Reconsideración de la política penitenciaria en época de crisis
Dice I.F.Arias que California es el estado más poblado y rico de Estados Unidos y que si fuera independiente representaría, delante de España, la séptima economía del mundo. Sin embargo, se encuentra al borde de la bancarrota debido a que los ingresos estatales son muy inferiores a los gastos y, por tanto, los problemas no solo afectan a las nóminas de los 48.000 funcionarios del estado sino incluso a las cárceles del país. De los 150.000 reclusos, unos 40.000 no violentos han sido puestos en libertasd y se cuestiona abolir la pena capital por los gastos inmensos que supone el mantenimiento y seguridad de este tipo de reclusos, pues cada uno de los 686 condenados que esperan en el corredor de la muerte, cuesta a los contribuyentes 138.000 dólares.
Aunque se pueda o no estar de acuerdo con estos principios de política carcelaria, lo sugerente es trasladar el problema a un país en situación de grave crisis económica como España para analizar qué medidas deberían tomarse en el terreno penitenciario para colaborar en el reajuste del déficit del Estado. ¿Qué podría hacer el Gobierno?. Las cárceles no son compartimentos estancos del Estado, las cárceles siguen siendo instituciones de este país y, en consecuencia, obligadas igualmente a contribuir en el desaguisado en que nos encontramos. Y los presos, al igual que el resto de ciudadanos, también.
Por eso se cuestiona si la concesión de una "libertad anticipada" a determinados presos no violentos es o no conveniente. Naturalmente, existirían, a mi modo de ver, otras contraprestaciones por parte del penado.
Se cuestiona el hacinamiento de nuestras prisiones y la escasez de funcionarios.
Se cuestiona el excesivo gasto que supone el mantenimiento de una prisión y también el coste per cápita.
Se cuestiona el escaso aprovechamiento de los presos por parte de la sociedad y esa inexistente contribución es la que origina el tradicional rechazo de nuestros presos, muchas veces inmerecido.
Se cuestiona el desmedido afán de nuestros legisladores y jueces de fabricar presos como el que fabrica churros, cuando son los propios jueces quienes estarían dispuestos a dictar resoluciones originales, educativas y satisfactorias para todo el cuerpo social (Las sentencias del Juez de Menores de Granada son un claro ejemplo de lo que digo)
Se cuestiona la transferencia de penas de cárcel por penas de multa en determinados delitos (las sanciones económicas escuecen mucho y siempre resultan ejemplarizantes).
Mi pregunta sigue siendo la misma que al principio: ¿en qué medida debe contribuir nuestro sistema penitenciario en la salida de esta crisis?
