eso, la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla es una carga de profundidad -otra- para el PSOE en un momento en el que aspira a recuperarse después de perder el feudo andaluz en 2018 y sacudirse el estigma de la corrupción, un lastre muy pesado con el que carga desde hace más de una década y que incluye la condena de los ex presidentes Chaves y Griñán.La segunda condena a Fernández -ocho años de cárcel que suma a los siete de la primera pieza juzgada- y a Márquez -cuatro años de prisión a añadir a los ocho años que le impuso la Audiencia en 2009- anticipa, y ése es el auténtico problema para el PSOE-A, un auténtico calvario judicial, puesto que ésta es la primera de las aproximadamente 200 ayudas concedidas por los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán que aún están pendientes de ser enjuiciadas y que irán cayendo en los próximos meses y años.La sentencia de Acyco marca el camino del resto de las piezas en las que la juez María Núñez Bolaños dividió la macrocausa en 2015 y el fallo, muy duro, augura un rosario de condenas en un horizonte temporal muy largo. Por si fuera poco, la resolución se ha conocido en año de elecciones y sólo un día antes de que el PSOE dé comienzo a la precampaña electoral para intentar reconquistar su feudo andaluz con un mitin por todo lo alto este sábado en el que Pedro Sánchez lanzará la candidatura de Juan Espadas a la Presidencia de la Junta.Únicamente en 2022 están ya señalados otros tres juicios de otras tantas piezas separadas del caso de los ERE. En marzo se celebrará la vista oral por las ayudas a un grupo de empresas del sector del corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla (hermano del ex presidente de la Junta socialista José Rodríguez de la Borbolla) y ese mismo mes está previsto el juicio por las ayudas a Novomag Manufactureras Metálicas, mientras que en noviembre está fijado el de la pieza correspondiente a la panificadora Picos Yeye.Ferraz designó el año pasado al ex alcalde de Sevilla no solamente para disputarle el liderazgo del partido a Susana Díaz, sino también para abordar la renovación y pasar página, o esa era la idea, a la gigantesca mancha de corrupción con la que se asocia a los gobiernos socialistas en Andalucía en su última etapa tras la condena, hace tres años, a Chaves y Griñán en el primer juicio de los ERE, la denominada pieza política. Pero esta segunda sentencia, y sobre todo las que tienen que venir, supone un varapalo a esa estrategia.La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, concluye que las ayudas que concedió la Administración autonómica andaluza para financiar las prejubilaciones en Acyco se tramitaron y concedieron completamente al margen de la legalidad. Desde el comienzo hasta el final.Para empezar porque en el expediente de la subvención -algo más de tres millones de euros- ni siquiera constaba una solicitud formal por parte de la empresa, que tampoco presentó documentos preceptivos, como la declaración de ser beneficiario de otras ayudas, y no había ni rastro de la necesaria memora justificativa de la finalidad o el interés social. Por si fuera poco, dice la sentencia que no se autorizó el gasto por parte del Consejo de Gobierno ni el gabinete jurídico dio su parecer, otros dos requisitos imprescindibles dada la naturaleza y cuantía de la subvención.Pero es que, además, la falta de transparencia fue total y de ello se ocupó el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "con el conocimiento y el consentimiento" del entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Suya fue la orden de que no publicara la ayuda en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y de que no se anotase en el sistema de contabilidad interna.DOS INTRUSOS Y UN FIN, LUCRARSERecalcan los magistrados de la Audiencia sevillana cómo el fin último de todo este irregular modo de proceder era "obtener un beneficio económico a costa del erario público" y ponen como ejemplo la inclusión en el listado de los trabajadores de Acyco que se prejubilaron con ayuda de la Junta a dos personas que no habían trabajado jamás en esa empresa. Se trataba de Domingo Martínez, ex alcalde del pueblo natal de Guerrero, El Pedroso, y de Andrés Carrasco, amigo de la infancia del ex director de Trabajo y churrero en ese mismo municipio, ambos ya fallecidos.Los dos se colaron en el listado de prejubilaciones por orden de su amigo Guerrero y todo se hizo, insiste la resolución, con el conocimiento y el visto bueno de Antonio Fernández.Del expediente de Acyco sobresale igualmente otro nombre, el de Encarnación Poto, propietaria y presidenta del consejo de administración de Aceites y Conservas (Acyco) y que fue asimismo incluida entre los prejubilados. Poto, que era afiliada al PSOE y al sindicato UGT, fue prejubilada junto a sus trabajadores, pero conservó su cargo como presidenta del consejo de administración hasta marzo de 2011 y, hasta ese mismo momento, siguió percibiendo dietas por asistencia a las reuniones de ese órgano.En concreto, cantidades anuales que oscilaban entre los 24.000 euros de 2005 y los 98.995 euros de 2010. En total, percibió de la empresa por su puesto más de 318.000 euros al mismo tiempo que ingresaba más de 276.000 euros por su prejubilación y con cargo a la Junta. En seis años, entre una y otra cosa, se embolsó casi 600.000 euros.Pero los despropósitos que narra esta sentencia no acaban ahí. La Audiencia también pone el grito en el cielo por las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía a la hora de suscribir, con la mediación de la empresa Vitalia, la póliza para las prejubilaciones. Si en el mercado el 'precio' de esas comisiones estaba entonces en el 4,42%, por la póliza de Acyco se firmaron comisiones del 15,24%, lo que supone un sobrecoste del 10,82%, es decir, de casi 340.000 euros.Las condiciones de las propias prejubilaciones de los empleados de Acyco eran igualmente disparatadas si se las compara con las habituales. La Audiencia, en este sentido, habla de "ventajas económicas desproporcionadas". A saber: 90% del sueldo más subsidio de desempleo, más un 2% de subida salarial anual, un 90% del sueldo tras la jubilación y todo ello con la posibilidad de trabajar en otra actividad que no supusiera competencia con la empresa. eldo más subsidio de desempleo, más un 2% de subida salarial anual, un 90% del sueldo tras la jubilación y todo ello con la posibilidad de trabajar en otra actividad que no supusiera competencia con la empresa. 
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Acrasoles 14/01/22 12:44
Ha respondido al tema La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
 Investigados por fraude la esposa, el hermano y dos cuñadas del ex número dos del PSOE de AndalucíaInvestigado el ex número dos del PSOE andaluz por dar subvenciones de 730.000 € a la empresa de su mujerProcesados tres exaltos cargos de la Junta socialista de Andalucía por el desfalco de 66 millonesLa Junta calcula que el desfalco socialista a los andaluces asciende a 6.000 millones de eurosde refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga a cuatro parientes del que fuera vicesecretario del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco, por su relación con Aulacen 5 S.L., empresa vinculada al socialista y que hacía las veces de negocio familiar.El juez incorpora así como investigados al hermano de Velasco, a la esposa del mismo y a dos hermanas de ésta y cuñadas del socialista a la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al «entramado empresarial» de Velasco.Cabe recordar que el ex número dos del PSOE-A dimitió en 2010 como diputado autonómico tras conocerse las ayudas irregulares de la Junta socialista de Andalucía a la academia que su esposa tenía en Córdoba. Las subvenciones para impartir cursos de formación alcanzaron los 730.000 euros.Ahora, tras destaparse este presunto fraude, se mantiene abierta una causa judicial contra Velasco después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla reabriese el caso, cerrado en 2017 de modo «precipitado» por la juez María Núñez Bolaños, que ni siquiera llamó al socialista declarar.Vilaplana, que ordenó la reapertura de las actuaciones y la práctica de diligencias en junio de 2021, recuerda que este procedimiento versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5», vinculada a Rafael Velasco.Así, la citada entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros, para un total de casi 200.000 euros.«Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (…) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención», considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.Nuevos investigadosPor ello, y «a la vista del resultado» de diversas diligencias ya practicadas, el juez ordena incorporar como investigados a la causa a Antonia M.L., Rafaela M.L., Inmaculada M.L., Pedro V.S. y Alonso S.F., tal y como recoge el auto emitido el pasado 28 de diciembre, adelantado por ABC y recogido por Europa Press.Antonia M.L., esposa de Velasco, «era la administradora única» de la empresa Aulacen 5; mientras Rafaela M.L., hermana de la anterior y cuñada de Velasco, «podría haber cooperado en la comisión de los hechos delictivos, por cuanto aparecería como evaluadora en los cursos de formación subvencionados a pesar de tener relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con su hermana y su cuñado, «administrador de hecho» de Aulacen 5, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones.Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco, figura según el juez como «docente en los cursos de formación subvencionados a pesar de que tiene relación de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad en segundo grado» con Velasco y su esposa, extremo prohibido por la ley y el reglamento de subvenciones según insiste el juez Vilaplana.Un miembro del SAEPedro V.S., hermano de Velasco y por ende cuñado de Antonia M.L., administradora de Aulacen 5, figuraría igualmente como docente en tales cursos, pesando sobre él los mismos extremos, mientras que Alfonso S.F., «sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo».Por ejemplo, se le atribuye haber emitido un «certificado» sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una «certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005».Así, el juez resuelve que todos ellos «sean llamados al presente proceso en calidad de investigados», atribuyéndoles tal condición y acordando ampliar el plazo de instrucción de la causa otros seis meses, hasta el 28 de junio de 2022.
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