Elecciones en Cataluña (21Dic.2017)

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Puigdemont no le coge el teléfono a Torrent

El presidente del Parlament asegura que ha llamado hasta cuatro veces a Puigdemont para comunicarle el aplazamiento del pleno

ABC. ES

BARCELONA30/01/2018 12:23hActualizado:30/01/2018 12:23h

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El presidente del Parlament,  Roger Torrent, llamó hasta cuatro veces al candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont,  sin obtener respuesta, antes de comparecer para anunciar que posponía el pleno, según han asegurado fuentes del entorno del presidente de la Cámara.

Junts per Catalunya se ha quejado hoy de que Torrent  no les haya consultado previamente la decisión de posponer el pleno de investidura, que no comporten porque consideran que se dan las circunstancias políticas para celebrarlo esta tarde, como estaba previsto, criterio que secunda también la CUP.

Pero fuentes del entorno de Torrent han asegurado que el presidente del Parlament  llamó varias veces a Puigdemont y el expresidente catalán, ausente en la Cámara catalana, no le respondió.

Desde JxCat, la diputada Aurora Madaula ha replicado en Twitter recalcando que su grupo  tiene «34 diputados» con los que comunicarse (aunque el presidente, Jordi Sànchez, está en prisión) y ha añadido: «En la era de las tecnologías, la comunicación es muy fácil cuando hay voluntad y todo queda registrado».

La Mesa del Parlamento de Cataluña ha decidido esta mañana que sean los letrados del Parlament quienes decidan sobre los «plazos y horarios» que deben fijarse tras el aplazamiento del pleno de investidura anunciado hoy por el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent. Posteriormente, la decisión se trasladará a los diputados.

El órgano rector de la cámara catalana también ha decidido en su reunión de hoy bloquear la petición de un informe jurídico sobre la situación y los escenarios que se abren tras la suspensión del pleno que pidieron los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PP.

El presidente del Parlamento de Cataluña ha anunciado esta mañana la decisión de «aplazar» el pleno para defender «los derechos» del candidato a la presidencia de la Generalitat y lo ha comunicado en una rueda de prensa en la que ha cargado duramente contra el Gobierno y el Tribunal Constitucional (TC).

Torrent ha reiterado, eso sí, que Puigdemont sigue siendo su único candidato y ha ordenado a los letrados del Parlament que presenten «alegaciones» ante el TC, porque «ni Soraya Sáenz de Santamaría ni el TC decidirán quien ha de ser el presidente de la Generalitat».

Esperando que el TC haga el trabajo sucio

Cinco preguntas para entender qué puede pasar a partir de ahora en la política catalana

  se libra entre los propios partidos independentistas, complica aventurar escenarios que en buena forma vienen condicionados por las decisiones que adopte el  Tribunal Constitucional en los próximos días. El informe que hoy emitirán los letrados del Parlament a petición de la Mesa para fijar plazos y calendario, y que en principio es lo que decidirá Roger Torrent, despejará un escenario lleno de incógnitas:

- ¿ Nuevo candidato antes de diez días? El plazo dado por el TC para que las distintas partes presenten  alegaciones a la suspensión de la investidur de Puigdemont es la "ventana" que ERC cree que se ha abierto. La posibilidad de presentar un  candidato "limpio"desencallaría la situación, persistir en la vía Puigdemont la prolongaría. El expresident sigue como único candidato

- ¿Hacia unas nuevas elecciones? Lo inédito de la situación hace que ni el reglamento del Parlament ni la ley de Presidencia de la Generalitat contemplen qué debe hacerse ahora. Si se atiende el precedente del "tamayazo" de 2003 en Madrid, y según dictamen del Consejo de Estado de ese momento, el plazo de dos meses para disolver la cámara y convocar elecciones si no hay investidura comienza a contar desde el momento que se constata que no hay candidato. No obstante, la suspensión ahora viene motivada por el TC, lo que lleva a pensar a que  técnicamente, el reloj se para.

 

- ¿Acuerdo imposible? Tanto si el plazo de dos meses comienza a descontarse desde hoy (o mañana si se apura el último día para una primera investidura), como si se produce un aplazamiento atendiendo el calendario de alegaciones y confirmación de la suspensión del TC, la posibilidad de que haya nuevos comicios dependerá en última instancia de si los partidos soberanistas se ponen de acuerdo en un candidato alternativo.

- ¿Patada hacia adelante? La decisión adoptada por Torrent, en lo que ha sido la primera ocasión en la que ERC no supedita sus planes a los de JpC, no es más que una patada hacia adelante, un nuevo movimiento que aplaza la que debe ser la decisión inevitable: apartar a Puigdemont del camino y buscar una  alternativa "elegible" o seguir por la vía del enfrentamiento.

- ¿Esperando que el TC haga el trabajo sucio? Como se afirma con sordina en medios políticos catalanes, o expresó el exlíder del PSOE Pérez Rubalcaba de manera abierta hace pocos días, cuaja la idea de que ERC, y parte del PDECat, están agotando los tiempos para que, en última instancia, sea el TC quien haga el trabajo sucio y aparte definitivamente a Puigdemont del camino. Sin llegar a desobedecer de manera abierta, como sí hizo Forcadell, Torrent y su partido podrán alegar que llegaron hasta el final. El escenario sigue abierto.

Plan B: Artadi presidenta con conseller en cap de ERC

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| Toni Bolaño/J. Gallego. | Barcelona

Los independentistas negocian alternativas a Puigdemont al que ayer Junqueras ya relegaba a ser un «presidente simbólico».

La cup pide dinero para seguir llenando la caja de la resistencia porque avisan necesitaran mucho dinero...

 

El debate sobre si han empezado ya a correr los plazos para las elecciones catalanas entra en la agenda a la espera de que se pronuncien los letrados del Parlamento autonómico.  La amenaza de bloqueo y de que Cataluña se instale en una especie de limbo preocupa al Gobierno y al constitucionalismo por sus efectos políticos y económicos cuando todo apunta a que los servicios jurídicos de la Cámara catalana se decantarán en contra de considerar que la decisión de Torrent de suspeder el Pleno de investidura del martes 30 haya activado el plazo de los dos meses para que se convoquen elecciones. Los letrados fijarán posición el próximo martes pero distintas fuentes jurídicas consultadas por este diario se pronunciaron en esta misma línea: el plazo no ha empezado a computar toda vez que no se ha celebrado la sesión de investidura.

Torrent, en palabras de uno de los juristas, «fue muy hábil, ya que no suspendió la convocatoria, sino que la aplazó; con lo que cumplió con el plazo para proponer un candidato». De esta forma, la pelota está en el tejado de los independentistas en cuanto a la presentación de un nuevo candidato pero en ningún caso podrán mantener este impás «in aeternum».

De momento, Moncloa sostiene que Rajoy se ajustará a lo que marquen los letrados del Parlamento porque son, afirman en Moncloa, quienes mejor conocen el funcionamiento de la Cámara. En cualquier caso, si los secesionistas mantienen el bloqueo indefinidamente, la interpretación mayoritaria en el bando constitucionalista señala que que el presidente del Gobierno solo podría activar el mecanismo para convocar nuevas elecciones si se dirige al Senado y pide una ampliación para el artículo 155 en vigor que le faculte a disolver el parlament y a fijar una nueva fecha electoral, ya que la actual redacción del acuerdo de aplicación de la intervención de la Generalitat no prevé este supuesto.

Al independentismo se le ha afeado que haya actuado en contra del criterio jurídico de los letrados y aunque la situación es «complicada» Rajoy entiende que la coherencia obliga a estar con lo que éstos señalen en su informe.

El problema está en que a ERC y al sector del PdCAT contrario a la candidatura de Carles Puigdemont les va bien estratégicamente ganar tiempo, agotar los recursos a la espera de que el desgaste del ex presidente o la propia evolución del procedimiento judicial les ayude a darle el empujón definitivo. Mientras que en paralelo desde la formación republicana siguen haciendo equilibrios entre sus deseos y la imperiosa necesidad de salvar la cara ante las bases y no facilitarle a Puigdemont el juego de presentarles como los traidores a la hipotética República catalana por no apoyar su restitución. Y ahí siguen dando vueltas al argumentario de que Puigdemont es el candidato a la Generalitat, pero que además de un presidente simbólico también hace falta un presidente de la Generalitat efectivo y que pueda gobernar en el día a día. Ayer Torrent se aferró al discurso de que Puigdemont sigue siendo el candidato, pero en ningún momento se pilló los dedos diciendo que será de nuevo presidente de la Generalitat.

En la película de traiciones y sospechas en la que se ha instalado el soberanismo en medio de la batalla entre ERC y Puigdemont la inquietud política es que Cataluña vuelva a quedar hipotecada a sus intereses estrictamente de partido. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha defendido en público que ya ha empezado el plazo de dos meses para una investidura y que si transcurrido ese tiempo no hay una candidatura viable habrá que ir de nuevo a elecciones.

Salvo Puigdemont, del que dicen que puede llegar a coquetear con la idea de convertir esos nuevos comicios en un plebiscito sobre su persona, nadie quiere volver a someterse de nuevo al examen de las urnas.  Y en el independentismo menos si cabe que en los demás partidos porque supone poner en riesgo el tesoro de la mayoría absoluta justa que ahora tienen.

El artículo 4 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno dispone en su punto 6 que «si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido elegido ningún candidato o candidata, la Legislatura queda disuelta automáticamente y el presidente o presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta o sesenta días después de la convocatoria».

No obstante, como señala un informe de Justicia, el apartado 2 establece un plazo de diez días desde la constitución de la Legislatura para proponer un candidato al Pleno. «Y se podría interpretar el agotamiento del mismo, que se producirá el 31 de enero, sin que se celebre una sesión de investidura como el momento para iniciar el cómputo de los dos meses para la disolución automática y evitar así el bloqueo sine die».

Torrent insistió ayer en que «sólo se hará un debate de investidura si hay todas las garantías para Puigdemont y si esta investidura es efectiva». Mientras que desde el ámbito constitucionalista meten presión a Torrent para que mueva ficha. También a Ciudadanos (Cs), ya que es la otra alternativa más sencilla para hacer que se ponga en marcha la maquinaria. Bastaría con que Inés Arrimadas, como candidata del partido más votado, se sometiese a la votación del Parlamento.

Leer más:   Un 155 ampliado contra el limbo   https://www.larazon.es/espana/un-155-ampliado-contra-el-limbo-JA17604841?sky=Sky-Febrero-2018#Ttt1iaSYM0MXdw4W
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Los secesionistas comienzan ya a pensar en nuevas elecciones

PERE RÍOS 

 Barcelona

Los partidarios de Puigdemont prefieren volver a las urnas antes que renunciar a que el expresidente sea investido

 

oleeeeeeeeeee mas 155

Josep Lluis Trapero tenía órdenes, judiciales y fiscales, de impedir el 1-0. Ni lo hizo ni colaboró para evitarlo, al contrario, con su inacción lo "facilitó", según distintos informes de la Policía, la Guardia Civil y del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del operativo policial a quien el Gobierno central encomendó frenar las votaciones ilegales. Solo una pareja de Mossos d'Esquadra del pequeño municipio de Vallgorguina (2.700 habitantes), en la comarca del Vallés Oriental, ayudó ese día a la Guardia Civil a retirar urnas colocadas por los separatistas. Los diferentes informes que han elaborado las fuerzas policiales estatales y  el coronel Pérez de los Cobos para los jueces coinciden en que en general los Mossos se pusieron de perfil el 1-0.

Trapero atribuye el fracaso de impedir las votaciones a fallos informáticos y a la descoordinación entre los cuerpos policiales

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¿Cómo? Según estos informes, incumpliendo la clausura previa de los colegios sin pedir la ayuda policial que se le ofreció si él no disponía de suficientes efectivos; y, en muchos casos, obstruyendo la labor de sus colegas estatales cuando estos decidieron actuar directamente viendo que los colegios abrían sin problemas a las 9.00 de la mañana. Incluso hubo enfrentamientos verbales y algún empujón entre efectivos de los Mossos y de la Guardia Civil y la Policía.

Los dos informes que ha elevado a los jueces Trapero,  exmayor de los Mossos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, tratan de justificar la pasividad de los 17.000 efectivos de que disponía para impedir el referéndum secesionista. 

Trapero ampara su actuación en que cumplió estrictamente el  auto judicial que dictó la juez del Tribunal Superior de Cataluña Mercedes Armas prohibiendo tales comicios. Según Trapero, en ese auto se decía que la acción policial no debía afectar "la convivencia ciudadana".

Días antes del 1-0, la juez Armas llamó a los jefes de los tres cuerpos y les dio a todos ellos la misma instrucción: “impedir el referéndum”. Si para parar las votaciones debían mantener cerrados los centros de votación desde días antes, debía hacerse; y si los Mossos no tenían suficientes efectivos (Trapero movilizó unos 6.100 efectivos en esos días) y necesitaban ayuda de la Guardia Civil y Policía Nacional, debía pedirla. Y no esperar al mismo día 1-0 con los colegios atestados de personas que se resistían al cierre de las urnas. Ese era el acuerdo, según el demoledor informe del coronel Pérez de los Cobos, que asegura que todas las órdenes recibidas esos días fueron taxativas: detener el referéndum del 1-0. Y, además, ya estaban en Cataluña, hospedados en barcos y hoteles, y preparados, los 6.000 agentes llegados a Cataluña desde todas las provincias de España, tras haber visto por televisión tres coches de la Guardia Civil destrozados y huir a policías nacionales de una turba de manifestantes. 

ACAMPADAS FESTIVAS Y LA CEBOLLA

El coronel Pérez de los Cobos, jefe del operativo contra el referéndum, recalca en su informe que el cometido de las fuerzas estatales nunca fue emplear fuerza sobre las personas, sino "impedir las votaciones retirando las urnas". Pero los agentes, cuando llegaron a los centros, se encontraron cientos de personas taponando los accesos.

Las directrices eran que los Mossos debían evitar la votaciones y cerrar los colegios antes del inicio de la votación. Pero no ocurrió así. Era público que independentistas aprovecharon que la votación era en domingo para quedarse acampados en los colegios desde día antes. Y eso se encontraron los agentes.

Grabaciones sobre la actuación de la Policía y la Guardia Civil muestran cómo estos utilizaron a menudo lo que el argot policial se llama el método de la cebolla, es decir, crear un círculo policial frente a la masa humana que tapona los accesos e ir retirando a una hasta dejar expedito el acceso. Se sacan una a una, se entregan a colegas más atrasados y estos las llevan detrás de la barrera que forma el círculo.

En sus dos informes, el exmayor Trapero se exculpa del fracaso de la operación describiendo una retahíla de acciones que, según él, cumplían al milímetro los distintos dictámenes de los fiscales y el último y definitivo auto de la juez Mercedes Armas. Pero Trapero no explica, por ejemplo, por qué el 1-0 los 200 equipos de la Policía y Guardia Civil (6.000 efectivos movilizados) tuvieron que ir apresuradamente a colegios abiertos que debían estar cerrados y desalojados. Los tres cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía y Mossos) pactaron que el cierre previo de los centros de votación lo ejecutarían los Mossos. Pero los hallaron abiertos "y con entre 300 y 800 personas” esperándoles en “obstruccionista” pose pacífica, según los informes de las fuerzas estatales.

Y en muchos casos, en contraste con lo que vaticinaba Trapero, en medio de brotes de “hostilidad, violencia y agresividad”, explica el coronel Pérez de los Cobos en su informe. En ningún pasaje de su informe habla Pérez de los Cobos de cargas policiales. Alude a ellas con el eufemismo de que hubo  “que emplear la fuerza en cumplimiento del mandato judicial” ante la resistencia de los concentrados. “Las agresiones, insultos, empujones, pedradas e intentos de acorralamiento” que sufrieron las fuerzas estatales causaron diez bajas ese día, y decenas de contusionados, añade el coronel. “Actitud pasiva”, “inoperancia”, “obstruccionismo”, “delación” y hasta “engaño” son algunos de los epítetos que se emplean en informes elaborados por la Policía Nacional, Guardia Civil y en el confeccionado por el propio Pérez de los Cobos.

El despliegue de la fuerza estatal favoreció, además, las consiguientes imágenes de represión que buscaban los separatistas, según los informes. Es decir, guardias civiles y policías tratando de abrirse paso, "empleando la fuerza", entre cientos de manifestantes determinados a impedir que se cumpliera la orden del Tribunal Superior. Destaca el coronel que esas masas frente a los colegios estaban organizadas y se nutrían en parte de individuos seleccionados por los Comités de Defensa de la República para compactar la oposición frente a la labor policial. Pérez de los Cobos dedica un apartado en su informe a estos comités, los mismos que colapsaron las principales arterias viarias de Barcelona el 8 de octubre ante la indignación ciudadana y en ocasiones han cercado el Parlament.

El ex mayor ordenó que debían prevalecer en todo momentos los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad” en la acción policial

El 29 de septiembre, a las 10.45 horas, el entonces mayor de la policía catalana reunió a 220 subordinados, jefes y subjefes, y les ordenó que, con independencia de que el 1-0 hubiera dos mossos por cada centro de votación, en sus acciones debían prevalecer los principios de “proporcionalidad, congruencia y oportunidad”. Es decir, si los dos agentes llegaban y veían una masa de manifestantes entorpeciendo la retirada de las urnas, que no utilizasen la fuerza. Y, en su caso, llamasen a las fuerzas estatales. Nunca, según el coronel, pidieron ayuda para cerrar colegios abiertos desde días antes y convertidos en improvisadas acampadas para evitar su clausura el 1-0.

Empezaron a pedir ayuda a las 9.12 del 1-0 para desalojar, según la comunicación de los Mossos, un total de 220 centros de votación, de los 2.315 habilitados. Trapero sabía/intuía, y así lo dice en sus informes, que habría niños y ancianos entre la multitud de manifestantes que se concentrarían delante de los colegios y que opondrían una “resistencia pasiva y pacífica”. Es en este punto donde justifica la falta de intervención de sus hombres para no “afectar la convivencia ciudadana”. Pero obvia, en cambio, otros pasajes esenciales del auto judicial de la juez Mercedes Armas, en concreto la parte dispositiva: debía impedir el referéndum. Y si no tenía suficientes medios, pedir ayuda. Y a ello debió dedicar los días previos al 1-0, cuando se idearon las acampadas festivas. No el mismo día del referéndum. Esto le reprocha también el coronel jefe de todo el operativo.

El coronel Pérez de los Cobos arremete con dureza contra los Mossos. “Actitud pasiva”, “inoperancia”, “obstruccionismo”, “delación” y hasta “engaño” son algunos de los epítetos que se emplean en los informes elaborados por el las fuerzas estatales sobre los Mossos

Para justificar la pasividad de los 6.100 efectivos que movilizó ese día, Trapero acude a la teoría del "mal menor", y cita en su defensa el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula tal ponderación. El coronel declaró el pasado jueves al juez del Supremo Pablo Llarena que entre cumplir la orden judicial o los principios de congruencia y proporcionalidad entiende preferente la primera, cumplir el auto judicial.

LA "POLICÍA POLÍTICA" DE TRAPERO

En su informe del 10 de octubre de 2017, incorporado al sumario que se cierne contra él en la Audiencia Nacional por desobediencia y sedición a instancias de la fiscalía y de la acción popular de VOX, Josep Lluis Trapero se escuda asimismo en que siempre se atuvo y cumplió la cadena de instrucciones judiciales que recibió esos días.  Estas órdenes provenían inicialmente de la Fiscalía y finalmente una definitiva de la juez del Tribunal Superior Mercedes Armas. Una de esas órdenes la dio in extremis el fallecido fiscal general José Manuel Maza viendo que se acercaba el 1-0 y que el jefe político de Trapero y de los Mossos, el exconseller Joaquim Font (hoy preso), no parecía estar por la labor de evitar el referéndum. Maza contó a EL PAÍS en las primeras horas del 1-0 que los Mossos estaban actuando “como una policía política” al margen de jueces y fiscales y en favor de quienes precisamente habían organizado el ilegal referéndum del 1 de octubre. De hecho, tras el referéndum, la actuación de los Mossos "fue elogiada" por sus jefes políticos, recuerda el informe del coronel de la Guardia Civil que dirigió a las fuerzas estatales, Diego Pérez de los Cobos.

Trapero atribuye el fracaso de la operación a improvisación y descoordinación entre las fuerzas policiales. Dedica varios folios a explicar, por ejemplo, que los datos que ellos iban tomando el día 1-0 sobre las incidencias en los colegios, debido a una errática aplicación informática, solo llegaban al Ministerio del Interior y no a los centros de coordinación que los tres cuerpos policiales acordaron crear en las delegaciones gubernamentales de las cuatro provincias catalanas para ese día. Y admite que pasadas las 12.00 horas del 1-0 se decidió apartarse del operativo contra el referéndum al ver que la policía y la guardia civil, sin que ellos les hubiesen pedido ayuda previa, ya estaban actuando en los colegios. Señala que esa intervención directa rompía los acuerdos adoptados entre los tres cuerpos la víspera del referéndum. Es decir, que serían los Mossos los primeros en actuar y quienes avisaran a los agentes si necesitaban ayuda.

El coronel le responde que en las distintas reuniones previas al 1-0 quedó pactado que las fuerzas estatales actuarían directamente, sin necesidad de aviso de los Mossos, si la gestión de estos resultaba ineficaz, como así ocurrió, para el cumplimiento del auto judicial. Y le recuerda que los efectivos estatales atendieron no obstante 12 de las 220 peticiones de ayuda de los Mossos. El coronel insiste en que los Mossos "incumplieron su deber" de mantener cerrados los colegios y no permitir que se llenaran de manifestantes.

Quejas de lesionados

Tras apartarse del operativo, aunque asegura que siguió volcando datos de incidencias, Trapero ordenó a los Mossos, a las 13.56 horas, que recogieran denuncias de lesionados en las actuaciones que estaban llevando a cabo sus colegas de la Policía y la Guardia Civil, “dadas las incidencias que se están dando en algunos puntos de votación”, recoge el exmayor en su informe. También se queja de que ese día, el coronel y su equipo suspendieran las cuatro reuniones prefijadas para coordinar las actuaciones policiales el mismo 1-0.  Y asegura que sus hombres realizaron más de 4.000 actuaciones los días previos a la ilegal consulta, visitando centros escolares y a sus directores para indicarles que la votación era ilegal, como ordenaba el auto judicial. Circunstancia esta que, según la Guardia Civil y la Policía, también sirvió para que los Mossos avisasen de que volverían para cerrar el centro a las 6.00 de la mañana del 1-0, lo que pronto se propagó por las redes sociales. Los centros empezaron a llenarse de separatistas a las 5.00, una hora antes.

Cuando llegaron los policías, los accesos a los colegios estaban taponados por cientos de manifestantes. Y con parejas de mossos en "actitud pasiva".  En "40 de las intervenciones" que hizo la Policía Nacional fueron "identificados agentes de los Mossos d'Escuadra en actitud pasiva, incluso cuando se produjeron agresiones a los agentes actuantes", señala el coronel. En uno de los colegios fue identificado un mosso que ejercía de escolta de una consejera del Govern que también participó en las movilizaciones. "En tres ocasiones" se registraron "incidentes directos con agentes de los Mossos".  La Guardia Civil, por su lado, identificó a agentes de los Mossos en 30 actuaciones, y también en actitud pasiva, salvo los del citado municipio de Vallgorgina.  Los efectivos del instituto armado tuvieron "incidentes directos" con los Mossos en seis ocasiones en que estos "entorpecieron o dificultaron la actuación policial". 

Pérez de los Cobos responsabiliza del fracaso a la inacción de Los Mossos antes y durante el 1-0. Denuncia en su informe que tiene constatado "como agentes de los Mossos  incautaban urnas una vez finalizado el recuento [por la noche] y las llevaban hasta las comisarías" como argucia para aparentar que se daba cumplimiento al auto judicial, pero sin que hubiera habido una intervención policial, hecho que luego "podía ser presentado como cumplimiento del mandato judicial". Pérez de los Cobos está citado el día 14 ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que es la que tiene encausado al exmayor Trapero por desobediencia y sedición.

MASIVO VOTO FANTASMA EN COLEGIOS QUE SUPUESTAMENTE NO ABRIERON

Uno de los reproches que hace el exmayor Josep Lluis Trapero al Ministerio del Interior y que suma a su catálogo de causas por las que no se pudo impedir el 1-0 son los fallos de organización y el incumplimiento de lo pactado entre los tres cuerpos policiales. Señala que los tres cuerpos pactaron que serían los Mossos los que actuarían en primer término y que, si necesitaban ayuda, ellos mismos la pedirían a la Policía Nacional y Guardia Civil. Pidieron ayuda para 220 centros a las 9.15 horas, cuando los colegios campaban a sus anchas con las urnas funcionando. Trapero alega que los Mossos lograron evitar que otros 200 centros abriesen sus puertas el 1-0. Sin embargo, informes de la Guardia Civil y Policía, también muy críticos con la actuación de los Mossos, advierten al juez de que eso no es verdad. Y dan un dato: muchos de los pequeños ayuntamientos cuyos centros de votación supuestamente no abrieron por la acción de los Mossos el 1-0 luego facilitaron datos a la Generalitat de que sí habían abierto y con participaciones masivas en favor del sí a la independencia.

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